Daniela Barragán
Sinembargo
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- En un informe del 17 de enero de este año, la calificadora internacional de riesgo Moody’s advirtió sobre el riesgo de que funcionarios del gobierno de Chihuahua estuvieran involucrados con el grupo de accionistas de la llamada Unión de Crédito Progreso.
El documento emitido por la calificadora muestra preocupación de que en este banco el Gobernador priista, César Duarte Jáquez tuviera el 15 por ciento de las acciones.
El pasado 11 de noviembre, un grupo de 30 senadores, encabezados por el panista Javier Corral Jurado, se sumó a la denuncia realizada por el activista Jaime García Chávez en contra del Gobernador por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.
La denuncia obligaría a César Duarte a separase del cargo por medio de la licencia para no entorpecer las investigaciones. Para ello se ha recurrido a dependencias federales y de no servir las instancias del Ministerio Público Federal se pretende recurrir al juicio de procedencia.
“Chihuahua vive una época obscura a manos de un Gobierno faccioso y corrupto. Las organizaciones civiles no sólo colocan a esta entidad con mayor nivel de corrupción; también lo dice el INEGI [Instituto Nacional de Estadística y Geografía]. En Chihuahua se borró por completo la línea que separa los tres poderes del Estado, sometidos por el Gobernador. Se borró la línea que separa la función pública de los negocios particulares. En paradoja, brilla en Chihuahua la opacidad”, dijo Corral.
Los legisladores informaron que el Gobernador de Chihuahua se dedica a prestar dinero como uno de los socios mayoritarios del nuevo banco Unión Progreso, en el cual participa como fundador el Secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral.
“(Duarte) posee el 15 por ciento del capital accionario del banco. Es el nuevo rico de la entidad. Todo indica que a su enriquecimiento es ilícito. Si el patrimonio personal es la suma de los ingresos del trabajo, la renta, el rendimiento, la donación o la herencia, a César Duarte Jáquez no le alcanza juntándolas todas”, afirmó Corral.
Por su parte, el documento de Moody’s advierte que a sus “calificaciones también incorporan preocupaciones en torno al Gobierno interno por motivo de la exposición potencial de Unión Progreso a conflictos de interés derivados de las relaciones que existen entre los accionistas de la unión de crédito y algunos funcionarios del Gobierno de Chihuahua donde se ubica la sede de la entidad”.
“Moody’s México retiró todas las calificaciones [al banco]“, se indica en el documento que detalla que las calificaciones de largo plazo en Escala Nacional de México fueron retiradas por tener una calidad crediticia “por debajo del promedio en relación con otros emisores locales” y por razones de negocio.
Moody’s emitió su último reporte respecto a Progreso el 24 de febrero de este año, según se puede leer en su portal web en español.
Antes de retirar calificaciones al banco, Moody’s le había dado perspectiva negativa a esa institución de crédito cuyo domicilio fiscal está en ciudad Delicias, Chihuahua. Progreso había recibido el rango de banco de nicho en diciembre de 2013.
Unión Progreso mantuvo hasta el final la calificación negativa debido a que había “riesgos relativos al cambio en el enfoque estratégico de la unión de crédito, si su tan buscada licencia bancaria no es aprobada por la autoridad reguladora en México”.
Otra restricción crediticia es la modesta capitalización de Unión Progreso, la cual, aunque mejorada con las inyecciones de capital de los últimos dos años, no apoya suficientemente los ambiciosos planes de crecimiento a futuro del equipo directivo, señaló Moody’s.
EL ENTRAMADO BANCARIO
La denuncia señala que el banco recién autorizado resultó de la fusión de Unión Crédito Progreso, S.A., Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambio, S.A. de C.V.
“Los medios e institucionales bancarios utilizados por el Gobernador de Chihuahua, como instrumentos para maquinar una parte de su enriquecimiento ilícito que se deriva de utilizar los recursos económicos del estado en beneficio propio y de su esposa, así como de los funcionarios que en complicidad con César Horacio Duarte Jáquez, han propiciado e instrumentado el engaño a las autoridades financieras…”, agrega la denuncia.
En lo que se refiere a la mencionada participación accionaria tanto del Gobernador como de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, se deriva del Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el notario Público No. 6, en noviembre de 2012.
Por último, se denuncia que César Duarte dio instrucciones a su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, quien al asumir el cargo todavía era el presidente y fundador de la Unión de Crédito Progreso, para que se realizara en ésta una inversión a plazo fijo por 802 millones de pesos a una tasa de interés de 3.93 por ciento anual.
“En principio era para efectuar el fondeo requerido para la adquisición del crédito garantizado con el Hotel Soberano -del que se le atribuye la propiedad al mandatario estatal-”, menciona la denuncia.
Ante las acusaciones, el Gobernador comentó: “Tendré tiempo de sobra para defenderme”.
LA HISTORIA DE LA MEGADEUDA
El 4 de octubre de 2010, el priista Duarte Jáquez juró como Gobernador del estado de Chihuahua. Como mandatario recibió una deuda de 13 mil 261 millones de pesos que, tres años después, se duplicaría a más de 26 mil millones y a estas alturas ronda los 42 mil millones.
Con Duarte Jáquez, el escándalo de la megadeuda de Coahuila, del también priista Humberto Moreira Valdés, se queda corto, luego de que los pasivos del erario que dejó el coahuilense son de casi 8 mil millones de pesos menos.
El monto de la deuda, que en un primer momento fue negada por el gobierno estatal, fue reconocido por el Secretario de Hacienda local. Sin embargo, alrededor de la misma giran dudas expresadas por organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), pues los pasivos de la entidad crecen a un ritmo de 10 por ciento anual; es decir, casi cinco veces más que el promedio de la economía mexicana. Por ello, legisladores y sociedad civil exigen que el mandatario rinda cuentas sobre los motivos del endeudamiento y el destino de los recursos.
“Sabemos que hay un desfalco financiero y estamos hablando del fraude más grande que sufrido Chihuahua en su historia. Por ese motivo, como representante de los ciudadanos, exijo que se analice y se finquen las responsabilidades a quien corresponda”, afirmó la legisladora federal por Chihuahua, Rocío Reza Gallegos.
La panista pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atienda las denuncias o averiguaciones previas cuya materia esté relacionada con la deuda pública de Chihuahua desde 2010, a fin de que, de encontrarse alguna responsabilidad por parte del mandatario, inicie una Juicio de Procedencia ante la Cámara de Diputados en contra de César Duarte Jáquez, para que se le retire la inmunidad constitucional y pueda responder ante los tribunales.
Según los informes del gobierno de Duarte Jáquez, en los primeros tres años se realizó obra pública por 17 mil 772 millones de pesos, mientras que recibió financiamientos por 24 mil 697 millones de pesos, una diferencia de 6 mil 925 millones de pesos, que representa más que la deuda pública total de Campeche, Querétaro y Baja California Sur juntos.
