Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Pese a la protección de un amparo, un grupo de 15 agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo la tarde de este viernes al edil de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, al salir de unas oficinas del gobierno capitalino, donde fue citado para realizar unos trámites en materia de obra pública.
La tarde de este domingo, Pérez Velázquez fue trasladado al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, acusado supuestamente de incurrir en los delitos de amenazas, usurpación de funciones, robo agraviado y privación ilegal de la libertad.
La defensa legal del edil no ha sido notificada de los delitos de los que se le acusa al representado, quien solo se ha comunicado una vez con su esposa.
Se trata del segundo alcalde aprehendido en menos de ocho días por oponerse a entregar las oficinas del registro civil. El primero fue el presidente auxiliar de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, militante de Acción Nacional, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro Cholula.
Trascendió que el gobierno de Puebla acusó a los ediles de usurpación de funciones, pues la semana pasada acudieron a una asamblea política a la Ciudad de México, de una organización a nivel nacional, a donde se trasladaron con vehículos oficiales.
Según relataron testigos de los hechos, el alcalde de Canoa fue detenido a las 16:40 aproximadamente, al salir de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP).
Indicaron que cuando Raúl Pérez Velázquez abandonó las oficinas gubernamentales era esperado por un grupo de 15 agentes ministeriales a bordo de camionetas blancas, sin placas y sin orden de aprehensión.
Sin embargo, la aprehensión de Pérez Velázquez se supo desde el pasado 18 de octubre, cuando a la par agarraron al edil de La Resurrección. Un tuit circuló por las redes sociales donde se aseveró que la autoridad auxiliar había sido capturada.
Esta reportera habló vía telefónica con el edil –ese mismo martes–, y fue él mismo quien desmintió la versión. Incluso confirmó que se había tramitado un juicio de garantías ante el poder federal para su protección.
Esto ante la ola de detenciones de alcaldes auxiliares por oponerse a entregar las oficinas del registro civil al gobierno de la ciudad de Puebla, pero también –dijo esa ocasión– porque había hecho público la creación de una Policía Comunitaria en Canoa, para protección de sus familias de la inseguridad que viven.
Pero además –agregó– por la falta de vigilancia por parte de la Policía del municipio de Puebla, la cual incluso los extorsiona.
En diciembre pasado, el Congreso del estado aprobó una modificación a la Ley Orgánica Municipal que retiró el servicio del Registro Público a las comunidades, así como facultades, como las del juez, a los ediles subalternos.
Para afrontar el embate del gobierno estatal, los alcaldes conformaron la agrupación Cedip (Comité Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos), en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, a la que se sumó más de un centenar de ediles.
El día de la detención del alcalde de Canoa, personal de la presidencia auxiliar se trasladó a las instalaciones de la PGJ para preguntar si la autoridad se encontraba en ese lugar, pero la respuesta fue negativa.
En el último medio año el gobierno de Rafael Moreno Valle inició una persecución contra los ediles auxiliares que integran la Cedip, conformada por autoridades que mantienen una postura crítica a su administración, a la que incluso acusaron del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de Chalchihuapan, cuando este pueblo se levantó para exigir la reinstalación del registro civil.
