Mathieu Tourliere
Proceso
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En cada paso que daba Isaac Domínguez sobre el camino pedregoso que lo alejaba del penal de alta seguridad de Villa Aldama, en el estado de Veracruz, el joven estrechaba con sus dos manos una hoja de papel doblada contra su estómago.
Al desplegar con extrema precaución el papel, Isaac reveló un tablero cuyas casillas fueron ennegrecidas de tinta de pluma. En el hueco de la hoja doblada reposaban 32 pequeños origamis –entre los cuales había coronas, ocas o caballos– de diferentes tamaños.
Eran los peones del juego de ajedrez que Isaac concibió con papel, pluma e imaginación durante su semana en la cárcel.
“Lo iba a regalar a un compañero de adentro con el que jugaba y que ya lleva cuatro años allí, pero (los custodios) no me lo permitieron”, lamentó en voz baja Isaac.
Al dictaminar el auto de libertad la mañana de este sábado, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz puso fin al calvario que vivieron por más de una semana Isaac y los otros 10 detenidos de manera arbitraria durante el violento desalojo del Zócalo capitalino, el pasado 20 de noviembre.
El juez aseveró que no existían las pruebas suficientes para abrir un juicio contra los 11 detenidos por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio –todos muy graves–, que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR) en los edificios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En su edición de esta semana, Proceso documenta que la PGR consignó a las 11 personas a penales federales el pasado sábado 22 a raíz de las declaraciones inverosímiles de unos policías federales, quienes aseveraron que los jóvenes agredieron a uno de sus colegas con la intención de matarlo.
Según la misma investigación de este semanario, la PGR desdeñó las numerosas evidencias que desmentían en su totalidad la versión de los uniformados y señalaban, al contrario, que los policías actuaron de manera arbitraria y violenta.
De terror
El Centro Federal de Reintegración Social 5 Oriente de Villa Aldama, un horrible complejo de edificios de concreto con pocas ventanas, y escondido detrás de altas paredes grises, se erige en el centro de un vasto llano polvoroso y atrancado entre dos carreteras. Un macizo de cerros verdes dominados por el imponente adoquín de piedra del Cofre de Perote ocupa el horizonte alrededor.
El reloj aún no marcaba las 4 de la tarde cuando se dibujaron a lo lejos siete siluetas entre las rejas que rodean el penal, y cuyo color azul original tiende más ahora hacia un gris oxidado. Mientras iban avanzando, las decenas de personas que esperaban a los expresos pudieron ver que sus cabezas habían sido rapadas. Algunos rostros todavía presentaban las marcas de los golpes que les asestaron los policías durante su detención y camino a la SEIDO.
Los siete detenidos cayeron en los brazos de sus cercanos, quienes los estrecharon como si nunca los fueran a volver a ver. Las risas se mezclaron con los sollozos, a los abrazos sucedieron los besos, mientras los activistas alrededor observaban la escena con ojos enrojecidos.
Ante la transición brutal entre una semana de aislamiento en un estrecho módulo hacia un espacio abierto lleno de personas, en medio de aplausos y gritos de alegría, muchos de los detenidos no supieron qué decir ni cómo explicar lo que les había ocurrido.
Sin embargo, muy rápidamente se alinearon a lo largo de las rejas y gritaron con los dedos formando una “V”: “Queremos justicia, porque vivos se los llevaron, ¡Vivos los queremos!”.
“Ametrallados” por las cámaras de los celulares, agradecieron a todas las personas presentes.
Una abogada dijo a Aztín Andrade González, estudiante de la escuela de arte La Esmeralda cuyos compañeros no han cesado de organizar eventos artísticos para exigir su liberación:
¡Atzín!, te hicieron todo: tienes murales, pinturas, hasta tienes una canción de rap…
–¿De rap?, preguntó Atzín con una expresión de sorpresa, antes de reírse.
Otro abogado informó a Isaac:
–Les querían vincular como delincuentes por llamarse “compas entre sí”.
–No mames, reaccionó Isaac con tranquilidad.
Una vez pasado el periodo de emoción, Luis Carlos Pichardo, director de teatro de 55 años, se volvió más serio, y relató que la mañana del sábado 22 de noviembre, en la que fueron trasladados de la SEIDO a los penales federales, “fue de terror”.
“Nos llevaron directamente a una camioneta blanca y en el camino fue tortura psicológica. Los agentes de la PGR se mofaban de nosotros, nos hostigaron todo el camino. Golpeaban al chileno (Laurence Maxwell) porque pensaban que era nuestro cabecilla. También se burlaban de mi edad, me preguntaban por qué a mi edad andaba en los borlotes, como los llaman.
“Nos acusaban de mil cosas, como la (quema) de la puerta del Palacio. Pero llegó un momento en que nos dijeron: Los vamos a desaparecer y los vamos a descuartizar. Ya sentimos que teníamos que esperar lo peor”.
Al llegar al penal, Pichardo aseguró que un custodio trató de pegarle. “No sé qué tanto odio nos tienen”, afirmó. Pero una vez en el penal, agregó, “todo se calmó”.
En la prisión, los detenidos ratificaron las declaraciones que habían realizado en el Ministerio Público de la SEIDO y en las cuales cada uno afirma desconocer a los demás. Niegan haber atentado contra la vida de un policía y relatan en qué condiciones fueron detenidos, muchos de ellos golpeados con gran violencia y trasladados a la SEIDO.
Laurence Maxwell, el chileno estudiante de Doctorado en Letras de la UNAM no salió con los demás. Él fue trasladado al puerto de Veracruz, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) verificó su situación migratoria, para liberarlo allí.
Tanto los abogados y los familiares como los detenidos, afirmaron que considerarán denunciar de manera penal a los policías por la violencia de la que fueron víctimas, así como por las falsas declaraciones que realizaron los agentes para detenerlos.
Libres, “guste a quien le guste”
Temprano en la mañana de este sábado enfrente de la sede del Tribunal Superior de la Federación de Xalapa –recubierta de mantas–, la tensión y el cansancio marcaban los rostros de la cincuentena de personas –abogados de los detenidos, algunos familiares y amigos, y grupos de activistas locales– reunidas para exigir la liberación de los detenidos. Algunas habían establecido ahí un plantón desde el pasado jueves.
Todavía no se conocía la situación jurídica de los jóvenes, ya que el juez tenía el plazo límite de mediodía para determinarla. Tal decisión era crucial: en un caso, los detenidos permanecerían en sus cárceles respectivas en espera de un juicio por los delitos que la PGR les imputó. En el otro caso, saldrían libres el mismo día.
También se encontraba toda una comitiva chilena conformada por el cónsul, el embajador, dos diputados, así como el padre y el hermano de Laurence Maxwell, a quien el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había designado como uno de los “más violentos” durante los disturbios del Zócalo.
El pasado viernes, el diputado chileno Daniel Nuñez formó parte de un grupo que se entrevistó con representantes de la SEIDO, del Gobierno del Distrito Federal y de la Cancillería para plantearles su “inquietud ante la detención de 11 jóvenes, por la gravedad de los casos y la ausencia de pruebas”.
Durante la reunión, los mexicanos admitieron que no tenían más que las declaraciones de los policías para inculpar a los detenidos. No tenían videos de los inculpados, ni les habían encontrado armas o proyectiles.
En el caso particular de Maxwell, los chilenos plantearon a los funcionarios mexicanos que en un video se veía al estudiante amarrar su bicicleta en el momento de la detención. “Una bicicleta no es un arma para pelearse con policías, al contrario, obstaculiza”.
A las 10 de la mañana se inició un mitin frente al tribunal, en el que los familiares, profesores y amigos se sucedieron para denunciar el encarcelamiento sin pruebas de los afectados.
Alberto Maxwell Canales, el padre del detenido chileno, aseveró que su hijo “es un creador: escribe, pinta, hace música”. Enseguida añadió que Laurence “sí es terrorista, porque amenaza al sistema, porque piensa y porque crea”, y concluyó: “Todos merecemos que salga alguien por esta puerta y nos diga que salen todos”.
Unos minutos después, mientras hablaba un profesor de Juan Daniel López Ávila, el cónsul chileno en México, José Agustín Jailiye, apareció en el marco de la puerta del edificio y caminó con un paso apresurado hacia el embajador de su país, Ricardo Núñez.
El cónsul le pasó un paquete de hojas, que el embajador leyó en voz alta: “Se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de”, y continuó. El diplomático terminó la lectura de los motivos y concluyó, con una larga sonrisa: “Todos salen libres”.
Una explosión de alborozo acompañó el anuncio. En las bocinas, conectadas a la batería de un 4×4 estacionado a un lado del tribunal, salieron cantos revolucionarios alegres.
Sumergidos en llamadas telefónicas, los abogados se congratularon. “Pon en Twitter, señalando a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: ¡Libres, guste a quien le guste!”, exhortó uno de ellos a una compañera, quien se carcajeó.
El titular de dicha dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, aseveró el pasado lunes que durante el desalojo del Zócalo el 20 de noviembre, sus policías habían restablecido el orden con “gran valor, gallardía, responsabilidad”. Lo anterior, añadió el funcionario, “le guste a quien le guste”.
Según declaró Nuñez a proceso.com, la Cancillería sostuvo en la reunión del viernes “que ojalá y eso no perjudicara la relación entre ambos países (México y Chile), que estaba preocupada”.
Nuñez sintió que los funcionarios “sabían que cometieron un error, pero no se atrevieron a dar cuenta de ello porque sería asumir que actuaron de muy mala manera en este proceso”.
