Norma Trujillo Báez
La Jornada
A pesar que no se ha aprobado la iniciativa que reforma la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, desde el miércoles el IPE cerró su ventanilla de jubilaciones, denunció la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Rosario Quirasco Piña, quien afirmó que esta reforma no sólo viola los derechos de los pensionados y trabajadores, sino que con el artículo transitorio décimo cuarto se establece que “en el ámbito de la armonización contable, únicamente podrá registrar en su contabilidad los adeudos adquiridos mediante convenios suscritos bajo la vigencia de esta ley”, con el que se encubre un delito, quedarán olvidados los adeudos del gobierno al IPE.
“Ya varios fueron porque están en tiempo de jubilarse y se han encontrado que ya no se puede hacer un trámite”, acusó, ante ello dijo que promoverán un amparo porque no se puede hacer esto cuando hay una ley vigente.
Una cuestión grave de la iniciativa es el artículo transitorio décimo cuarto. Con ello se plasma el encubrimiento de un delito, pues prácticamente quedan olvidados los adeudos del estado con el instituto, se olvidaría el incumplimiento del estado como patrón al aportar la cuota que le corresponde.
Dicho artículo, lo que se haya tomado del Fondo de la Reserva Técnica Específica ya no va a ser un adeudo reconocido. “Entonces ¿cuál es la verdadera finalidad de esta ley, encubrir un delito o modificar prestaciones?”, cuestionó.
Aun más grave, cuando los artículos transitorios establecen que los fondos del instituto se van a fusionar en uno solo, “yo sólo puedo pensar en dónde está el dinero del Fondo de la Reserva Específica, que son 20 años de ahorro de los trabajadores del gobierno del estado, y cuánto es en dinero y en dónde está, porque precisamente ese dinero es la viabilidad de la generación que va a jubilarse en 10 años, que en un aproximado serían 500 millones de pesos”.
“Cómo puede establecer que el instituto no va a reconocer adeudos sin antes decirnos si las finanzas del Instituto nos permiten suponer que no hay adeudos y si los hay, entonces, la finalidad de la ley es encubrirlos”, dijo.
De acuerdo a la ley vigente, que es la que tendría que juzgar a quien tomó ese dinero, establece que los fondos son intocables y por lo tanto se deben tomar las medidas necesarias, responsabilizar a quien haya hecho mal uso de los recursos, en donde también tendría responsabilidad el consejo de administración del IPE.
El contenido de esta iniciativa atenta seriamente contra los derechos humanos, por ejemplo, cuando en el artículo 29 se establece que un pensionado no puede recibir ninguna remuneración ni obtener ningún otro trabajo porque le quitaría derecho a la pensión. La pensión no es una caridad, dijo, sino un derecho adquirido.
El IPE es viable por lo menos por 15 años más, sostuvo, ya que “los trabajadores estamos aportando nuestra cuota y el patrón está aportando la suya, que es el 24 por ciento del salario; si hoy me jubilo, otro ocupará mi plaza y va a aportar 11, más 13 por ciento del gobierno se va a pagar mi pensión, pero además está el Fondo de la Reserva del IPE, que tiene el dinero de los trabajadores desde 1997 que servirá para apuntar al gobierno dentro de 10 años cuando esos trabajadores se jubilen y para que la aportación del gobierno sea menor, dijo.
