Ya estaba, con el PRI, AN, RD. Ahora simplemente le quitarán la máscara.
Agencias
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoció que las candidaturas independientes son un riesgo para que el dinero del narcotráfico entre a los comicios electorales.
En entrevista, previa a su conferencia magistral “Evolución y perspectiva de la justicia electoral”, que impartió en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), explicó que las autoridades electorales tendrán que tomar medidas para evitar dinero del crimen organizado fortaleciendo el trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Al ser cuestionado sobre las candidaturas independientes y la cantidad de candados que se impusieron a la posibilidad de que alguien pueda competir sin el patrocinio de un partido, comentó: “El financiamiento y las prerrogativas estaban diseñadas para que fueran los partidos (que postulen candidatos), para mí, desde el punto de vista académico, aborda una realidad que no se consolidaba, pues estábamos en la democratización de los partidos, pero responde a una lógica nacional”.
Dijo que cuando los partidos eran los únicos que postulaban a los candidatos, había un aval, y se suponía debían investigar a quien postulaba, por ello dijo que es positivo que se haya llegado al acuerdo “moral” de que se investiguen los antecedentes de los que registren ante la autoridad electoral. “Se están tomando medidas, y se va a exigir que los candidatos sean revisados sus antecedentes por lo menos en la Procuraduría” dijo y recordó que el nuevo sistema de fiscalización es más efectivo para revisar el manejo del dinero en las campañas.
“Siempre hay dinero oculto, el dinero encuentra rendijas y en el caso de la autoridad ésa es su labor, está la Fiscalía, que tendrá un trabajo muy importante que es a quien hay que estar siguiendo y fortaleciendo”. Comentó que la reforma electoral no se trata sólo del cambio de nombre a Instituto Nacional Electoral (INE), pues se busca fortalecer a las autoridades locales, pero ahora se cambió y se aleja a los funcionarios administrativos y jurisdiccionales de los estados.
