México, 20 de febrero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- El 19 de febrero de 2006, las minas de carbón operadas por Grupo México en el poblado de Pasta de Conchos, perteneciente al municipio de Nueva Rosita, Coahuila, colapsaron en varios de sus túneles alrededor de las 2:30 de la madrugada. Por increíble que parezca, a esa hora se encontraban los trabajadores del turno nocturno, como esclavos en pleno siglo XXI, extrayendo minerales para seguir enriqueciendo al empresario Germán Larrea.
Los trabajadores laboraban en condiciones prohibidas por los estándares internacionales. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos denunció que sus agremiados se hallaban a 490 metros cuando ocurrió el derrumbe, causado por explosión de gas metano presente en niveles muy por arriba de la norma legal para trabajos de minería. También la profundidad a la que se encontraban los trabajadores violaba el estándar normativo internacional.
Tras la explosión, 13 mineros resultaron gravemente heridos y otros 65 quedaron sepultados dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo. Seis días después, el criminal Grupo México suspendió las labores de rescate de sus trabajadores, declarando que «no había posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano». El 26 de febrero de 2006, el «secretario del trabajo» de Coahuila y el entonces «gobernador» priista del estado, Humberto Moreira, anunciaron la clausura y cierre definitivo de la mina de Pasta de Conchos sin que los 65 mineros fueran rescatados.
Antes del accidente, el sindicato minero había estado en huelga por lo menos 14 veces exigiendo a Grupo México mejores condiciones laborales, entre aumento salarial y respeto a las medidas internacionales de seguridad. Por estas luchas y denuncias, el entonces líder sindical Napoleón Gómez Urrutia fue criminalizado y perseguido desde el «gobierno» por órdenes de Germán Larrea.
Nueve años más tarde, las familias siguen sin poder recuperar los cuerpos de sus parientes fallecidos, las mal llamadas «autoridades» siguen bloqueando los esfuerzos para rescatar los restos y el dueño de Grupo México, Germán Larrea, sigue impune contaminando el ambiente, explotando a sus esclavos y engordándose los bolsillos con el saqueo voraz de nuestra riqueza metalúrgica.
Familiares de los 65 mineros realizaron una protesta conmemorativa en las oficinas de ese imperio criminal, ubicadas en la zona de Polanco, donde colocaron piedras de carbón y 65 cruces blancas con los nombres de los mineros caídos de la explosión de Pasta de Conchos.
A cinco años de haber interpuesto una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que su petición P-178-10 sea admitida, solicitaron que su caso sea votado en el próximo periodo ordinario de sesiones del 13 al 27 de marzo, según informó hoy la revista Proceso.
Durante el mitin frente a las oficinas centrales del asesino Germán Larrea, una docena de familiares dio su testimonio de nueve años de lucha y todos los asistentes rezaron para que se haga justicia.
“Las familias viven el calvario de que se les arrebaten a sus seres queridos… el pasado nos alcanza en cada minero muerto porque no se hace nada para que no se repita la tragedia”, denunció la esposa de uno de los mineros desaparecidos.
“Tres presidentes, dos administraciones, dos partidos y nadie nos hizo caso”, dijo Juanita Álvarez, madre de otro de los mineros, “estamos igual o peor de muertos que ellos”.
Algunos padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se unieron a la misa de este año para dar un mensaje de solidaridad a las familias de los mineros de Pasta de Conchos.
Por su parte, la defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach, quien ha seguido el caso con los familiares, declaró que organizaciones no gubernamentales siguen instando a los mineros a denunciar las violaciones a sus derechos humanos y laborales, así como a exigir que las minas cumplan las medidas de seguridad internacionales para evitar accidentes como el de Pasta de Conchos.
La activista denunció también que ha sido víctima de hostigamiento, persecución y agresiones por la tarea que viene realizando. No obstante, refrendó que la lucha por rescatar a los mineros y hacer justicia por este crimen de Grupo México, seguirá adelante.
El problema es que mientras no derroquemos a sus esbirros en el mal llamado «gobierno» y hagamos un enérgico boicot contra Grupo México, empezando por Cinemex, vendrán más delitos, seguirá el saqueo y por supuesto, la impunidad. La responsabilidad es nuestra.
Con información de Proceso. Foto: La Jornada
El rescate es imposible debido a las deplorables condiciones en que quedo la mina y alentar a las familia de que se puede hacer un rescate es mas doloroso. Castigo claro que se lo merecen pero yo creo que los que en su momento manejaban la mina (gerente) es al que menos se a mencionado el cual sabia de las condiciones inseguras de la mina y no hizo nada hasta que paso lo inevitable.