México, 25 de febrero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Los muertos de Peña Nieto durante el actual régimen usurpador no son sólo Juan Francisco Kuykendall, asesinado por una bala de goma de la policía federal durante la violenta usurpación presidencial el 1 de diciembre de 2012; o el más reciente, profesor jubilado Claudio Castillo Peña, asesinado a golpes también por policías federales durante la represión en el puerto de Acapulco este martes 24 de febrero, por órdenes de la iniciativa privada a su empleado Peña.
Otras víctimas del régimen se cuentan por miles, caídos bajo el fuego del crimen desatado desde que Peña Nieto usurpó el poder. El conteo de muertos en los primeros dos años del actual espuriato superan por mucho a los del anterior en el mismo periodo de tiempo. Cuando parecía que el genocidio de Felipe Calderón sería el peor de la historia, apareció Peña Nieto para batir ese récord con sangre de los mexicanos.
En los últimos quince días, la violencia no sólo se recrudeció en el país sino que se expandió a otros puntos de la república, según detalla el diario Reforma en una nota publicada el día de ayer.
Diariamente, según contabilizó el citado medio, se están registrando más de 10 ejecutados en todo el territorio nacional.
A través de un «ejecutómetro», el diario reportó 173 ejecuciones en las últimas dos semanas. Asimismo, la violencia ligada al crimen organizado se expandió a 66 municipios en 18 estados e incluso a varias delegaciones en el Distrito Federal. No obstante, los ataques y asesinatos se concentraron en Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Sonora, Puebla y Tabasco.
Durante la semana hubo más de 40 enfrentamientos en el convulsionado estado de Tamaulipas –territorio PRI por excelencia– donde la «estrategia federal de seguridad» ha sido un rotundo fracaso y, según información del propio régimen, tan sólo el miércoles pasado hubo ataques con fuerzas federales en San Fernando y Río Bravo, Tamaulipas.
El pasado jueves, en la zona rural de Matamoros, se registraron balaceras, bloqueos, vehículos incendiados con saldo de al menos cinco muertos, además de que se realizó el macabro hallazgo de dos cuerpos destazados en una hielera acompañados de un narcomensaje.
También la semana pasada regresó la violencia a Puerto Vallarta, Jalisco –igualmente territorio PRI–, donde militares protagonizaron una balacera de más de 10 horas con presuntos sicarios.
En dos semanas se han encontrado los mencionados cuerpos desmembrados de dos hombres en Matamoros; pero también se hallaron los de tres jóvenes de 18, 19 y 23 años en Tlaquepaque, Jalisco; y de una mujer a las orillas de río Grijalva, en el municipio de Centro, Tabasco. Ciertamente México ya está bañado en sangre y la espiral de violencia va en aumento.
En Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, el precandidato perredista a diputado federal Carlos Martínez Villavicencio y otros dos militantes de su partido fueron emboscados y asesinados a balazos en una carretera cercana a la cabecera municipal.
Al menos una decena de emboscadas a elementos de seguridad federales y estatales, incluyendo militares, se registraron en las últimas dos semanas. En Valle de Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y en Hermosillo, Sonora, se registraron algunos de esos enfrentamientos. También hubo persecuciones.
La última semana fue ejecutado el ex «alcalde» de Cuapiaxtla, Puebla, así como un síndico del municipio de San Ignacio, en Sinaloa, un abogado penalista ejecutado en Acapulco, dos doctoras en Jalisco, entre otros. Un estudiante también secuestrado en Puebla y hallado posteriormente en Xalapa, Veracruz.
El Distrito Federal no se quedó nada atrás en recibir su buena dosis de violencia, de acuerdo con Reforma. En los últimos quince días, se registraron ejecuciones en las delegaciones Gustavo A. Madero y en Álvaro Obregón.
Expertos consultados por Reforma achacaron este repunte en las ejecuciones a un «repliegue de las fuerzas federales». Sin embargo no explicaron a qué se debió este «repliegue»: LA REPRESIÓN. En realidad los grotescos operativos con cientos de elementos de la policía federal, «gendarmería» y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), van encaminados a reprimir los movimientos sociales que aumentaron tras el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A finales del año pasado se vivieron intensas movilizaciones que no sólo exigían la aparición con vida de los normalistas, sino la renuncia del usurpador Peña Nieto.
La única seguridad que interesa al régimen usurpador es la de su permanencia ilegítima en el poder. Por ello utiliza a las fuerzas de seguridad del Estado para atacar al pueblo, mientras la delincuencia hace lo que le viene en gana desde el frente aparentemente opuesto. Porque de eso se trata: generar un círculo vicioso en el que se asesina al pueblo y con ello se justifica la militarización del país, el estado de sitio y, por tanto, cada vez más represión.
Con información de Reforma
