Santiago Igartúa
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Marcada por la ausencia del secretario de Educación Pública Federal, Emilio Chuayffet, se instauró la mesa de diálogo entre autoridades del gobierno federal y la Asamblea General Politécnica (AGP), en el auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), concretando sólo uno de los tres puntos designados en el orden del día.
La jornada inició al pasar el mediodía, con una mesa de trabajo previa para establecer la dinámica de las discusiones. Desde ahí empezaron los desencuentros.
La prioridad del gobierno era levantar el paro estudiantil. La de los jóvenes, sentar las bases para conformar un Congreso Nacional Politécnico (CNP) que dé pie a la democratización del Instituto.
“Pediríamos sumar a la primera mesa de discusión el retorno a clases para mandar un mensaje a la comunidad y a la sociedad mexicana”, dijo César Becker, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP, quien estuvo a cargo de la negociación preliminar por parte de las autoridades.
“Nosotros no estamos improvisando. El regreso a clases no está a discusión por el momento. Lo estará cuando desahoguen nuestras exigencias. La comunidad politécnica no ha confiado en las respuestas del gobierno federal, por eso no vamos a regresar a clases hasta capitalizar la construcción de un mejor instituto”, respondieron los estudiantes, quienes establecieron la “no incorporación” de las vocacionales al sistema nacional de bachillerato, el acuerdo de “no represalias” contra la comunidad estudiantil que participa del paro y fijar las bases del CNP como “condicionantes” a tratar en la reunión pactada para las seis de la tarde.
A partir de entonces, tomó dos horas que el funcionario anunciara a los integrantes de la representación federal en el diálogo, solicitada repetidamente por los estudiantes.
“Voy a dar los nombres y cargos para demostrar, una vez más, que estamos en la misma frecuencia de onda”, dijo Becker para enlistar a los siguientes voceros del Estado:
Fernando Serrano, subsecretario de Educación Superior de la SEP; David Garay, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob); Alejandro Osuna, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Segob; José Ángel Mejía, jefe de la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Enrique Fernández, secretario general de ANUIES; Salvador Malo, director general de Educación Superior Universitaria de la SEP; César Becker, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP; Rubén Lara, coordinador general de Delegaciones Federales de la SEP; Luis Vega, titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Ana María Aceves, directora general de Evaluación de Políticas de la SEP; Efrén Rojas, asesor de proyectos especiales de la SEP; Luis Ignacio Sánchez, administrador federal de servicios educativos en el DF de la SEP; Diódoro Guerra, exdirector del IPN; Baltasar Cadena, profesor del IPN; Víctor Sánchez, director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.
La lista irritó a los estudiantes, que reclamaron la decisión de Emilio Chuayffet de no formar parte del diálogo para solucionar el conflicto.
“Solicitamos que el secretario Chuayffet reconsidere su presencia, como lo ha tenido en distintos medios de comunicación anunciando que tiene la mejor disposición de solucionar las demandas de la comunidad politécnica”, dijeron los jóvenes, quienes lamentaron la designación de funcionarios “sin capacidad resolutiva” en la mesa. Demandaron también la presencia de los subsecretarios de Gobernación, Luis Miranda, y de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo.
A esto, César Becker respondió: “Quedamos que cada una de las partes acredita a sus representantes. Estos son los nuestros”.
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Cerca de las siete de la noche comenzó la primera discusión formal, con la intervención del subsecretario Serrano, quien dijo que estaban previamente aprobados de manera “favorable” siete de los 10 puntos exigidos por el movimiento estudiantil: la renuncia de la exdirectora general Yoloxóchitl Bustamante, el apoyo a la realización del CNP, la cancelación definitiva del reglamento interno del IPN, la no incorporación de las vocacionales al sistema nacional de bachillerato, la salida de la Policía Bancaria, la anulación de las pensiones vitalicias a los exdirectores generales del IPN y el compromiso de que no habrá represalia alguna contra los participantes del paro.
En la discusión y ante las exigencias de la AGP para dejarlo en compromisos firmados, para lo que los estudiantes contrataron un notario que pudiera respaldarlos, los funcionarios se dijeron incapaces de firmar acuerdos.
Argumentaron que para la mayoría de los asuntos hacía falta designar al director del Instituto sobre el CNP y dijeron que correspondería al Congreso de la Unión modificar las leyes del IPN.
“Los estudiantes exigimos a las autoridades, ante el constante halago propio sobre el supuesto compromiso con la comunidad estudiantil, sea este compromiso demostrado en hechos resolutivos y materializados a favor del movimiento estudiantil y la comunidad politécnica, y no que quede en simpáticas palabras, reiterando que la buena voluntad del gobierno, que apela a la reciprocidad y equidad, no ha sido demostrada a través de la historia.
“Las autoridades no están correspondiendo a su discurso de solucionar con rapidez. En una mesa de 15 sólo hablan seis, lo que refleja la estructura vertical. Sólo Serrano tiene capacidad resolutiva. Exigimos la salida de Diódoro Guerra por asociaciones de éste con grupos porriles”, reclamaron los jóvenes.
“No caigamos en descalificaciones. No venimos con ánimo de engañar. Debemos apegarnos a la legalidad”, replicó el funcionario Efrén Rojas.
Arely Ruiz fijó el posicionamiento político de los estudiantes, haciendo un “llamado a la civilidad, al cumplimiento real de la palabra de las autoridades y en rechazo a la simulación gubernamental de solución a nuestra movilización”.
Se dirigió a Emilio Chuayffet: “La historia nos cuenta sobre sus participaciones tácticas, como representante del gobierno, contra movimientos sociales. Podemos recordar, en este tenor, que el 28 de noviembre de 1996, siendo secretario de Gobernación, llegó a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar para lograr la paz en Chiapas, destacando la frase: ‘Sabremos honrar nuestros compromisos’. Sin embargo, el gobierno rechazó la propuesta con el argumento de que tenía deficiencias de técnica jurídica.
“La historia nos muestra suspicacia del gobierno en la forma de responder los compromisos con el pueblo de México, con frases como: ‘Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chincholes y no estaba en condiciones para asumir un acuerdo de esa naturaleza’. Debido a esta falta de postura resolutiva, y al estilo del secretario citado, una pregunta inteligente sería: ¿Qué nos asegura el compromiso del gobierno ante la problemática actual?”, leyó la joven para también recordarle al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, su “responsabilidad” en la matanza de Acteal.
“Otorgamos un último voto de confianza al gobierno para la solución de la problemática acontecida en el IPN. Nuestra institución, al paso del tiempo, está harta de respuestas vagas, insatisfactorias y redundantes, disfrazadas de soluciones, sin decir cuándo ni cómo cambiarán las cosas”, se hizo escuchar el estudiantado, descompuestos los rostros de los funcionarios. [¿Y qué esperaban de delincuentes? Eso les pasa por confiar en los peores criminales de este país. Ahora, ¡a pagar las consecuencias!]
A las 10 de la noche suspendieron la sesión, acordando regresar el jueves a la una de la tarde para una doble jornada.
