- En Guerrero hubo más de 650 desaparecidos en los años 70, informa la Afadem
- Las familias y los amigos de las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad, dice comité
FRANCISCA MEZA CARRANZA
La Jornada
El Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamaron a los gobiernos a eliminar obstáculos que dificulten la búsqueda de sus familiares y emitieron un llamamiento para que abran inmediatamente todos los archivos, incluidos los archivos militares, que pueden contener información relacionada con el paradero de las personas desaparecidas.
De acuerdo con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), en Guerrero hay más de 650 desaparecidos de la década de los 70, de los cuáles 470 son de Atoyac.
Frente al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el Comité consideró que la transparencia y la información es muestra de voluntad política, pues muchos familiares se enfrentan a obstáculos injustificados en su búsqueda por la falta de voluntad política o porque las investigaciones son insuficientes e inadecuadas.
El comité contra las desapariciones puntualizó que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es clara al establecer que “las familias y los amigos de una persona desaparecida son víctimas y tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación, y fundamentalmente, el destino de la persona desaparecida”.
Ante ello, alentaron a los gobiernos a crear organismos ad hoc y unidades especializadas para investigar los casos de desaparición forzada y crear bancos de ADN nacionales que contengan muestras genéticas de todos los casos reportados.
“El tiempo de promesas ha pasado. Es el momento de actuar. El Estado debe abordar con urgencia la angustia de los familiares de los desaparecidos y revitalizar las investigaciones sobre casos de desapariciones”, aseveró.
Añadió que el Estado debe garantizar que los familiares, sus representantes y todas las personas con un interés legítimo en saber lo que ocurrió, tengan total e inmediato acceso a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales, encaminados a establecer la verdad sobre las desapariciones, no sólo mediante la eliminación de obstáculos a los mecanismos, sino también promover activamente y facilitar su utilización.
Asimismo, establece que es esencial expandir el uso de los avances y experiencias forenses y las pruebas de ADN, y hacer una utilización apropiada de todas las técnicas tecnológicas y científicas disponibles en la actualidad.
