Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Opositores a la construcción de un complejo turístico en el basamento de la pirámide de Cholula, agremiados a la organización Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna, y el abogado Vladimir Luna Porquillo denunciaron, por separado, que podría haber hasta 20 órdenes de aprehensión en contra de pobladores de San Andrés Cholula que participaron en la toma de la presidencia municipal el lunes pasado.
Así lo advirtieron este jueves, luego de informar que están en riesgo de ser capturados Karina Pérez, de Axocoytzin Radio y vecina de San Bernardino Tlaxcalancingo; Braulio Coyópol, Víctor Blanco, Leonor Romero, Roberto Formacio, Teódulo Cuaya, Armando Pérez, “Mafa” Larrinaga y Arturo Huélitl, entre otros pobladores de San Andrés.
Esto a pesar que dentro de los señalados también se encuentran activistas de Cholula Viva y Digna, que el día en que comenzó la protesta social solo participaron como observadores de los acontecimientos, que han dado a conocer con videograbaciones a través de redes sociales.
Incluso refirieron que los presuntos señalados tienen sus teléfonos intervenidos, son perseguidos por vehículos sospechosos, mientras el gobierno les infiltró al movimiento social al Consejo Ciudadano Indígena que dirige en San Andrés Cholula, Federico Cuauhuey, también ligado a la organización Antorcha Campesina.
Por su parte, Vladimir Luna Porquillo, abogado defensor de los cuatro detenidos, confirmó que estos 20 órdenes de aprehensión “fabricadas” están dentro de la averiguación previa número 581/2014, donde policías municipales aseguran que el día que se encontraba tomada la alcaldía vieron a 20 manifestantes.
En ese sentido, advirtió “a esos 20 sólo hace falta ponerles nombre y apellido”.
En este proceso legal, precisó, se les acusó a los cuatro detenidos de incurrir en el delito de despojo.
Mientras que en el expediente 580/2014 se les culpó de daño en propiedad ajena, ataques a la vías de comunicación y contra el orden constitucional.
“La mecánica del gobierno es la ‘fabricación’ de delitos, pues primero los detuvo y luego averiguó de qué podrían ser inculpados”, declaró el litigante, hermano de la diputada federal cholulteca Roxana Luna Porquillo.
Actualmente los detenidos son Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopotl, Primo Manuel y Albino Odilón Tlachi Valencia.
“Los delitos de que se les acusa en la segunda averiguación previa son graves, con la intención de que no alcancen fianza”, declaró Luna Porquillo, quien además es uno de los dirigentes del Movimiento Nacional Los de Abajo en Puebla.
A las 14 horas de este jueves, los detenidos iban a rendir su declaración en el Juzgado de lo Penal de San Pedro Cholula; sin embargo, el juez tomó la decisión de que los presuntos inculpados no lo hicieran en este lugar, luego de confundir a reporteros con manifestantes.
La decisión fue tomada, según informó el equipo jurídico que defiende a los sanandreseños, porque estuvo en riesgo la seguridad de los detenidos.
Alrededor de las 13:50 horas ingresó una camioneta color blanca al área de estacionamiento del Juzgado de lo Penal en Cholula, y después de esperar por 10 minutos se arrancó, derrapando llantas, sin que pudieran descender de la unidad Adán, Paul, Manuel y Albino, quienes rendirían su declaración en el área de Locutorios.
Atónitos, los abogados se preguntaron por qué regresaron a los detenidos, pero después confirmaron que las cuatro personas darían su declaración al interior del penal de Cholula.
Más tarde, en rueda de prensa en los terrenos que serán expropiados para la instalación del parque temático, defensores del patrimonio arqueológico demandaron al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se frene la criminalización de la protesta social, así como el espionaje contra los opositores a la construcción del complejo turístico.
Además solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante las flagrantes violaciones a las garantías individuales de los cholultecas.
Los declarantes, entre ellos Josué Xicale, hijo de Adán y hermano de Paul, quienes se encuentran detenidos, determinaron que los cuatro pobladores de San Andrés que se encuentran tras las rejas son presos políticos.
Exigieron la liberación de los presuntos inculpados, luego de dejar en claro que la embestida del gobierno de derecha de Moreno Valle no los tiene contra el piso.
Por tal razón, anunciaron que este próximo lunes continuarán con las movilizaciones sociales no sólo en la región de las Cholulas, sino también en la ciudad de Puebla, como una medida de presión para abrir la negociación con el gobierno estatal.
