Martín Hernández Alcántara
La Jornada
Representantes de 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –entre policías, custodios, agentes de Vialidad, bomberos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público– acudieron ayer a la presidencia auxiliar de San Bernardino Chalchihupan a solicitar apoyo de esa comunidad a fin de enfrentar los abusos que les perpetra el gobierno estatal encabezado por el panista, Rafael Moreno Valle Rosas.
El encuentro se verificó ayer por la tarde. Los protagonistas concedieron entrevistas a esta casa editorial, a condición de que no hubiera fotografías ni se publicaran sus nombres, debido a que la persecución en su contra ha sido implacable.
Los uniformados confirmaron que hay un grupo de sus compañeros –no supieron precisar el número, aunque ha trascendido que son 39– quienes participaron en la represión del 9 de julio pasado contra vecinos de Chalchihuapan que habían bloqueado la autopista Puebla–Atlixco para exigir la restitución del servicio de registro civil que de manera unilateral les arrebató la administración morenovallista.
Dijeron que decidieron buscar a la gente de San Bernardino porque han sabido defender sus derechos frente al gobierno y además, porque en la marcha del 2 de octubre los policías que lideraban su movimiento y entraron a dialogar con los diputados en el Congreso local, salieron amedrentaron y desistieron de encabezar la lucha.
Reiteraron su sospecha de que el despido de más de mil elementos de Seguridad Pública no se debió sólo a la razón que ha esgrimido el Poder Ejecutivo, la reprobación de los exámenes de confianza que obliga el sistema nacional –sino a que se estaba preparando la defensa de dichos uniformados.
Se refirieron así a la muerte del niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y a la agresión a cientos de pobladores, varios de los cuales perdieron parcialmente y de manera permanente facultades como la vista y el habla:
“Se tiene que entender que en lo que pasó aquí (en San Bernardino) y lo que nosotros hacemos siempre es obedeciendo órdenes, porque ese es nuestro deber. Y la orden de lo que pasó aquí la dieron los superiores, eso dicen los compañeros, eso le han gritado al gobernador en las manifestaciones, que él dio la orden de irse contra la población”.
En ese sentido, a pregunta expresa, los policías dijeron estar dispuestos a pedir perdón a la gente de Chalchihuapan por lo sucedido. Y el presidente municipal de San Bernardino, Jairo Javier Montes Bautista, dijo que “seguramente la gente los perdonará, porque si bien es cierto que hubo una participación de ello y un menor murió, la gente sabe bien que la orden vino de arriba, la dio el gobernador, y ahora quiere agarrar a unos cuantos policías para culparlos, pero sería tanto como decir que fue el arma la que mató al niño y no quien la disparó y quienes dispararon lo hicieron por órdenes”.
Incluso uno de los policías propuso en ese momento de la entrevista que el perdón se pidiera de manera pública, para que “todos se enteren”.
Los uniformados advirtieron que no tienen aún una estrategia de movilización y mucho menos jurídica para defenderse de los despidos, pero reiteraron que su exigencia no es permanecer al servicio del gobierno sino que se les liquide conforme establece la ley, porque les quieren dar un finiquito de apenas mil pesos por año de trabajo, cuando su salario mensual es de 7 mil pesos mensuales y hay elementos que tienen hasta 26 años laborando.
Jairo Javier Montes Bautista expresó que la gente de Chalchihuapan estará dispuesta a apoyar las manifestaciones de los policías y a poner a su disposición a los abogados que los representan.
