David Martínez Huerta
Sinembargo
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– La estimación de crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año de 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) dejó muchas dudas entre la oposición política en la Cámara de Diputados y el sector académico. Principalmente, porque la propuesta de gasto fijada en 4.6 billones de pesos sería demasiado alta en un país en donde constantemente se reduce la expectativa de crecimiento económico.
Por otro lado, los gastos de las funciones de gobierno, es decir los Poderes de la Unión y sus integrantes, representa el 6 por ciento del total del presupuesto. Lo que refleja lo caro que resulta la burocracia en el país, aunado a la poca o nula transparencia del «Ejecutivo», «Legislativo» y «Judicial» [que ya no existen en México] para explicar el uso y destinos de los recursos públicos que le asignan anualmente.
“Dentro de los otros Poderes, si lo vemos en todo el conjunto, las funciones de gobierno están recibiendo 6.7 por ciento en la propuesta del presupuesto, cuando a otros programas y las entidades autónomas les corresponde 3.5 por ciento; es decir, prácticamente la mitad de lo que las funciones de gobierno estarían recibiendo”, detalló la doctora Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México.
La especialista explicó que dependencias como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) verán reducidos sus presupuestos si los diputados aprueban sin cambios la propuesta del gobierno federal.
Por otro lado, diputados de oposición coincidieron en que el gobierno federal es optimista respecto a sus expectativas de crecimiento económico, pero consideraron que la realidad siempre desmiente sus predicciones, por lo que “se ve más al Secretario de Hacienda salir a corregir sus cifras, que a dar anuncios positivos”, dijo el Diputado Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El recientemente nombrado vocero del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Adame, detalló que a su partido le preocupa el por qué la meta de crecimiento económica está tan distante de la que se requiere para poder crear todos los empleos que este país necesita.
Por eso adelantó que durante la comparecencia del Secretario de Hacienda ante el pleno de San Lázaro, este miércoles 10 de septiembre, los panistas le cuestionarán por qué el gobierno federal le “está dando al traste” a la economía del país.
“A pesar de que nos vienen a presumir que no nos van a dar nuevos impuestos, no tienen la capacidad y la sensibilidad para reflexionar que son los mismos impuestos que nos pusieron en la Reforma Fiscal pasada, lo que está dándole al traste a muchas familias en México. Esta fórmula que nos dan de mucho más impuestos y sin transparencia, no va a ser buena para el país”, explicó el Diputado Juan Pablo Adame.
Por su parte, el legislador federal Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano (MC), reprochó que calificó como “cínica” la postura del gobierno federal que el año pasado incrementó las cargas fiscales a los contribuyentes cautivos, mientras que anuncia el fin de los llamados “gasolinazos” y que no habrá nuevos impuestos en 2015.
“Están planeando un endeudamiento de casi 600 mil millones de pesos para el próximo 2015 y nos parece cínica la postura del Secretario de Hacienda al decir que ya no habrá nuevos impuestos. Nos parece que es una postura cínica, nos parece que va a haber mayor endeudamiento y que las perspectivas no son halagüeñas”, arremetió el legislador de izquierda.
PODER LEGISLATIVO, CARO Y SIN TRANSPARENCIA
Los funcionarios públicos y legisladores aumentan cada vez más el gasto en el Presupuesto federal, coinciden políticos y analistas. Foto: Cuartoscuro
El Poder Legislativo solicitó mil 300 millones de pesos más que lo que autorizó en el ejercicio fiscal del año en curso. En total, se propone un gasto de 13 mil 648 millones 337 mil 841pesos, de los cuales, poco más de 8 mil millones de pesos se utilizarán para “servicios personales” de los “representantes populares”.
La Cámara de Diputados, con 500 integrantes, pidió recursos por 7 mil 339 millones 166 mil 195 pesos. Poco más de la mitad de estos recursos públicos, 4 mil 294 millones 631 mil 686 pesos, se utilizarán en el 2015 para pagar sueldos y prestaciones.
Además, los diputados contarían durante el próximo año con subsidios por mil millones de pesos y planean hacer mejoras en sus instalaciones por 78 millones 537 mil 449 pesos.
El caso no es distinto en el Senado de la República, que con sólo 128 integrantes solicitó un presupuesto de gasto por 4 mil 269 millones 177 mil 269 pesos, más de la mitad que la colegisladora con casi cuatro veces más integrantes.
El Senado planea gastarse en el próximo año 2 mil 258 millones 590 mil 814 pesos, solo en “servicios personales”. Aunque los senadores no contarán con una partida para subsidios, sí contará con recursos por 222 millones 414 mil pesos para remodelar sus instalaciones.
No obstante, los objetivos y metas que acompañan las solicitudes de incremento son completamente ambiguos y no contienen resultados específicos que determinen la continuación de algún programa, como se solicita a otras dependencias o programas sociales.
Por ejemplo, los objetivos fundamentales que regirán la acción del Poder Legislativo durante el Ejercicio Presupuestal de 2015 serán:
• Mejora continúa de la gestión legislativa y parlamentaria,
• Mejorar la representación y la eficiencia institucional, y
• Avanzar en el proceso de modernización institucional y en la profesionalización de los recursos humanos.
Las líneas de acción para el ejercicio presupuestal de 2015 serán:
• Dar prioridad al trabajo legislativo y los procesos parlamentarios, mediante la asignación de los recursos necesarios a los grupos parlamentarios, a las comisiones y a los senadores, con base en criterios de proporcionalidad, equidad, legalidad y transparencia.
• Contar, en su caso, con el soporte técnico de los profesionales e instituciones más experimentadas en las diversas materias de la agenda legislativa, cuyas aportaciones posibiliten el enriquecimiento de las propuestas y temas de la agenda legislativa, en función de las necesidades y requerimientos reales de nuestro país.
Objetivos completamente ambiguos, en opinión de los especialistas consultados.
“Allí tendría que haber mucha mayor transparencia en el ejercicio del gasto del Poder Legislativo, porque estos rubros son demasiado generales, difíciles de calificar cuando no se conoce el desglose de cada uno de ello”, afirmó Leticia Armenta Fraire, Directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey.
COSTOS DE PARTIDOS E INE
Las propuesta de presupuesto del recién creado Instituto Nacional Electoral (INE) asciende a 18 mil 572 millones 411 mil 236 pesos. Es decir 6 mil 739 millones más dinero que en el 2014.
Para el año próximo, el INE tendrá nuevas atribuciones como son no sólo contribuir con el desarrollo de la vida democrática y fortalecer el régimen electoral y de partidos, sino también promover los valores democráticos y la educación cívica, optimizar el Padrón Electoral, la Credencial para Votar y la atención ciudadana, así como consolidar la confianza ciudadana.
Ante sus metas, podría parecer que los recursos serían insuficientes.
“Ha sido un incremento sustancial de dinero, pero también de atribuciones”, explicó el doctor Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
Otros nuevos organismos públicos autónomos que tendrán nuevas responsabilidades gracias a las reformas estructurales son:
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que tendrá un presupuesto de mil 170 millones de pesos; El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con 2 mil millones de pesos; el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) con 893 millones 200 mil 824 pesos o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con 478 millones 332 mil 006 pesos.
Caso aparte es el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de poner en marcha todo el nuevo andamiaje del sistema de juicios orales, por lo que se asignó un presupuesto de 48 mil 552 millones 127 mil 906 pesos.
