Israel Rodríguez
La Jornada
La inclusión de diversas fracciones en el proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos , en las que se instruye a las empresas productivas del Estado a que garanticen que sus operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, implica una gran contradicción con las razones que, en principio, hicieron necesaria la reforma constitucional energética, alertó Fluvio Ruiz, consejero profesional Independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El funcionario resaltó que a través de un artificio jurídico, se pretende colocar a la creación misma de condiciones de mercado, por encima de cualquier otro objetivo (económico, tecnológico, industrial, fiscal) de la reforma.
“Detrás de esta propuesta está la voluntad de que Pemex deje de crecer y ceda a otras empresas y de manera inmediata los nuevos espacios y, de manera paulatina, los espacios donde hoy está bien asentado”, advirtió.
Es importante recordar que en el Senado de la República, en el proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativo, se adicionaron diversas fracciones por medio de las cuales se propone, a las autoridades de la Secretaria de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Competencia Económica para “en el ámbito de su competencia, instruyan a las empresas productivas del Estado , sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados , así como la política pública en materia energética”.
A este respecto, Ruiz Alarcón opinó que estas adiciones dejan de manifiesto que Pemex tiene la suficiente capacidad técnica,operativa y financiera; como para representar un reto para las operadoras internacionales.
De otra manera, no habría necesidad de este tipo de “previsiones” en la Ley. Además, da pie a pensar que el “fortalecimiento de Pemex”, es solo un recurso discursivo de quienes impulsaron la reforma, pues solo si es menester debilitarla para cumplir los objetivos gubernamentales, se entiende que la petrolera pudiera obstaculizar las políticas públicas.
En todo caso, el riesgo mayor de estas disposiciones es que la Secretaría de Energía (Sener), de manera unilateral le impida a Pemex y a las demás empresas productivas del Estado competir e invertir en la industria petrolera; en particular, en las rondas de licitaciones de licencias y contratos de exploración y producción.
“La necesidad de recurrir a una disposición legal como la que se propone, dejaría al descubierto que en la Ronda Cero, a Pemex se le habrían dejado muchas menos áreas exploratorias que las que corresponderían a sus capacidades”.
Explicó que incluso, estas fracciones podrían ser invocadas para evitar que Pemex tuviera una efectiva política de alianzas, lo que nos pondría en la paradoja de una intervención estatal, que distorsionaría la tendencia natural del mercado -cuyos actores principales buscan en un primer tiempo asociarse con Pemex-, a nombre de “la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados”;……De aprobarse el dictamen en sus términos, no se cumpliría la promesa de darle a Pemex los instrumentos y las condiciones necesarias para competir en igualdad de condiciones que todas las demás empresas, destacó. “Hay un notorio sesgo discriminatorio contra la empresa pública, que no se observa en ninguna experiencia internacional precedente”, subrayó.
