Centralización de la corrupción, negocio redondo.
Fabiola Martínez y Roberto Garduño
La Jornada
La Secretaría de Gobernación (SG) conservará el control absoluto de apertura o cierre de casinos, hipódromos, canódromos (galgos), frontones, ferias, peleas de gallos, entre otras actividades de apuestas, según el proyecto de la nueva ‘‘ley federal de juegos y sorteos responsables’’.
Cuando el tema saltó a la discusión pública luego del incendio en el casino Royale de Monterrey (agosto de 2011), donde murió medio centenar de personas, hubo propuestas para que el sector saliera del control de la Secretaría de Gobernación (SG), a fin de impedir la regulación sustentada en criterios políticos. También se dijo que el mando lo debería tomar una instancia financiera e incluso del sector turismo.
Tras el incendio de la casa de juego en Monterrey, Gobernación documentó y entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) expedientes de presuntos casos de corrupción entre funcionarios públicos y empresarios.
En octubre, la discusión
Ahora, en 2014, tras varios meses de construcción de la nueva ley (cuyo proyecto será discutido el mes entrante en la Cámara de Diputados), se decidió preservar el mando para la Secretaría de Gobernación, cuyo titular será presidente del consejo consultivo, coadyuvante del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos (INJS), autoridad en la materia.
A su vez, el director general del Instituto será designado por el secretario de Gobernación.
La actual dirección general de Juegos y Sorteos –a cargo de Marcela González Salas– se transformará en el INJS.
Los ‘‘inspectores verificadores’’ supervisarán casinos, juegos en línea, hipódromos, canódromos (galgódromos), carreras de caballos y peleas de gallos, así como sorteos.
Sin embargo, el grupo actual de inspectores es muy pequeño (actualmente son sólo 62) para estar al tanto de la operación de 342 casinos registrados y un número indeterminado de episodios de otros juegos de apuesta y sorteos. Se prevé, dijo González Salas, un aumento presupuestal para ampliar la plantilla de inspectores (a 120) –divididos en supervisores de juego en vivo y casinos e inspectores de sorteos– y subirles el salario.
‘‘Una de las ventajas de la nueva ley es que se autorizará el juego en vivo, porque hoy por hoy en muchos lugares los hay de carácter clandestino y la capacidad de supervisión de la dirección general es limitada. En cuanto al lavado de dinero y otros delitos, se entrega la información a las autoridades; además, las máquinas serán certificadas con un chip conectado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los casinos tendrán que reportar a los jugadores que intenten gastar más de 30 mil pesos’’, dijo la funcionaria a La Jornada.
En la lista de las atribuciones del instituto (artículo 144 del proyecto elaborado por funcionarios de Gobernación y una comisión especial de diputados), se delinea el poder que tendrá en la denominada industria del juego.
Ante otras instancias de la administración pública federal, la PGR, así como de las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, el INJS sólo establecerá ‘‘cooperación interinstitucional’’.
El instituto se acercará con las instancias en mención e incluso con instituciones públicas y privadas para celebrar acuerdos, aunque absolutamente toda la actividad –y las decisiones fundamentales– estará bajo su control: otorgamiento y revocación de los permisos; supervisión, vigilancia y regulación; prevención y combate de la ludopatía; requisitos para la publicidad; formación de recursos humanos; control del registro y archivo; auditoría a permisionarios, denuncias de delitos, entre otras.
El artículo 144 le marca 36 atribuciones; a su director (artículo 145) le da 13 facultades, entre ellas requerir a cualquier autoridad la información necesaria para vigilar el cumplimiento de la ley. También deberá expedir informes periódicos de su labor y resultados.
Si bien deberá pedir ‘‘opinión favorable’’ al consejo consultivo para determinar las zonas o regiones para la instalación de establecimientos, la decisión última la tendrá el instituto.
En cuanto al consejo consultivo, la pretendida ley indica que podrá emitir al instituto opiniones y recomendaciones, además de hacer actividades en colaboración con el mismo.
El consejo se integra por tres miembros permanentes: secretario de Gobernación (presidente); los titulares de las secretarías de Hacienda, Economía, Trabajo, Salud y Turismo, así como el titular del órgano Interno de Control de la SG.
Como ‘‘invitados permanentes’’, sólo con derecho a voz, estará el titular de la PGR; tres especialistas en el ámbito empresarial, educativo o de investigación ‘‘designados por el secretario de Gobernación’’, además de tres representantes de la sociedad civil, igualmente designados por el responsable de la política interna en turno.
Finalmente, el consejo tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros (es decir, funcionarios) y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
