Ángeles Cruz Martínez
La Jornada
La falta de información y coherencia en los datos aportados sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México –donde 22 personas fueron asesinadas–, ha prevalecido en las investigaciones del grupo de trabajo integrado en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso. No obstante, dice un informe preliminar, se puede concluir que hubo ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y homicidio calificado en el ámbito penal.
Además, con la aceptación de dependencias federales y estatales de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado reconoce que hubo actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen, sostiene el grupo plural.
El reporte señala que aunque entre el 12 de noviembre y el primero de diciembre los diputados se reunieron con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el procurador Jesús Murillo Karam y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, y les plantearon solicitudes formales de información, a la fecha no han recibido ninguna respuesta documental.
Hasta ahora su trabajo se ha centrado en la revisión de datos proporcionados de manera verbal por las diversas autoridades, así como de la recomendación 51/2014 de la CNDH relativa al caso, en la cual el organismo comprobó que elementos militares incurrieron en una acción arbitraria, desproporcionada, innecesaria y desapegada al sistema de derechos humanos, para privar de la vida a los civiles.
El ombudsman también acreditó la presunta responsabilidad de miembros de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, así como de investigadores, peritos y funcionarios locales, actualmente bajo investigación penal y administrativa en la entidad.
En el caso de la participación de los elementos castrenses, los diputados señalan, con base en la información verbal aportada por funcionarios de la Sedena, que no existe información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar y el sargento responsable directo del operativo. Tampoco existen elementos que permitan establecer la responsabilidad de mandos militares más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje.
El informe, de fecha 17 de diciembre, sostiene que no hay elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con ocho soldados cuando lo reglamentario y común es que lo integren al menos 12.
En cuanto a la falta de coherencia de los datos sobre participantes, tiempo y lugar en que se registraron los acontecimientos, el informe menciona que al existir una línea de investigación diversa sobre la presunta responsabilidad de otras personas (civiles) como autores intelectuales de la muerte de 22 individuos y las lesiones que sufrieron otros tres, parecería que la cadena de mando castrense no habría estado implicada en los asesinatos.
Dice que el enfrentamiento con las personas armadas en la bodega tuvo una duración muy corta, máximo 10 minutos. El intercambio de fuego fue interrumpido por las heridas recibidas por un soldado y por la retirada de la línea de fuego de dos soldados que se quedaron en el camino para auxiliarlo. No hay coincidencia en el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y la entrada de soldados a la bodega.
