Jair García
La Jornada
Con la publicación y entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia energética, se han abierto las puertas para que el gobierno federal haga uso de la fuerza pública, incluso del Ejército Nacional, contra las comunidades rurales e indígenas que les estorben para explotación de hidrocarburos, advirtió la coordinadora regional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Daniela Griego Ceballos.
“La reforma energética, ya consumada, generará escenarios de irrupciones violentas en comunidades campesinas e indígenas por la intromisión de las empresas extranjeras que estarán buscando hidrocarburos”, expresó.
Señaló que no pasará mucho tiempo para ser testigos de la embestida de compañías petroleras de Estados Unidos sin importar los derechos de los mexicanos, y por lo tanto, vendrá la radicalización de las luchas campesinas en el país, así como la agudización de la represión por parte de los gobiernos estatales y federal, como ya sucedió en Guerrero y Puebla, donde los dirigentes terminan pagando con cárcel.
Reprochó que el Congreso de la Unió no estableció mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas y campesinas, en apego a los tratados internacionales.
Dijo que en su momento diversas organizaciones se pronunciaron en contra de más de 20 cambios normativos, incluyendo ocho nuevas leyes, que abren la puerta para el despojo del campo y que pone en riesgo los territorios indígenas, sin ser tomados en cuenta.
Daniela Griego Ceballos comentó que la reforma energética es la continuidad a la reforma de la legislación agraria, cuando se modificó en 1992, con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, pone fin al reparto agrario y se de tal manera para aperturar el campo hacia los extranjeros.
Ante esto, opinó que las reformas del presidente Enrique Peña Nieto son sólo para arrebatar la custodia de la riqueza de los recursos naturales que se localizan en su mayoría en los ejidos, “las zonas donde se ha mantenido la vegetación, la fauna es en las comunidades indígenas y eso es lo que está en disputa”, refirió.
“Lo que se teme es una irrupción violenta en las comunidades campesinas e indígenas donde haya localizado hidrocarburos, donde las empresas van a explorar para localizar petróleo, gas, mineral, todo con la anuencia del gobierno y ante la poca defensa que van a tener las organizaciones campesinas”, añadió.
