Por Juan Alberto Cedillo
(Proceso)
MCALLEN, Tex. (apro).- La lujosa y amplia residencia localizada sobre un terreno de varios acres en el número 1500 de la calle Trinity del exclusivo fraccionamiento El Cimarrón de Mission, Texas, resulta conocida para algunos exgobernadores y funcionarios mexicanos: Ricardo Monreal, Humberto Moreira, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Natividad González Parás o Rodrigo Medina.
Algunos de ellos y otros más, como el exgobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, tuvieron al dueño de esa mansión, Luis Carlos Castillo Cervantes, como su proveedor favorito durante sus administraciones.
Castillo Cervantes ahora se encuentra preso en Texas acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.
Durante las audiencias en las cortes de Texas salió a relucir la amistad entre Peña Nieto y Castillo Cervantes, también conocido como El Rey de los Dragones.
“El señor (Guillermo) Flores Cordero testificó que Castillo Cervantes fue amigo de Eugenio Hernández, Humberto Moreira y del presidente Enrique Peña Nieto en los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México”, se escucha en los audios de las audiencias obtenido por Apro, las cuales fueron conducidas por la fiscal Julie Hampton.
Castillo Cervantes, a través de su empresa Immex, obtuvo durante años onerosos contratos adjudicados por los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, y algunos más, a cambio de sobornos que entregaba en efectivo, en algunas ocasiones en su residencia de la calle de Trinity, la cual está valuada en unos tres millones de dólares.
El gobierno federal también le entregó varios contratos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Entre 2013 y 2015 Castillo Cervantes obtuvo convenios por unos 2 mil 400 millones de pesos para mantenimiento de carreteras en 12 estados del país, a través de cinco empresas que utilizaron la maquinaria conocida como “Dragón” que representaba a su empresa Immex.
Los detalles de las transacciones y los sobornos que pagaba a los exgobernadores y al gobierno federal ahora se encuentran en el acuerdo de “clemencia” para su reducción de condena que Castillo Cervantes pactó con los fiscales de Texas.
Ese acuerdo actualmente se mantiene como sellado en la Corte del Distrito de Bexar. No obstante, durante las audiencias previas a que se le dicte condena salieron a relucir algunos detalles sobre el tema.
Apro obtuvo audios de esas audiencias que fueron conducidas por la fiscal adjunta Julie Hampton.
La confesión de Castillo Cervantes ahora debe preocupar a todos los exmandatarios y funcionarios asistentes a las fiestas y cónclaves que se celebraron en Trinity, sobre todo por el uso que dará a ese testimonio la nueva administración de Donald Trump.
¿Quién es Castillo Cervantes?
Originario de Valle Hermoso, Tamaulipas, Castillo Cervantes es miembro de una familia de agricultores. Durante su juventud fue piloto de autos de carreras y compitió en algunas. Salió a principios de la década de los noventa del pequeño poblado huyendo debido a que tuvo un accidente en su auto Corvette, donde murieron dos menores, para refugiarse en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía de esa nación.
Cuando regresó a México se inició en el mundo empresarial como representante de la empresa Cutler Repaving Inc, la cual desarrolló una innovadora máquina recicladora de pavimento para dar mantenimiento a avenidas y carreteras.
Para cuando la maquinaria de Cutler arribó al país, la empresa ya había repavimentado más de 250 millones de metros cuadrados en Estados Unidos. Su máquina conocida como “Dragón” calienta, tritura y mezcla el pavimento deteriorado con nuevo asfalto para repavimentar los caminos.
Entre los primeros clientes de Immex estuvieron municipio de Tamaulipas, como la ciudad de Reynosa. De ahí brincó al gobierno del estado y rápidamente se extendió a Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí.
Lo que debería ser un rentable negocio legal, se transformó rápidamente en una empresa multimillonaria ilegal, debido a contratos inflados y la venta de su maquinaria sobrevalorada a estados, municipios y al gobierno federal.
Gracias a los contratos millonarios que obtuvo desde 2000 al 2015, El Rey de los Dragones comenzó a financiar campañas de políticos de todos los partidos. Entre otros, los candidatos a gobernador de estados como Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y Estado de México recibieron apoyos para sus campañas.
Humberto Moreira recibió un millón de dólares para su campaña. Castillo Cervantes recuperó su inversión con decenas de contratos inflados cuando el profesor ganó la gubernatura, precisa la investigación de los fiscales de Texas.
En 2006, Proceso publicó que “los dragones” llegaron al Estado de México de la mano de Alfredo del Mazo, quien presentó a Castillo Cervantes con Enrique Peña Nieto. A partir de ahí Peña y El Rey de los Dragones se hicieron amigos, documentó la fiscal adjunta Julie Hampton.
Como ciudadano americano, también comenzó a financiar campañas en Estados Unidos. Entre otras la del alcalde de Mission, jueces del Valle de Texas y de al menos un gobernador.
“Moches” en efectivo
Durante las audiencias, la fiscal Hampton detalló la entrega de sobornos que realizó El Rey de los Dragones para los entonces gobernadores Eugenio Hernández y Humberto Moreira, testimonio que fue ratificado por Guillermo Flores Cordero, otro empresario detenido por lavar unos 30 millones de dólares para el exgobernador de Tamaulipas y quien acaba de ser liberado gracias a su colaboración con los fiscales.
Castillo Cervantes entró al estado de Coahuila por la puerta grande. Primero con el gobernador Enrique Martínez y Martínez, y luego con Humberto Moreira, donde una buena cantidad de contratos sobrevalorados.
El tamaulipeco Javier Villarreal, extesorero de Moreira, introdujo a su paisano con el gobernador que abandonó su cargo para convertirse en presidente del PRI.
El testimonio de Cervantes Castillo describe los pagos de 10% de los “moches” por los contratos obtenidos.
Humberto Moreira recibió al menos tres sobornos. Uno de ellos fue entregado en la residencia de Trinity a su entonces secretario de Desarrollo Social Jorge Torres López.
Javier Villarreal fue testigo y cómplice de esas transacciones y fue quien abrió las cuentas bancarias en Texas para depositar el pago de millones de dólares en sobornos por los contratos de pavimentación que obtuvo Castillo Cervantes por parte de gobierno de Coahuila.
En una ocasión, Castillo entregó a Torres López un total de 80 millones de pesos, alrededor de 4 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, aunque el peso valía casi el doble que en ese momento, dijo Hampton durante las audiencias.
“El señor Villarreal estuvo presente en dos de las entregas y conoce también una tercera”, aseguró Hampton.
“Después de que el señor Castillo entregó la última cantidad de dinero, el señor Villarreal y el señor Torres llevaron bolsas de dinero a la residencia privada del señor Torres; llevaron las maletas a un dormitorio y el señor Torres abrió las bolsas y juntó pilas de efectivo a la bolsa hasta que contenía aproximadamente 40 millones de pesos mexicanos”.
“Esa misma noche el señor Villarreal y el señor Torres entregaron el dinero en la residencia del señor Moreira en Saltillo”.
Gracias a las confesiones de Javier Villarreal, Castillo Cervantes fue detenido y acusado por lavado de dinero, ya que sabía que el movimiento de fondos para pagar sobornos representaba un fraude bancario. Hasta ahora se le ha incautado un jet y 36 millones de dólares.
En la última audiencia celebrada el pasado 4 de enero en Corpus Christi se declaró culpable y espera que su sentencia sea menor a 20 años de prisión, gracias a su acuerdo con los fiscales para la reducción de condena.
“Cero diplomacia en las cortes de Texas”
Una fuente que habló con Apro bajo la condición de que se respetara su anonimato, contó que durante la administración del presidente Barack Obama el secretario de Estado, John Kerry, realizó una inusitada recomendación a los fiscales de Texas:
“Que fueran diplomáticos para no ofender a México” durante los juicios que se celebraron contra conocidos narcotraficantes y empresarios relacionados con los cárteles, como el caso del empresario veracruzano Francisco “Pancho” Colorado Cessa.
Incluso en las acusaciones contra Castillo Cervantes se manifestó esa diplomacia. En los documentos de la Corte de Texas, los fiscales señalaron que trasladó millones de dólares para pagar sobornos en “una nación extranjera”, para no mencionar el nombre de México.
En otros juicios los fiscales también evadieron resaltar las conexiones de las organizaciones del narcotráfico con funcionarios mexicanos.
Sólo en una ocasión la Corte de Texas rompió la diplomacia. Ocurrió en el juicio contra el jefe de plaza en Piedras Negras de Los Zetas, Marciano Millán Vázquez, celebrado a mediados de julio de 2016 en San Antonio.
La defensa del capo intentó alegar la inocencia de Marciano Millán presentando documentos oficiales del gobierno de Coahuila. Uno fue la “carta de no antecedentes penales” y otro un oficio de la Procuraduría estatal negando que existiera una investigación criminal contra su cliente.
La respuesta de la Corte federal de Estados Unidos fue: “El documento mexicano no es fiable, ya que se generó en el estado de Coahuila, cuyas autoridades han sido cómplices del cártel de Los Zetas en el tráfico de narcóticos”.
Esa misma actitud se espera por parte de los fiscales de Texas en la era de la administración Trump, cuando salgan a la luz los cómplices en los ilícitos que describió Castillo Cervantes en su confesión para que se reduzca su condena.
