Norma Trujillo Báez
La Jornada
Hay un proceso de privatización de las áreas protegidas y reservas ecológicas en Veracruz, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y el grupo Pronatura muestran el interés en impulsar proyectos ecoturísticos en dichas reservas, lo que abre la puerta al capital trasnacional para adueñarse de los recursos tanto en el Cofre de Perote como en Los Tuxtlas, tal y como ocurre en la Reserva del Nevado de Toluca, expresó Héctor Colío, integrante de la Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos-Nautla.
En entrevista, dijo que la Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos-Nautla rechaza categóricamente este contubernio entre empresas-asociaciones sistémicas y gobierno, que intentan “comprar con regalitos” a las comunidades afectadas que se oponen.
Señalan que bajo la “modalidad” de aprovechamientos ambientales con participación “social” de espacios protegidos y de las reservas de la biósfera en el estado promovida por algunas organizaciones sociales amigas, camina sigilosamente el proceso de privatización de estas áreas originalmente destinadas a la restauración y conservación ambiental, abriéndole el paso a las inversiones trasnacionales destinadas a conseguir energía barata y sucia al medio ambiente.
Colío Galindo refirió que autoridades estatales y federales promueven el aprovechamiento de las comunidades afectadas mediante la creación de fideicomisos y “dádivas solidaristas” que van desde la entrega de despensas y apoyos “productivos”, así como la promesa de construirles pequeñas obras de mejoramiento de los servicios de salud y educación que debieran ser resueltas por el gobierno en aquellas poblaciones enclavadas en las montañas donde el despojo de los recursos naturales se ha puesto a la orden del día.
Puso de ejemplo de que en la cuenca del Río Bobos, ante la pretensión de las empresas hidroeléctricas y la oposición de comunidades a ser desalojadas de sus tierras y dar paso a la construcción de apresamiento, desvío y entubamiento de los afluentes, han desatado una campaña de convencimiento donde se involucran dependencias encargadas de la protección ambiental como la Sedema, e implementan una política de apertura a supuestos proyectos turísticos y de desarrollo que sólo beneficiarán a las empresas del despojo y devastación ambiental.
“Sedema se ha coordinado con organizaciones civiles para abrir paso a la construcción de presas bajo un supuesto aprovechamiento ‘sustentable’ de las corrientes de ríos de la cuenca alta, tal como lo propone Pronatura, que recomienda en alguno de sus proyectos el uso de estas corrientes para la producción eléctrica bajo la modalidad de beneficio compartido con las comunidades mediante el pago por servicios ambientales, quiere decir que con este argumento de supuesta sustentabilidad se facilitaría la instalación de los 24 proyectos en esta cuenca según las estimaciones proyectadas por la propia Secretaría de Energía (SE)”, enfatizó.
Por lo tanto no resulta casual que la ofensiva desatada por la compañía internacional de concesiones y construcción OHL, en sus trabajos El Águila y Tatatila en Altotonga, ahora gocen del respaldo abierto tanto del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y organizaciones no gubernamentales (ONG) sistémicas, que intentan convencer a las comunidades de las “bondades” de la participación social en este proceso privatizador de los recursos, explicó el defensor del Río Bobos.
“Como complemento –sostuvo– hoy se difunden desafortunadas apreciaciones de funcionarios ambientales que hablan del ‘valor y riqueza’ turística de los ríos veracruzanos precisamente dentro de las poligonales que las empresas han demandado para la instalación de presas y trasvases de los causes, lo que pone al descubierto esta sigilosa campaña del capital y gobierno de entregar al mejor postor los recursos que dan vida a las cuencas por un lado y por el otro declarar el supuesto interés del gobierno de ampliar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y reservas en el estado, bajo supuestos planes de manejo excluyentes como es el caso de las 31 mil hectáreas en la zona protegida que abarca el corredor que viene en la barranca del Metlác, desde Chocamán, Fortín y parte de Amatlán, además de la parte baja hacia la sierra de Zongolíca”.
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