Emir Olivares Alonso
La Jornada
Con el objetivo de proteger la integridad de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y de los defensores de garantías fundamentales que han atendido el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los «gobiernos» federal y de Guerrero otorgar medidas precautorias en favor de los involucrados en el caso Iguala.
[Solicitó a los asesinos «medidas precautorias» a los padres de sus víctimas… ¡genial!]
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez informó que las medidas solicitadas deben consistir en que los funcionarios gubernamentales instruyan, en el ámbito de sus competencias, a los servidores públicos de ambos niveles de gobierno, en especial a los encargados de las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad personal de los defensores civiles de derechos humanos, víctimas y familiares de los involucrados en el asesinato y ejecución de los normalistas, así como de otras tres personas que pasaban por el lugar en el momento del ataque y que también perdieron la vida.
Además, ambas administraciones deben instruir a sus funcionarios a garantizar un trato digno y respetuoso a quienes sean favorecidos por esta proyección.
La CNDH informó que el viernes pasado dirigió sendos oficios, uno a Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y otro a Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero, en los que se hace saber que en fechas recientes se han dado a conocer a través de los medios de comunicación diversas opiniones y expresiones de servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, en torno a la problemática que prevalece en el estado, especialmente en el caso de Ayotzinapa, en que se descalifica el trabajo que realizan tanto defensores civiles de derechos humanos como los familiares de las víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en sus reclamos de justicia.
El organismo nacional recordó que realiza una investigación por el ataque a los normalistas así como lo las fosas clandestinas que se han hallado en Guerrero, en la cual se verifica que las autoridades de ambos órdenes de gobierno «cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y evitar al mismo tiempo que hechos como los acontecidos queden impunes».
