John M. Ackerman
La Jornada
Solamente un ciudadano totalmente desubicado podría creer que la detención del doctor José Manuel Mireles haya sido para garantizar el estado de derecho” o que las reformas en materia de telecomunicaciones nos permitirán “entrar por la puerta grande a la modernidad”. Las constantes mentiras, engaños y fraudes de las «autoridades gubernamentales» y de la clase política han demostrado que siempre es mejor primero desconfiar de la versión oficial. La natural actitud crítica y contestataria del pueblo mexicano constituye una gran fortaleza en momentos de ignominia autoritaria como hoy.
El encarcelamiento de Mireles es una evidente venganza política. Las mismas «autoridades» han señalado que la detención del líder de las autodefensas michoacanas es en respuesta a la “violación a los acuerdos alcanzados el 14 de abril”, en que se pactó el desarme de las autodefensas y su incorporación a las Fuerzas Rurales a partir del 10 de mayo. Es decir, el principal pecado de Mireles no sería la portación de armas en sí, sino su supuesto incumplimiento con un acuerdo estrictamente político.
De lo contrario no habría forma de entender la fecha, el modo y el lugar de la detención. Las actividades en que participaba Mireles el pasado viernes, 27 de junio eran exactamente las mismas que venía desarrollando desde hace más de un año, alentadas y toleradas desde el principio por el mismo «gobierno». Si estas acciones eran tan peligrosas y antisociales, ¿por qué no detenerlo desde febrero de 2013, cuando inició el movimiento de las autodefensas, o el mismo 10 de mayo de 2014, la supuesta fecha límite para el desarme? En su caso, quienes realmente tendrían que estar sujetos a proceso penal serían las autoridades gubernamentales que fomentaron y durante meses acompañaron directamente a las autodefensas como Óscar Naranjo, Alfredo Castillo y Miguel Ángel Osorio Chong.
No existe duda de que la detención de Mireles haya sido una determinación política. Se hizo para castigarlo por su valentía al denunciar los vínculos de las «autoridades» con el crimen organizado y su independencia al insistir que no entregaría las armas hasta que el «gobierno» hubiera cumplido con su responsabilidad de traer la paz y la justicia a Michoacán.
Mireles se suma entonces a la larga lista de presos políticos del actual «gobierno» autoritario junto con Nestora Salgado, Juan Carlos Flores, Enedina Rosas, Abraham Cordero, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Bernardino García, Marco Suástegui y muchos más cuyo único “delito” ha sido defender su dignidad y los derechos del pueblo. Es imperdonable el silencio sobre estos casos de casi todos los medios de comunicación, así como de sus locutores y sus analistas oficiales.
Y para garantizar que este oscuro manto de silencio cómplice no se levante jamás, los senadores han aprobado una contrarreforma en materia de telecomunicaciones que cancela cualquier posibilidad de lograr una verdadera pluralidad informativa en los medios de comunicación electrónicos. Durante la discusión de los dictámenes, un grupo de valientes activistas, encabezado por César Alan Ruiz y Neftalí Granados, fue forzosamente expulsado del Senado. La mesa directiva del Senado posteriormente prohibió la entrada a cualquier presencia ciudadana e incluso de asesores parlamentarios al salón de sesiones.
Mientras, el secretario técnico de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Misha Leonel Granados, paseaba libremente entre los senadores verificando acuerdos y garantizando la “limpieza” del dictamen aprobado. Asimismo, los senadores de la oposición democrática prefirieron participar en la simulación de “debatir” las 383 reservas desde la tribuna en lugar de tomar acciones más contundentes dentro o fuera del recinto parlamentario que los podrían haber acercado a la creciente indignación del pueblo excluido y burlado por el proceso legislativo.
Se comprobó la subordinación del Congreso de la Unión a los poderes fácticos, así como el desapego de toda la clase política hacia los intereses ciudadanos. Si México fuera un país democrático, el pueblo tendría una oportunidad de oro para cobrarles su traición a PRI, PAN y PRD en las próximas elecciones de 2015, tanto federales como en una docena de estados de la República. Sin embargo, con un Instituto Nacional Electoral totalmente controlado por el PRI, y que ya ha declarado que “no más no vamos a poder” con la responsabilidad de fiscalizar todas las elecciones en el país, [ES CLARAMENTE IMPOSIBLE] que las elecciones de próximo año cumplan con la “autenticidad” mandatada por la Constitución.
El régimen autoritario ha perdido piso y no conoce límites. En respuesta a quienes han señalado que la detención de Mireles tendría un trasfondo político, Osorio Chong ha declarado que “es criminal hacerlo, es más, es criminal tan sólo pensarlo”. Al parecer, el encarcelamiento de activistas, la cancelación de la libertad de expresión y la censura en Internet son apenas el principio. Si hoy el pueblo no se levanta, mañana hasta nuestros pensamientos más íntimos serán criminalizados como en los peores estados totalitarios.
