México, 13 de abril 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Lo hemos dicho varias veces en este medio: si hay alguien más despreciable aún que los delincuentes perpetradores de las barbaridades cotidianas en este país, son los falsos «jueces» que, se supone, están encargados de impartir justicia y se dedican exactamente a lo contrario. La sociedad les confiere el último filtro –el más importante– en la consolidación del Estado de Derecho. En teoría, son los garantes de la aplicación estricta de la ley en todos los niveles. Pero la grosera impunidad que reina en México demuestra la putrefacción absoluta del Poder Judicial y quienes lo usurpan: traidores a la sociedad, lacras de toga y birrete, prevaricadores y asesinos de la verdadera justicia.
Por enésima vez, los sujetos que actualmente ocupan la «Suprema Corte de Justicia de la Nación» (SCJN) –qué burla llamarle así a ese nido de criminales–, exhibieron, otra vez, su aberrante complicidad con el actual régimen usurpador y avalaron un atropello más a los derechos de la ciudadanía, que también tiene gran responsabilidad en estas injusticias… por permitirlas.
El diario La Jornada informó hoy que la segunda sala de la SCJN perfila declarar constitucional el artículo 190, fracción II de la «Ley Federal de Telecomunicaciones», vandalizada por el actual régimen usurpador, que faculta a «funcionarios» del régimen usurpador para requerir discrecionalmente los datos de las comunicaciones telefónicas de la ciudadanía, a empresas concesionarias de telefonía fija y móvil.
En tal sentido, el proyecto del «ministro» Fernando Franco González Sala, sostiene que las disposiciones señaladas en ese artículo «son proporcionales, ya que tienen por objeto cumplir con el derecho a la seguridad personal y no trasgreden el núcleo esencial del derecho a la privacidad de las personas, en la medida en que sólo en determinadas circunstancias se hará uso de dicha información».
Eso parecería racional si viviéramos en un Estado de Derecho, pero México está secuestrado por delincuentes abusivos, represores y, en una palabra, ASESINOS. Legalizar este atropello –que de hecho ya se está haciendo– es darles manga ancha para cometer peores arbitrariedades, en su afán de perpetuarse en el poder a costa de controlar, perseguir y someter por todos los medios posibles a los mexicanos.
Según el citado diario, González Sala sostiene que la solicitud de acceso por parte de las autoridades a la información de telefonía fija o móvil –la cual deberán entregar las empresas de telecomunicaciones cuando les sea requerida por la autoridad– debe realizarse en términos del artículo 16 constitucional, lo que garantizaría el respeto a los derechos ciudadanos. ¿Y cuándo se han respetado?
Ah, pero eso sí. El espionaje y difusión de datos de comunicaciones no aplica en investigaciones de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. ¡Claro! A la olgiarquía no se le balconeará en sus mañas, ¿verdad?
Con información de La Jornada
