Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Siete de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre durante la manifestación en el Zócalo, exigieron a los gobiernos federal y local garantizar su integridad física y psicológica debido a la tortura e intimidación que sufrieron por parte de las autoridades.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tras ser liberados este sábado, los jóvenes denunciaron que personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cometió varios abusos en su contra.
Acusaron que durante su detención se les condicionó contactar a sus abogados y familiares a cambio de que firmaran declaraciones y ser sometidos a pruebas periciales.
Señalaron que desde que fueron detenidos hasta su traslado a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit, fueron objeto de torturas físicas y psicológicas.
Atzín Andrade, estudiante de La Esmeralda, recordó que al momento de su detención en el Zócalo fue golpeado por policías en la cabeza y arrastrado al Palacio Nacional, de donde luego fue trasladado a la SEIDO.
Agregó que el trato que les dieron fue denigrante y que los amenazaron con desaparecerlos, “nos trataron como la peor escoria”, expresó.
Liliana Garduño consideró que su captura fue arbitraria ya que ella sólo acudió a la manifestación para tomar fotografías y que jamás le dijeron los motivos por los que fue detenida.
Los liberados afirmaron que sufrieron abusos verbales, aislamiento e intimidación de la policía e incluso obligados a firmar documentos que los les dejaron leer.
Otra de las jóvenes liberadas, Tania Ivonne Damián Rojas, llamó al Peña Nieto, al «secretario de Gobernación», al «procurador de la República», al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública del DF, al procurador del DF y a la SEIDO hacer un pronunciamiento en el que aseguren la integridad de sus familias.
[O sea, ¿que los propios torturadores les garanticen que no los van a torturar? ¿O cómo?]
Luis Alberto Muñoz, abogado del grupo de defensores que llevó el caso, dijo que con las detenciones de los 11 jóvenes se evidencia una estrategia para que los jóvenes no salgan a las calles.
Consideró que la detención de las 11 personas no fue un error sino una estrategia de incriminación.
Los liberados indicaron que participarán mañana en la marcha por el «segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto» [qué asco Proceso rindiendo tanta ceremonia a un miserable delincuente…]
