Por Redacción
(La Jornada)
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se pronunció este lunes sobre la violencia contra periodistas mexicanos ocurrida en las últimas semanas, y a raíz del asesinato de Mirolsava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua.
En un comunicado, expresa su gran preocupación debido «al peligroso recrudecimiento» de la violencia y ataques armados en contra tanto de comunicadores como de defensores de derechos humanos en México.
La escala de estos ataques, señala, revela «un alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que periodistas y defensores ejerzan su importante labor en el país, así como un gravísimo despliegue de violencia en su contra».
En un listado resume lo hechos ocurridos solamente en las primeras semanas de marzo de 2017, y que es como sigue:
-Homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto el 2 de marzo de 2017 en el estado de Guerrero. El señor Pineda era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal.
-Agresión en contra de Santiago Ambrosio Hernández, presidente del “Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio de Nochixtlán” el 5 de marzo de 2017 y ataque armado en contra de otro defensor de derechos humanos para el caso Nochixtlan el 21 de marzo del mismo año.
.Homicidio del periodista Ricardo Monlui Cabrera ocurrido el 19 de marzo de 2017 en el estado de Veracruz. El señor Monlui era director del medio impreso El Político, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región y columnista.
-Ataque armado en contra de la defensora de derechos humanos Alma Barraza y de su escolta el 22 de marzo de 2017 en el estado de Sinaloa, que lamentablemente resultó en la muerte de su escolta. La señora Barraza es beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG).
-Homicidio de la periodista Miroslava Breach Velduce el 23 de marzo de 2017 en el estado de Chihuahua. La señora Breach colaboraba con los periódicos La Jornada y Norte de Juárez.
Cualquier agresión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, añade, es inaceptable, pero es «especialmente alarmante cuando son víctimas de ataques directos, violentos y de homicidios».
La agencia WOLA resaltar que estos hechos se presentan pocas semanas después de los asesinatos de los defensores de derechos humanos rarámuris cuyo trabajo se enfocaba en temas ambientales, Isidro Baldenegro ocurrido el 15 de enero de 2017 y de Juan Ontiveros Ramos, ocurrido el 1º de febrero del mismo año. «Este nivel de violencia en contra de periodistas y defensores en México no es aceptable.
«En México ya existen mecanismos federales y locales para la protección de defensores y periodistas, incluyendo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG) y todas las procuradurías del país, incluyendo a la Procuraduría General de la República (PGR), están obligados a investigar delitos en contra de estos grupos. Pero los recientes casos demuestran que hasta el momento dichos mecanismos no han sido suficientes ni para prevenir ataques en contra de periodistas y defensores ni para solventar sus necesidades de protección. La impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos: al no existir investigaciones serias y expeditas y sanciones por delitos en contra de periodistas y defensores, el gobierno mexicano envía el mensaje de que los ataques en su contra no serán sancionados.
«La confianza de los defensores y periodistas en México no se gana con promesas, sino con resultados: con más libertad y mejores condiciones para ejercer su labor, con la reducción progresiva de amenazas y ataques y con justicia por delitos en su contra. Existen múltiples diagnósticos sobre lo que el gobierno mexicano debe implementar para mejorar los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo varios análisis hechos por WOLA y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y es responsabilidad de las autoridades mexicanas en su conjunto (incluyendo autoridades federales y locales) garantizar la integridad y seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.
«Las autoridades mexicanas deben implementar acciones inmediatas para que ataques armados como los registrados en los primeros meses del año ya no se repitan. Entre las primeras acciones se encuentra enviar un mensaje público y contundente que reconozca expresamente la importancia y valor del trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos en México y asegurar que estos casos no terminarán en impunidad.
«También es importante visibilizar el contexto geográfico, así como el valor periodístico y de defensa de derechos humanos de quienes recientemente han sido víctimas de ataques. Los estados de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca donde se han registrado dichos recientes ataques presentan graves problemas de violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada, desplazamiento interno y violaciones a los derechos humanos. En todos estos estados existen antecedentes de represión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y de la población en general que no han sido investigados ni sancionados. Aún en estos contextos tan hostiles y peligrosos, los periodistas y defensores ejercen una importante labor social de documentación, denuncia e informativa.
«Ante las circunstancias actuales el gobierno tiene que dar más que promesas vacías, declaraciones genéricas y justificaciones. Urgen compromisos concretos de las autoridades mexicanas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y justicia para las agresiones en su contra».
