Alfredo Méndez
La Jornada
México, DF. Un actuario del juzgado 40 de lo civil del Tribunal Superior del Distrito Federal (TSDF) notificó este viernes el «embargo inmediato de todas las cuentas bancarias de la delegación Miguel Hidalgo», como parte de un litigio en el que la administración del perredista Víctor Hugo Romo se ha negado a pagar un adeudo de un millón 100 mil pesos que tiene la delegación con la empresa Iluminación y Suministros Eléctricos SA de CV desde el año 2009.
Según consta en el expediente 1452/2012, del que posee copia La Jornada, el acta de notificación firmada por el actuario Alejandro Montaño fue entregada este viernes a Adolfo Román Montero, director jurídico de Miguel Hidalgo, quien en entrevista con este diario reconoció que la orden de embargo sí existe.
No obstante, según la intepretación que hizo el director jurídico de la orden de embargo judicial, los efectos de la misma no impiden que el delegado pueda hacer uso del dinero que administra la demarcación a su cargo.
“La delegación no se está negando a pagar, es simplemente que por ahora no contamos con los recursos (para liquidar el adeudo), y estamos solicitando la intervención de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para hacer frente a este tema y (para) que se cancele este embargo”, refirió Román.
“Efectivamente el dia de hoy (viernes 31 de octubre) recibimos en la delegación una notificación de embargo, pero no es mas que una solicitud en la cual un juez nos está avisando que se pidió informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que le rinda informes al juez cuadragésimo de lo civil sobre el monto total de las cuentas bancarias de la delegación. Es decir que en este momento no se puede afirmar que estemos impedidos de usar nuestras cuentas”, añadió el director jurídico de Miguel Hidalgo.
En una posición contraria a lo que manifestó Adolfo Román, el abogado Jesús Alberto Guerrero Rojas, apoderado de la empresa que demandó civilmente a la delegación, dijo a este diario que los artículos 510 y 536 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen que este tipo de embargos sí impiden que los depositarios de las cuentas embargadas (en este caso se nombró a Víctor Hugo Romo como depositario) hagan uso del dinero embargado, hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) rinda informes del estado que guardan dichas cuentas, lo que en el caso de la Miguel Hidalgo ocurrirá la próxima semana.
Guerrero advirtió que si el delegado hace uso en estos días de las cuentas de la delegación, así sea un peso, incurrirá en el delito de abuso de confianza y se hará merecedor de una pena que va de seis a 12 años de prisión.
“En caso de que haga movimientos, el delegado puede ser castigado por el delito de abuso de confianza conforme al Código Penal para el Distrito Federal, así que la delegación no podrá efectuar movimientos bancarios hasta que pague, todo esto por la irresponsabilidad del delegado, pues la sentencia definitiva en que fueron condenados a pagar tiene fecha 22 de abril del 2013, y es por ello que el juzgado optó por emitir la orden de embargo”, sostuvo Guerrero.
Añadió que el monto original del adeudo era de 573 mil pesos, pero dado que han transcurrido más de tres años sin que la administración de Romo haya cumplido con su obligación, la ley civil en el Distrito Federal contempla la posibilidad de que el acreedor haga valer la aplicación de “cargos financieros”, a razón de dos por ciento mensual, lo que eleva el adeudo a un millón 100 mil pesos.
“Los cargos financieros vienen en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, que dice: si (la autoridad administrativa) no paga a tiempo, eso le hará acreedora a un cargo financiero de dos por ciento mensual, y si estamos hablando de que este juicio ya lleva mas de tres años, entonces, si la suerte principal son 572 mil pesos, ya con cargos financieros supera el millón de pesos”, destacó Guerrero Rojas.
