México, 22 de mayo 2020 (NOTIGODÍNEZ).- Pese a que desde hace varios años se ha denunciado la devastación causada por la minera Frisco, propiedad del magnate Carlos Slim Helú, en la comunidad de Salaverna y otras aledañas en el estado de Zacatecas, la saqueadora empresa sigue operando y causando daños irreversibles en plena contingencia sanitaria.
De acuerdo con el diario La Jornada, una nueva denuncia fue interpuesta contra la minera del acaudalado empresario y todos sus representantes, debido a que las fuertes explosiones que sigue realizando para saquear cobre, zinc y otros metales, no sólo están acabando con el medio ambiente en la zona sino que han cuarteado, derruido y colapsado las viviendas de los habitantes.
En efecto, desde el año 2012 se han exhibido los daños en las comunidades del municipio de Mazapil, el más afectado por la brutal actividad minera, con afectaciones que van desde cuarteaduras leves hasta fallas en el subsuelo que han causado derrumbes de casas enteras.
Por si fuera poco, el hostigamiento contra Roberto de la Rosa, representante de la comunidad de Salaverna, no ha parado desde que se organizó con los habitantes para enfrentar a la saqueadora empresa.
En tal sentido, don Roberto y un par de diputados locales presentaron la denuncia contra Carlos Slim por despojar de sus tierras a los habitantes del pueblo, la destrucción de sus viviendas y el daño al medio ambiente que la minera ha provocado en el municipio de Mazapil.
Los denunciantes explicaron que desde hace años han sido hostigados por el “gobierno” estatal para frenar su resistencia a la minera. El propio Roberto de la Rosa había presentado denuncias contra los ex “gobernadores” Miguel Alonso y Alejandro Tello, quienes no sólo ignoraron los reclamos de los habitantes sino que convalidaron el ingreso de maquinaria pesada para destruir las viviendas de los campesinos y expulsarlos de sus propias tierras.
Asimismo, también denunciaron públicamente al presidente municipal de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga, y a la titular de la Secretaría de Economía federal, Graciela Márquez, señalándolos como cómplices directos del ataque, pues proporcionaron las herramientas y secuencia para que la empresa pudiera invadir y despojar a los más de 2 mil habitantes que antes vivían en Salaverna.
Además del desalojo violento, las explosiones de la mina prácticamente dentro del poblado han orillado a los habitantes a salir huyendo. Según la narración de don Roberto, “en su casa ya no se puede colocar algún mueble cerca de las paredes, ya que están muy afectadas por esta falla en el suelo”. Las imágenes no mienten.
Con información de La Jornada
