La súbita decisión de cambiar la candidatura de un especialista por la de un burócrata de la diplomacia para representar a México ante el Comité de la ONU contra la Tortura, prendió las alarmas entre los expertos. Afirman que la administración de Enrique Peña Nieto da una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. La postulación de Claude Heller, sostiene el candidato desplazado, tiene la finalidad de “defender la imagen” del país en momentos en los cuales se le señala –especialmente desde el estadunidense Departamento de Estado, como ocurrió el jueves 25– por las constantes violaciones a las garantías elementales de sus ciudadanos.
Gloria L. Díaz y M. Tourliere
Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El martes 16 de junio, el [régimen usurpador] de Enrique Peña Nieto dio una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. Ese día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó al Comité contra la Tortura (CAT), de la ONU, el cambio de la candidatura mexicana para ocupar un puesto en ese órgano, que es el responsable de verificar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Un auténtico especialista en el tema de la tortura, Miguel Sarre, registrado el pasado 28 de abril, fue canjeado por un diplomático en retiro, Claude Heller Rouassant, experto en defender a México en escenarios internacionales.
La decisión marcaría un cambio más en la política exterior de México en relación con los órganos de derechos humanos y en la forma en la cual se habían registrado las postulaciones de expertos, considera José Antonio Guevara Bermúdez, exministro de Asuntos de Derechos Humanos de la Misión Permanente de México ante la ONU, en Ginebra.
“Llama la atención la visión de país bananero de la Cancillería –dice Guevara en entrevista–, de buscar controlar los mecanismos de derechos humanos de la ONU metiendo amigos del régimen, tratar de controlar el impacto internacional sobre lo que está ocurriendo en México, minimizar los ‘ataques a la patria’”.
Actualmente director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de la ONU, Guevara resalta que pese a no haber reglas claras para designar candidatos a los organismos internacionales, “en sexenios anteriores se recurrió a consultas entre las organizaciones de la sociedad civil para postular en 2006 a Miguel Sarre al Subcomité para la Prevención de la Tortura, y en 2010 para impulsar a Carlos Ríos Espinosa como miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Reconoce que aunque en esta ocasión la Cancillería no sometió a consulta la postulación de Sarre para contender por un lugar en el CAT, “es claro que cuenta con todas las credenciales, y de habernos preguntado, por supuesto que hubiera tenido el aval de las organizaciones. Nos sorprende que hayan decido cambiar a un experto como Miguel por un diplomático cuyo único mérito ha sido representar a México en diferentes delegaciones, misiones o embajadas”.
México, bajo la lupa
Siete días después de la decisión tomada por la SRE, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, organizaciones de la sociedad civil reprocharon en una carta la decisión tomada por la dependencia.
Los firmantes le recuerdan a Meade que su decisión trastoca los Principios y Directrices de Addis Abeba, aprobados en junio de 2012 por los presidentes de los órganos de derechos humanos de la ONU, sobre la independencia e imparcialidad que deben tener los miembros de dichos órganos.
Los lineamientos referidos señalan que los “conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales”.
Guevara agrega: “Como miembro de un Grupo de Trabajo o un Comité de la ONU, trabajas con tus propios recursos y viajas a Ginebra cuando hay sesiones ordinarias, en el caso del CAT tres veces al año. No hay paga. Habría que preguntarle al embajador qué lo motiva a aceptar la nominación, si carece de experiencia y conocimiento para ejercer el cargo”.
Peor aún, agrega, cuando se trata de un tema en el cual México no tiene cifras que lo libren del escrutinio al que será sometido el país el próximo año por el CAT, en seguimiento a recomendaciones de 2012.
De acuerdo con datos obtenidos por la CMDPDH por medio de solicitudes de información pública, de 2006 a octubre de 2014 la Procuraduría General de la República acumuló 4 mil 55 denuncias por tortura, 88% de ellas sólo en los últimos dos años.
De las más de 4 mil denuncias, la dependencia sólo integró mil 884 averiguaciones previas, y de 2005 a 2013 los jueces únicamente habían emitido cinco sentencias condenatorias (Proceso 2006).
“Las cifras son escandalosas, de ahí las sospechas sobre qué pretende el gobierno [sic] de México que haga un embajador en retiro como miembro del CAT, que entre sus competencias tiene la de conocer casos específicos. La CMDPDH tiene cuatro expedientes y este año presentará otros tres.
“¿El embajador va a tratar de cabildear para minimizar el impacto de las investigaciones o simplemente va a reportar a sus superiores en la Cancillería qué es lo que se cocina en el CAT?”, se pregunta Guevara Bermúdez.
Dudas similares llegaron a la mente de Sarre Iguíniz el martes 16, cuando recibió la llamada del coordinador de asesores de la SRE, Carlos Pérez Verdía, para anunciarle que el canciller Meade lo había revocado como candidato al CAT.
“No me dijo a quién nombrarían para sustituirme, pero me dijo que se trataba de una nueva política en la Cancillería, que enviarán personal de carrera, retirado, para ocupar (los cargos en la ONU)”, dice en entrevista el profesor numerario del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Difícil de creer, pues en enero fue la propia dependencia encabezada por Meade la que le notificó la intención del «gobierno» de hacerlo su candidato al CAT.
Por conducto de Alejandro Alday, director de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Sarre supo de la instrucción del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, de postularlo en el proceso de renovación de cinco de los 10 puestos con que cuenta el Comité, a realizarse el 8 de octubre. La Cancillería “tenía buenas referencias” de su trabajo, le comentó el funcionario.
Larga trayectoria
Reconocido ampliamente por su labor académica desde 1997 en el ITAM y catedrático de la maestría en derechos humanos por la Universidad de Notre Dame, Indiana, los últimos ocho años Sarre formó parte del grupo de 25 expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.
Con amplia trayectoria en el mundo de los derechos humanos, en México el académico fue ómbudsman de Aguascalientes, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar y autor de Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, publicado por la Suprema Corte de Justicia.
Con esa historia de por medio, la postulación de Sarre para ocupar un lugar en el CAT parecía natural; tanto, que el pasado 15 de mayo, Alday le comentó que la dependencia había conseguido los votos necesarios para su nombramiento, por lo que ya no era necesaria su presencia en Ginebra para que el investigador se promoviera entre los delgados de otros países.
Al menos esa fue la explicación que el funcionario le dio para cancelar el viaje al CAT que el investigador tenía programado realizar entre el lunes 22 y el miércoles 24.
Además, le dijo Alday, la Secretaría de Hacienda podría considerar “gasto innecesario” una visita a Ginebra, y sancionar a la dependencia. “No sospeché nada. Qué ingenuo, ¿verdad?”, reconoce Sarre.
Un mes después, en la página del CAT se hacía público el reemplazo de la candidatura de Sarre por la del embajador emérito Claude Heller Rouassant, recién jubilado del servicio exterior y ahora investigador en El Colegio de México, su alma máter.
En su larga carrera diplomática, Heller ha sido embajador en Suiza, Francia, Cuba y Japón, y representante permanente ante el Consejo de Seguridad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como ante la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otros cargos, siempre como funcionario de la SRE.
Reflexiona Sarre: “No sé si soy el más indicado para el puesto, pero sé que (el embajador Heller) es el menos indicado, por su vinculación con el Estado mexicano”.
Heller es producto del servicio exterior, cuyos funcionarios “no tienen nada de independientes (…) forman parte del Poder Ejecutivo y están marcados por su línea –abunda Sarre–, formados en una escuela de promoción y defensa de la imagen de México; son vendedores de imagen, como todos los diplomáticos”.
Analiza: “Hay una explicación oficial (para mi revocación), que es la de dar un estímulo a los embajadores eméritos y que es mala. Pero hay otra peor: la que consiste en ocupar todos los espacios públicos, incluyendo los del servicio exterior, con un criterio político”.
Para el catedrático, su reemplazo no es ajeno al diferendo de la Cancillería con el relator especial de la ONU sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, quien en un informe final de su visita a México, en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos, concluyó que la “tortura y malos tratos son generalizados” en el país. El [régimen usurpador] de Peña Nieto no tardó en descalificar entonces el documento y a su autor (Proceso 2005).
El reporte de Méndez fue retomado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado el jueves 25, en el cual se habló de los “serios abusos” contra la población en los que intervienen las fuerzas del orden. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa ocuparon un lugar importante en el documento.
Frente al informe demoledor, la Cancillería denunció un “ejercicio unilateral” por parte de Washington.
Puesto desperdiciado
Si bien Sarre reconoce que, como parte de los mecanismos de la ONU, los expertos no pueden conocer asuntos sobre su país de origen, lo cierto es que “pueden ejercer una influencia indirecta. Las pláticas durante el café y en los pasillos son muy importantes, se dicen muchas cosas”.
–¿Le interesa al gobierno [sic] de México el tema de la tortura? –se le pregunta.
–No es que tenga preocupación por la tortura y que quiera cumplir con su mandato constitucional. Más bien quiere colocar personas en los puestos claves y en cualquier tema de la agenda. Es presencia y prestigio de México.
A diferencia de la asamblea general y los demás órganos institucionales de la ONU, que son espacios políticos y diplomáticos, los 10 comités especiales en materia de derechos humanos que operan en Ginebra tienen una misión meramente técnica: verifican si, en la práctica, los Estados miembros cumplen los convenios internacionales que firmaron.
“Son temas que tienen su sutileza y necesitan expertos: ¡Sólo hay 10 personas en el mundo que van a revisar el tema de tortura! Es necesario que sepan cómo sucede la tortura para que sepan dónde observar y hagan las observaciones pertinentes a los Estados”, explica Sarre.
“Son puestos a los que se debe cuidar mucho. Desperdiciar un puesto de experto es cometer un crimen; equivale a defraudar el esfuerzo de las Naciones Unidas para elevar las reglas del juego”, agrega.
De acuerdo con el académico, en la ONU hay un “mercado de votos” en el cual los Estados se “prestan” votos a cambio de favores o de un “reembolso” posterior para otro cargo.
–¿Cómo en la FIFA? –se le pregunta.
–Así es –responde con una risa de amargura.
Gracias a las fallas de este sistema, ciertos países envían a los comités al “suegro del presidente” u otras personas no calificadas, en lugar de mandar expertos, quienes en las visitas de trabajo se convierten en “peso muerto”, deplora Sarre.
“No es que los expertos seamos sabios, pero hemos escrito sobre el tema. Esto crea un precedente, casi una obligación ante la sociedad civil, que nos puede reclamar si en el Comité no somos congruentes con nuestros escritos”, comenta.
Pese a que los Principios y Directrices de Addis Abeba son claros en las definiciones de independencia e imparcialidad que deben tener los expertos de los comités de la ONU, Sarre estima “probable” que Heller salga electo en octubre, pues la Cancillería conserva los votos conseguidos para su propia candidatura.
Contactado por Proceso, el embajador emérito se negó a comentar su nominación.
Comunicación social de la Cancillería sostuvo que “el profesor Claude Heller tiene el perfil y la trayectoria adecuados para dar viabilidad a la candidatura para fungir como experto en el Comité contra la Tortura, ya que cuenta con una vasta y diversa experiencia en derechos humanos, en particular en órganos especializados tanto universales como regionales en la materia”.
Asimismo informó que los altos funcionarios de la Cancillería, entre ellos Alejandro Alday, no concederían entrevistas sobre el tema.
