Martín Hernández Alcántara
La Jornada
El nivel de apertura que ha tenido el «gobierno» de Rafael Moreno Valle Rosas para colaborar con las investigaciones que sobre la represión a vecinos de San Bernardino Chalchihuapan realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puede evidenciarse en que el organismo le ha hecho 12 solicitudes de información sobre los hechos, de las cuales solo tres han sido respondidas por las autoridades locales, según reveló el ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva.
El reportero Álvaro Ramírez publicó ayer en el portal e–consulta que el presidente de la CNDH adelantó que muchas de las heridas de las víctimas de Chalchihuapan son “parecidas, presentan características de bordes circulares; los peritos están analizando, para determinar qué tipo de objeto pudieron haber propiciado ese tipo de lesiones”.
En el expediente, que se nutre día a día con testimonio y pruebas de los agraviados y las comparecencias de los funcionarios morenovallistas, sumó ya este miércoles 12 solicitudes de información a las autoridades del estado de Puebla, de las que solo han tenido respuesta tres; se han realizado 132 entrevistas; se han recabado 525 fotografías del día de la agresión, 70 videos; se han realizado 14 certificaciones médicas a 14 civiles y 41 a policías.
Asimismo, “un sinnúmero de diligencias, que son las que están integrando un expediente que se torna cada vez más voluminoso, y que nos permitirán antes de 30 días tener la resolución y emitir un pronunciamiento al respecto”, agregó el ombudsman.
“Esta CNDH emitirá un pronunciamiento totalmente apegado a la realidad, a la verdad y a las evidencias que logremos allegarnos, buscando que se haga justicia en este caso en concreto, independientemente de quién haya privado de la vida al menor, tendrá que ser llevado ante la justicia responsable de la privación de la vida de este menor, también al responsable de las lesiones que les fueron ocasionadas a las demás personas”.
También de acuerdo con el expediente que reúne la CNDH, las nueve personas lesionadas, además del niño asesinado, son Gilberto Varela Tecalero, Javier Jiménez Xelhua, Vicente Jiménez Tecalero, Hugo Varela Jiménez, Víctor Antonio Contreras Montes, Martín Montes Romero, Juan Xelhua, Heraclio Netzahuatl y Filemón García Hernández.
Señaló que fue hasta este miércoles pasado que el gobierno del estado de Puebla le entregó el dictamen que realizó la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en el que sostiene la hipótesis de la “onda expansiva del cohetón”, y que hasta ayer sólo conocían por los medios de comunicación, pero estaba incompleta.
Plascencia confió en que los documentos que sirvieron de base para esa conclusión que la PGJ anunció la semana pasa en conferencia de prensa, le sean entregados en la comparecencia que tendrá este viernes el procurador Víctor Carrancá.
Sobre la investigación independiente que realiza la institución, dijo que “los peritos de la CNDH, un equipo de médicos, de criminalistas, están analizando con todo cuidado las lesiones y los artefactos que fueron utilizados en el lugar de los hechos, para emitir nuestro propio dictamen pericial en torno a qué objeto pudo haber ocasionado las lesiones, no solamente del niño, sino también de las otras nueve personas restantes que fueron lesionadas y, eventualmente también, de los 48 policías, 47 policías, que se nos ha dicho, resultaron lesionados”.
