Anaiz Zamora Márquez
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En el Estado de México “hay cosas más graves que atender”, respondió Eruviel Ávila, luego de que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) le pidió una reunión para que informara sobre las acciones instrumentadas en la entidad para detener la violencia contra las mujeres.
Como parte de la campaña “Ni un feminicidio más en el Estado de México, Declaratoria de Alerta de Género ya”, integrantes del OCNF viajaron a Toluca para reclamar justicia por las mujeres asesinadas entre 2007 y 2013 (más de mil 500) y por las más de 600 menores de 20 años que han desaparecido en lo que va de la actual administración.
La tarde de este viernes, luego de que en un primer momento Ávila se negó a recibir a las activistas que le solicitaron una reunión, el «gobierno» estatal envió un correo electrónico al OCNF para informarle que el mexiquense había recibido el mensaje de ese organismo y dio instrucciones para que el área correspondiente atendiera su solicitud.
En el Congreso local, durante la presentación del libro Las muertas del Estado de México. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto, OCNF denunció que cuando el actual presidente gobernó la entidad se permitió ese tipo de agresiones, pues en lugar de proteger a las víctimas, las autoridades decidieron cuidar su imagen pública y cotos de poder.
Al concluir el evento las activistas se dirigieron al Palacio de Gobierno, acompañadas por representantes de la Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México; la diputada local Ana Yurixi Leyva Piñon, del PRD; Norma Andrade, fundadora de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, así como madres de víctimas, entre ellas Irinea Buendía, cuya hija Lima Buendía fue asesinada por un judicial mexiquense.
En ese lugar pidieron una reunión con el «gobernador» mexiquense, para conocer el contenido del informe que en breve presentará ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que después del maltrato por parte de elementos de seguridad que pretendían impedirles el arribo a las puertas del Palacio de Gobierno, encararon la negativa de los funcionarios y trabajadores para atender su demanda.
“Nuestra intención era conocer qué es lo que se va a informar a las integrantes del Sistema”, y si los datos y acciones sobre las que se dará cuenta se van a limitar a la «gestión» de Peña, dijo.
También, agregó, “si el informe se va a limitar a lo que ellos ya archivaron o a las acciones paliativas que están emprendiendo y anuncian con bombo y platillo, pues el informe no tiene ningún sentido, ya que la investigación la harán las dependencias federales, y éstas por lo menos deben incluir la voz de las víctimas”.
La primera respuesta del «gobierno» local fue que las activistas entregaran el escrito a Oficialía de Partes y que “nos conformáramos con el sello”.
Después los funcionarios que las atendieron argumentaron que el tema no correspondía al gobierno del estado, sino a la Procuraduría General de Justicia, “así que nos mandaron a esa dependencia sin considerar que el procurador acababa de renunciar”.
Tras la insistencia de las activistas y la presión de la diputada Ana Yurixi Leyva, finalmente una comitiva fue recibida por José Luis Bárcena Trejo, coordinador de Concertación de la Subsecretaría de Gobierno, y un funcionario de seguridad del estado, quienes les dijeron que entendían la demanda, “pero por el momento la reunión no es posible, pues en el Estado de México hay problemáticas más graves que resolver”.
Bárcena Trejo ofreció al OCNF que antes de concluir la investigación buscará que el «gobernador» se reúna con las activistas.
“No es que seamos pesimistas, más bien somos realistas y sabemos que la reunión tiene pocas posibilidades de realizarse, pues en todos estos años el gobierno del Estado de México no ha hecho más que demostrar que no tiene interés por escuchar a las madres de las víctimas, tampoco en garantizar a las mujeres que habitan en la entidad que no serán asesinadas en cualquier momento, y tan es así que la propia fiscal de Feminicidio (con la que sostuvieron una reunión hace dos semanas) desconoce el número de casos”, criticó Estrada.
Por ello, subrayó, decidieron emitir una Alerta Ciudadana.
“Era algo que teníamos pensado, pero a lo que nos rehusábamos, porque nosotras no somos Ministerio Publico y no tenemos la obligación de investigar o atender a las víctimas y, sobre todo, no tenemos las atribuciones de sancionar a los responsables de los delitos, pero no nos dejaron otra opción para impedir que las mujeres sigan siendo asesinadas o desaparecidas”, apuntó.
Precisó que una de las acciones de la Alerta Ciudadana –que arrancó ayer en Ecatepec– es determinar rutas de riesgo para las mujeres con base en información de activistas o de propios familiares, es decir, que a partir de las denuncias que se presenten se pueda identificar cuáles son las calles, colonias o municipios donde están desapareciendo o matando a las mujeres.
En segundo lugar se busca crear una base de datos alterna sobre los casos de violencia, no sólo feminicida, que sea alimentada por la ciudadanía y los informes de prensa, para contabilizar de manera clara la incidencia de casos.
En esta primera fase de la Alerta Ciudadana también se realizará un diagnóstico de acceso a la justicia, con base en los expedientes con los que cuenta el OCNF y demás grupos civiles de la entidad.
