David Martínez Huerta
Sinembargo
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– México carece de cifras precisas sobre la desaparición de niños, a pesar de que este fenómeno se ha convertido en una emergencia nacional, por su incremento en los últimos años, alertaron el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Manuel Pérez García, y diputadas encargadas de temas relacionados con la niñez en el Congreso de la Unión, en el marco del Día Internacional del Niño Desaparecido.
En el marco del Día Internacional del Niño Desaparecido advirtieron que este no ha sido tema para las autoridades federales, para generar sistemas de información únicos que nos permitan conocer la dimensión de la desaparición, extravío, ausencia de niños y adolescentes en todo el país, porque se han escudado en que es competencia estatal y que cada entidad debe tener su información o el registro de estos casos.
La Diputada Verónica Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, coincidió en que se trata de un problema que ha ido en aumento, porque no se visibiliza ni se aborda con la urgencia que debería hacerse, porque no existen cifras oficiales al respecto.
“La PGR [Procuraduría General de la República] maneja una cifra, las procuradurías estatales manejan otras y generalmente no se tiene un solo espacio en el que exista esa obligación de estar dando esa información, no hay nadie que la esté concentrando y, por otra parte, tenemos lo que sí dice la Asociación Mexicana de Niños Desaparecidos que tenía que son alrededor de 45 mil niños son los que desaparecen al año”, detalló.
La Legisladora destacó la urgencia de contar con un sistema de información real que permita tanto a autoridades como a integrantes de la sociedad civil saber cuántos son los niños y las niñas que están desapareciendo y en qué condiciones.
“Es de suma importancia que podamos visibilizar a estas niñas y niños que a diario son desaparecidos, robados, sustraídos, desgraciadamente, pueden ser víctimas de trata, pueden ser víctimas de explotación laboral, de explotación sexual, y eso los lleva a vivir una realidad sumamente complicada”, detalló.
Carmen Lucía Pérez Camarena, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, también lamentó la falta de estadísticas y datos oficiales certeros, que ayuden a determinar causas y prevenir nuevas sustracciones de menores.
“No sabemos qué tan grande sea la problemática, precisamente porque no contamos con un instrumento o un registro para saber cuántos niños hoy en día están secuestrados o han sido desaparecidos”, expuso la Legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN).
Sobre la falta de eficacia de las autoridades, el activista recordó el caso de la niña Valeria, desaparecida en Texcoco, Estado de México, y localizada días después en Centroamérica.
“Hago referencia de este caso, porque de ese tamaño es la preocupación que tenemos; se hace la denuncia, se emite la Alerta Amber, considerando que estaba en riesgo la niña, pero no fueron las autoridades mexicanas ( las del territorio que este grupo criminal usó vía terrestre y cruzó fronteras) ni las autoridades migratorias la detectaron, ni las de El Salvador, fue un vecino que vio un programa de televisión e hizo la denuncia. Es así de grave la dificultad para poder garantizar la integridad de niños y niñas”, agregó.
“Nuestro país, pese a que firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, hace 24 años, no ha cumplido con su tarea básica que era crear un sistema integral de garantía de derechos. Esto significa que se crea un mecanismo de coordinación de alto nivel entre las secretarias de Estado y el Presidente y que coordinan la política pública, definen el presupuesto para tomar decisiones articuladas. Esto desafortunadamente no existe”, comentó.
Detalló que en lugar de eso se ha remitido el tema al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el área asistencial del gobierno, que además atiende los programas de adultos mayores, comedores populares, desastres naturales y de discapacitados. “No hay una capacidad instalada ni los mecanismos de articulación que permitan que el Estado mexicano haga frente a estas actividades”, afirmó.
La Red explicó que México destina un presupuesto insuficiente para la niñez. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), otorga 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la infancia, y de este sólo 1 por ciento es para garantizar la protección de los niños.
“Aunque quisiéramos no hay capacidad instalada ni presupuesto para garantizar protección de los niños”, afirmó el director.
A LA PAR DE LA VIOLENCIA
El director de Redim explicó que la tendencia al alza de las desapariciones de menores coincide con el aumento del crimen organizado y la guerra que emprendió el Estado contra los grupos criminales. “La violencia armada que se ha generalizado en México en los últimos siete años ha tenido un impacto negativo en la dinámica de la vida de los adolescentes y de los niños. Sobre todo asumiendo que la violencia no es una situación fatal que ocurre sólo en una región del país, sino que tiene repercusiones por todos aquellos que son impactados por la violencia”, planteó.
“El crimen organizado ha encontrado un Estado frágil, con dificultad para proteger a los niños, que lleva 72 horas para abrir una averiguación previa. En el caso de la Ciudad de México, el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes [Capea] tiene un número muy pequeño de policías judiciales con serias limitaciones financieras y lo más grave: incapacidad técnica-profesional para hacer investigación de los casos. Con esto, la desaparición de un niño vinculándolo a una hipótesis al crimen organizado lleva la garantía de impunidad. Esto se repite en todos los estados. La Red ha venido haciendo alertas al Estado Mexicano de responder a la creciente percepción de un mayor número de mujeres adolescentes desaparecidas, y que tengamos un sistema de respuesta completa, un sistema único o disponibilidad pública de datos para poder observarlo, y la estadística criminal no aparece”, criticó.
De acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), siete de cada 10 personas ya no dejan salir a sus niños a la calle o al espacio público por miedo a la inseguridad. Sin embargo, destacó que es importante hacerlo porque pese a la buena intención de protegerlos, los ponen en mayor riesgo porque los vecinos ya no los conocen.
Explicó que los estados más afectados con el tema de la desaparición son los del norte, aunque no son los únicos: “Los lugares donde encontramos más denuncias son Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, y también Estado de México, Guerrero y Morelos”.
ACCIONES EN EL «CONGRESO»
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez detalló dos iniciativas que en este momento se encuentran en análisis en las comisiones de San Lázaro. La primera relativa a fortalecer la alerta amber, mediante la colaboración coordinada entre el «Gobierno» federal, los «gobiernos» estatales, los sistemas DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil, que permita encontrar a más niños desaparecidos.
La segunda es una reforma a la Ley General de Educación, a fin de incluir en los libros de texto gratuitos una breve reseña para que los estudiantes y los padres de familia conozcan qué es la Alerta Amber, para qué sirve y el número telefónico al que pueden denunciar el robo de menores, dijo la perredista Verónica Juárez Piña.
Por su parte, la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena presentó el 29 de octubre de 2013 una propuesta para crear un registro nacional de menores secuestrados, dentro del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana, con el fin de contar con elementos suficientes para realizar una política pública que permitiera atacar este problema.
“No sabemos si estos niños han sido víctimas de desapariciones forzadas o de un secuestro, pero creemos que las autoridades correspondientes deberían contar con un registro, que obviamente debería ser confidencial y manejarlo de manera muy responsable.
La propuesta está a punto de cumplir un año en comisiones de San Lázaro, en espera de dictaminación.
“Yo no quisiera prejuzgar, yo creo que el Gobierno federal tiene la obligación de establecer mecanismos para evitar que esto se siga dando; uno de ellos y que sí ha funcionado es la alerta amber”, explicó la Legisladora panista.
NIÑOS DESAPARECIDOS EN EL MUNDO
Un estudio del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicado en 2011 reveló que en Estados Unidos, todos los años se denuncia la desaparición de un total estimado de 800 mil menores de 18 años, lo que significa un promedio diario de 2 mil.
Aproximadamente 200 mil son sustraídos por familiares; 58 mil por personas ajenas a la familia y 115 víctimas de secuestros “estereotípicos”.
Solo en 2009 y 2010, los informes indican que en el Reino Unido hubo un total estimado de 230 mil casos de personas desaparecidas de menos de 18 años.
En Alemania se denuncia la desaparición de 100 mil niños al año.
En 2009, en Canadá se registró un total de 50.4 denuncias de niños desaparecidos, mientras que en España y Australia se consignó la desaparición de alrededor de 20 mil niños.
La Comisión Investigadora de la Federación Rusa informó que en 2010 desaparecieron 19.7 menores, de los cuales 5.2 tenían menos de 14 años.
En América, se estima que entre 250 mil y 800 mil niños procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua viven a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como migrantes ilegales, lo cual hace que sea más difícil estimar el número exacto de niños que podrían ser víctimas de trata.
Otros informes alertaron del aumento de niños de 13 y 14 años que desaparecieron y posteriormente fueron encontrados en burdeles en Guatemala, El Salvador y México.
