Redacción / Sinembargo
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Habitantes de los siete municipios afectados por el derrame 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre en Sonora integraron un frente común para emprender acciones desde tres frentes distintos en contra del Grupo México, concesionario de la mina.
El llamado Movimiento Pro Defensa del Río Sonora estará dirigido por Guillermo Antonio Molina Paz y tendrá tres ejes principales: el primero es realizar una acción legal que se basará en demandas jurídicas en lo colectivo e individual para demandar la reparación de daño a los afectados por el derrame ocurrido el 7 de agosto pasado.
Al momento, son siete los municipios afectados y existe un número indeterminado de sonorenses afectados por el derrame, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El segundo eje es tener un activismo social para realizar la defensa del medio ambiente de parte de los pobladores quienes presentarán sus intereses y el tercer eje que haya vigilancia del estricto cumplimiento de las leyes por parte de Grupo México.
“Todo el que quiera participar está cordialmente invitado a este movimiento, tienen nuestros correos y teléfonos y estamos en la mayor disposición de que nos acompañen en esto que empezamos”, explicó Guillermo Antonio Molina Paz.
La organización reúne a todos los municipios, ejidos, bienes comunales, asociaciones ganaderas, prestadores de servicios turísticos y comerciantes de todo el Río Sonora.
Hasta antes que la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, drenara químicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, un garrafón con agua costaba en promedio 10 pesos en varios comercios. Sin embargo, luego de la escasez que se ha generado en la región, un recipiente con 19 litros de agua purificada se cotiza hasta en 150 pesos, informó la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sonora.
Rolando Gutiérrez Coronado, delegado de la Profeco, detalló que vecinos, principalmente de los municipios de Banámichi y Arizpe, se quejaron ante las autoridades porque en algunos comercios los garrafones de agua se vendían hasta en 150 pesos.
“Queremos invitar, sobre todo a los comerciantes de la región del río Sonora, que no hagamos leña del árbol caído”, dijo, además, que no hay ninguna razón para que suban los precios y si detectan más irregularidades, se aplicarán multas.
El pasado jueves, Grupo México declaró que a través de su subsidiaria Buenavista del Cobre ha entregado más de 13 millones de litros de agua para uso humano y doméstico; y 30 mil 721 garrafones para consumo en las zonas afectadas.
Inclusive indicó, por medio de un comunicado, que se instalaron cinco plantas purificadoras en Huépac, Ures, Baviácora, Aconchi y Arizpe y ejecutan obras y equipamiento de pozos en todos los municipios involucrados, en espera de recibir la autorización de las autoridades competentes para su utilización.
Además informó que entregó tres millones 500 mil pesos a los siete municipios por el apoyo en los servicios ambientales y pago de personal en la distribución de agua, combustibles y materiales diversos relacionados con la filtración.
No obstante, este domingo la Profeco reconoció que existen comercios donde el agua se venden hasta 15 veces su precio.
Por ello, detalló que inspectores de la dependencia realizan recorridos continuos para verificar los precios del agua embotellada y de garrafón, además de otros productos de consumo básico, para que no se abuse en los precios, afirmó.
El pasado 7 de agosto la Comisión Nacional del Agua ordenó suspender los bombeos que alimentan a las redes de agua de las comunidades, para evitar posibles afectaciones a la salud de los habitantes.
Por su parte, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), René Luna Sugich, manifestó que se buscan nuevas fuentes de abastecimiento para las comunidades del río Sonora, tras la restricción a la cuenca del río Sonora implementada debido a la contingencia.
Mencionó que se tiene el proyecto de perforar al menos dos nuevos pozos, para garantizar el abasto a dichos poblados a través de los sistemas de agua potable.
