Jair García
La Jornada
El actual marco jurídico e incluso aquel que está fuera de lo legal no son suficientes para resolver los problemas laborales en los ayuntamientos, que tienen pendientes cientos de laudos por ser ejecutados, mencionó la diputada local y presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, María del Carmen Pontón Villa.
Indicó que «no queda mayor remedio» que hacer una reforma a las leyes existentes y autorizar que los laudos sean convertidos en deuda pública para los municipios, y estos puedan ser asumidos por las autoridades poco a poco.
[Mira tú, qué chingona salió esta vieja con sus «remedios». Mejor remedio sería dejar de pagarle a los ratas «gobernadores», «diputados», «senadores» y demás lacras vividoras, y que de ahí se cubran los adeudos, ¿no?]
Tal como se encuentra el marco jurídico, hace prácticamente imposible ejecutar los laudos, generando que cada día crezca el monto a pagar, e incluso aspectos fuera de la ley, como acuerdos, convenios y pláticas al margen de lo dictado por la autoridad, tampoco han sido suficientes para conseguir la impartición de justicia en el tema laboral.
Aunque dijo que el diálogo es la mejor solución para evitar los laudos laborales, la legisladora local insistió en que debería de buscarse el mecanismo para que estos sean considerados como deuda.
“Yo creo que el diálogo es lo que tenemos que hacer primero, porque si existe voluntad del empleado no se va a hacer millonario de la noche a la mañana y de que sea justa la cifra de lo que ganaron y el ayuntamiento pagarlo conforme a la ley”, manifestó.
María del Carmen Pontón Villa mencionó que también se debe buscar que los laudos se puedan considerar como deuda para pagarla de los fondos que lo permiten, pues recordó que al no tener una partida, los ayuntamientos al usar los recursos para tal fin son observados por el Orfis cuando realizan las auditorías.
“Entonces de alguna manera el Orfis estaría observándote porque no hay esa partida, entonces entre todos buscar que las venganzas políticas porque viene prácticamente de eso. La finalidad es buscar los mecanismos para que se regulen porque el problema es que jurídicamente no se cuenta con un catálogo de puestos que permita declarar al trabajador como de confianza, y a la hora de que se retira el ayuntamiento en función lo deja volando el nombramiento y tiene efectos legales que le permite ir al tribunal”, refirió.
