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Buenos Aires. El sector más radicalizado de la Central de Trabajadores de Argentina, que agrupa a trabajadores del sector público y organizaciones de izquierda, inició este miércoles una huelga de 36 horas en demanda de la eliminación de los impuestos que se aplican a los salarios, incrementos en las ayudas sociales y la reapertura de las negociaciones salariales.
La protesta comenzó en la mañana con concentraciones de huelguistas que cortaron los accesos a Buenos Aires y a ciudades cercanas como La Plata, 60 kilómetros al sur, lo que generó numerosos trastornos a los automovilistas que se desplazaban a sus trabajos. A partir de las 15:00 horas GMT los gremialistas liderados por Pablo Micheli iniciarán un paro de actividades que confluirá el jueves con el que liderará el camionero Hugo Moyano, representante del sector combativo de la Confederación General del Trabajo.
El paro con movilizaciones de la Central se produce en momentos en que se han incrementado los despidos y suspensiones de trabajadores en la industria, la economía entró en recesión y la inflación anual alcanza 40 por ciento, según consultoras privadas.
«La pérdida del poder adquisitivo, el incremento de la precarización laboral, la falta de respuesta a los reclamos de los trabajadores por parte del gobierno son algunos de los ejes principales del paro», afirmó en un comunicado el consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado.
La administración pública en la capital, en la populosa provincia de Buenos Aires y en otros distritos del país será casi nula, prometieron los huelguistas. En tanto, se mantendrán guardias mínimas en servicios esenciales como la salud.
Los sindicalistas exigen que cesen los despidos y las suspensiones, un aumento salarial y de todos los planes sociales y jubilaciones «acorde al proceso inflacionario», la eliminación del impuesto a la ganancias que se aplica a los sueldos de los trabajadores registrados y la reapertura de las negociaciones para fijar aumentos salariales que se dieron por cerradas hace unos meses.
Además demandan la suspensión del pago de la deuda externa.
Los huelguistas se concentrarán en la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno, y marcharán luego hacia el Congreso para exigir a los legisladores una ley que congele por un año los despidos y las suspensiones.
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, criticó en rueda de prensa a los sindicalistas por «organizar ‘piquetes’ (bloqueos) para obstaculizar el tránsito, en una actitud totalitaria».
El funcionario afirmó que el paro es «de naturaleza política» y tiene un «carácter opositor». Asimismo reclamó que se respete «la conciencia de cada trabajador» para concurrir o no a su empleo.
El tercer paro general organizado en forma conjunta para el jueves por Moyano, Micheli y Luis Barrionuevo, líder del gremio gastronómico, afectará diversas actividades vitales para la economía.
El sector gremial con mayor capacidad de paralización es el que responde a Moyano, integrado por los choferes de transporte pesado, de la actividad petrolera y de materiales peligrosos, así como los conductores de vehículos de caudales, carga postal, distribución de diarios y revistas, de bebidas y recolección de residuos.
Sin embargo, no se adhirió la Unión Tranviarios Automotor, que responde a un sector de la CGT afín al gobierno, con lo que el éxito de la huelga podría quedar condicionado.
Los taxis circularán en su gran mayoría ya que un solo gremio del sector se plegó al paro. No habrá trenes ni vuelos de cabotaje e internacionales, los bancos no atenderán al público ni tampoco lo harán los restaurantes y bares.
Se espera que en el sector educativo el acatamiento a la huelga sea dispar.
