Jair García
La Jornada
Aunque desde el año 2011 a junio de 2014 la Contraloría General del Estado (CGE) ha emitido 664 sanciones contra servidores públicos por haber cometido diversas faltas, los nombres y la falta que cometieron se encuentran clasificados confidenciales.
Incluso las 664 resoluciones emitidas por la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos pudieran no tener efecto o nunca ser aplicadas, pues igualmente esos datos han sido determinados como reservados.
La CGE presume en su portal de internet haber sancionado a 664 servidores públicos, sin embargo, como éstos se han amparado o han establecido procedimientos administrativos para evitar el castigo, la mayoría no han causado estado o simplemente la sanción fue evitada.
Sin embargo la precisión de los datos se encuentra bajo la opacidad, pues desde que tomó protesta el primer contralor Iván López Fernández, después Mauricio Audirac Murillo y ahora Ricardo García Guzmán, esa información es confidencial.
Según los datos de la Contraloría, en el año 2011 fueron sancionados 155 servidores de la siguiente manera: seis inhabilitaciones, seis sanciones económicas, cuatro suspensiones temporales, 85 amonestaciones y 54 apercibimientos.
Para 2012 la cifra de sancionados fue de 133 con cuatro inhabilitaciones, cuatro sanciones económicas, tres suspensiones temporales, 73 amonestaciones y 49 apercibimientos. En 2013 la cantidad se elevó a 312 burócratas castigados, 25 fueron inhabilitados, 14 recibieron sanción económica, siete fueron suspensiones temporales, 237 amonestaciones y 29 apercibimientos.
Hasta junio de 2014, la CGE 64 sanciones, 14 son con sanción económica e inhabilitación; 11 inhabilitaciones por la gravedad de la conducta, cinco suspensiones, 15 amonestaciones públicas, 10 apercibimientos públicos y cuatro apercibimientos privados.
Y aunque la Contraloría destaca la resolución de sus sanciones, pudieron no haberse aplicado y los burócratas que las cometieron pudieron haber evitado el castigo, sin embargo la precisión de esos datos se mantiene confidencial, pues al ampararse no ha causado estado ningún procedimiento.
