Grupo México mintió por todo y a todos; busca zafarse de limpiar el agua y la tierra en Sonora, dicen quienes lo dejan delinquir

¿Y por qué lo han dejado saquear nuestra riqueza minera, asesinar a trabajadores y causar ecocidio por tanto tiempo?

David Martínez Huerta
Sinembargo

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Grupo México mintió sobre todo: mintió sobre los daños ocasionados por el derrame de sulfato de cobre al río Sonora; mintió sobre los efectos nocivos al medio ambiente que provocará este desastre ecológico y a la salud de más de 22 mil personas que viven en zonas cercanas al río, y mintió sobre las acciones que la empresa de Germán Larrea Mota Velasco ha realizado para apoyar a las comunidades de siete municipios de la entidad.

Este es el resultado preliminar que adelantaron a SinEmbargo algunos de los integrantes de la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los problemas generados por la contaminación en el río Sonora, tras una gira de trabajo de 14 horas ininterrumpidas en el lugar del desastre minero más grave que recuerde el país.

Peor aún, los diputados federales observaron que existe interés de parte de los representantes legales de Grupo México por calificar como “un accidente” el derrame de más de 40 millones de litros de químicos nocivos para evitar la responsabilidad de limpiar la zona contaminada, lo cual sería muchísimo más costoso que pagar una multa de 40 millones de pesos.

“¿Cuál es el problema?, la contaminación ya no nada más está en el agua, la contaminación está en el subsuelo, tienen que escarbar, sacar y poner los contaminantes en un lugar seguro. ¿Qué es lo que sucede? La mina está simulando que está quitando la tierra. Porque estuvimos nosotros allí, pero no hay ni 40 personas trabajando”, afirmó en entrevista la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT).

“Lo que vimos es más grave de lo que nosotros pensábamos”, dijo, porque la mina mantiene a cielo abierto, en albercas, el sulfato de cobre. Lo tienen en albercas hechas de tierra, por lo que el químico constantemente se filtra al suelo. Indicó que no hay control de seguridad, pues el líquido se transporta en tubos de PVC, el mismo material que se utiliza en una casa normal para trasladar el drenaje.

La Diputada Aguilar confirmó lo que SinEmbargo sostuvo previamente, que los litros de químicos derramados a los ríos sonorenses serían más que los que informó Grupo México y que ha aceptado como ciertos la propia autoridad ambiental.

“La versión de los 40 millones de litros de cuánto se derramó de sulfato de cobre es una versión de la empresa, ni siquiera sabemos con certeza cuánto químico realmente bajó por el Río Bacanuchi y de allí al Río Sonora”, detalló Lilia Aguilar.

“El problema es que ni Conagua ni Semarnat tienen idea de cuánto sulfato de cobre se derramó. ¿Por qué? Porque los planos están en manos de la mina y porque el único que sabe cuánto se vertió es la mina y yo te diría, hay tanto descontrol en la mina que yo creo que ni siquiera ellos saben”, agregó la legisladora por Chihuahua.

INSISTIRÁN EN RETIRAR CONCESIÓN

El derrame de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico en la mina Buenavista del Cobre afectó a regiones cercanas del río Bacanuchi y río Sonora. Foto: Especial

El derrame de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico en la mina Buenavista del Cobre afectó a regiones cercanas del río Bacanuchi y río Sonora. Foto: Especial

Los legisladores consultados anunciaron que en la reunión de la comisión especial que se realizará este viernes insistirán en solicitar la revocación de la concesión a Grupo México de la mina Buenaventura del Cobre, anteriormente conocida simplemente como Cananea.

“La conclusión primordial de muchos de nosotros, ya platicada de manera informal entre nosotros, es la revocación de la concesión a la mina. Creo que sería una acción contundente como Cámara de Diputados”, adelantó a SinEmbargo el Diputado David Pérez Tejada, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Fueron directamente el presidente de la Comisión Especial, el priísta Marco Antonio Bernal, también presidente de la Comisión de Energía; así como integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Los legisladores se reunieron con delegados federales de las dependencias que investigan el desastre ambiental, así como con representantes del gobierno estatal.

En la entidad, los legisladores se reunieron con Joaquín Rojo de la Vega, Irma Pottes, Amaranta Guerrero y Horacio Sánchez Azuara, representantes todos de Minera Grupo México, donde también estuvo presente el Secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero.

“En esta reunión Grupo México trató de minimizar el tema. Nosotros lo sentimos como una falta de respeto porque nosotros hicimos el recorrido, después de visitar la zona y de habernos reunido con los afectados. No vimos un plan de contingencia por parte de ellos, existe una descoordinación Grupo México está haciendo todo por su lado, sin notificar a las autoridades. No se sabe dónde están depositando los materiales contaminados”, remarcó el Diputado Pérez Tejada.

La Diputada Aguilar dijo estar convencida de que debe ser cancelada la concesión a Grupo México. “No hay vuelta atrás”, sostuvo, porque es preocupante su irresponsabilidad ante la grave situación por la que están pasando las comunidades en Sonora.

“¿Qué es lo que nosotros vimos? Vimos una gran indolencia del gobierno del estado, que otorga mucha protección a la mina. Lo entendemos porque es una fuente importante de empleo. Vimos a trabajadores completamente abandonados por la mina, que no tienen servicio social, que no tiene servicio médico, y ninguna prestación”, confirmó la legisladora Lilia Aguilar.

MÁS GRAVE DE LO QUE PENSÁBAMOS

Cananea. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Cananea. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Los diputados reconocieron que el problema es con mucho, más grave de lo que ellos mismos imaginaron, toda vez que observaron que la población se está muriendo de hambre y de sed, y Grupo México sólo ha repartido dinero a cuentagotas, mismo que no sirve más que para paliar su dolor.

“No están apoyando a las comunidades, les dieron 500 mil pesos a cada presidencia municipal, quesque para que ayudaran a las comunidades, eso no sirve para nada. La gente se está muriendo de hambre y se está muriendo de sed y la empresa no tiene la más mínima decisión de hacerse responsable de sanear el daño ecológico, económico y social que está causando a los ciudadanos”, relató Lilia Aguilar.

Tras la reunión con Irma Pottes, encargada nacional de servicios comunitarios de la Mina, los legisladores fueron informados que un grupo de 30 trabajadores comunitarios se hace cargo de ir a censar y a conocer las afectaciones de más de 22 mil ciudadanos dañados. Lo cual dijeron, es absurdo.

“Esta mujer nos dijo, tenemos 30 personas, 30 personas en los pueblos. Estamos hablando de más de 20 mil ciudadanos afectados y esta mujer dice que tienen a 30 personas trabajando en las comunidades. Yo te voy a decir, nosotros fuimos a un municipio que se llama Ures y la gente nos quería matar, nos quería linchar, por qué, porque la gente está desesperada, tiene hambre”, indicó Lilia Aguilar.

El Diputado David Pérez Tejada señaló que 6 de los 9 presidentes municipales con quienes se entrevistaron, se quejaron de la falta de coordinación del gobierno del con las dependencias federales, para atender sus problemas.

Asimismo se quejaron de que Grupo México les miente sobre las acciones que supuestamente realiza para atender a los ciudadanos.

DIPUTADOS DETECTAN ANOMALÍAS

La Comisión Especial para el seguimiento al derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora de la Cámara de Diputados detectó irregularidades por parte del Grupo México, al visitar la zona.

El presidente del grupo de trabajo, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, refirió que sobrevolaron la zona del río Sonora afectada por el derrame de 40 millones de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas ocurrido hace un mes.

Expuso que durante el sobrevuelo en la región observaron que no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre, los cuales ocasionaron el derrame de sustancias tóxicas.

Asimismo, indicó, “se ve claramente que el tubo que se rompió no lo han arreglado y más abajo una laguna a medio construir, y luego una tercera laguna, es una clara violación a las normas que se emiten para la operación de una minera”.

Integrantes de este grupo de trabajo se reunieron con delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Secretaría de Economía (SE), así como con funcionarios estatales, alcaldes y habitantes del río Sonora.

Asimismo, explicó Bernal Gutiérrez también sostuvieron un encuentro con representantes de la empresa minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, responsable de la contaminación que afectó 22 mil habitantes de siete municipios sonorenses.

Manifestó que las irregularidades detectadas por parte de la compañía minera serán documentadas y plasmadas en el informe que presentarán la próxima semana ante el Congreso de la Unión.

Indicó que en el lecho del río Sonora observaron pocos trabajadores en labores de limpieza del sitio, además de que la arena que retiran del afluente la están llevando a una presa a cielo abierto junto a la minera Buena Vista del Cobre en Cananea.

Por ello, planteó, solicitarán un informe sobre eso para ver cómo está operando la mina productora de cobre y la zona donde se están depositando los desechos.

El presidente de la comisión especial de seguimiento al derrame de sustancias tóxicas al río Sonora de la Cámara de Diputados consideró que el informe sobre la contaminación del río estaría encaminado hacia el retiro de la concesión al Grupo México.

El legislador federal resaltó que el reporte incluirá además de la información visual, la que les proporcionó la Conagua, Profepa y Semarnat y estiman regresar a Sonora para reunirse con investigadores y académicos, así como la sociedad civil.

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