Valúa en 2 mmdp el ecocidio en Sonora.
Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora interpuso una demanda penal contra los responsables del “envenenamiento” en los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico proveniente de la mina Buenavista del Cobre.
Además, estimó que el accidente dejó pérdidas patrimoniales por más de 2 mil millones de pesos para aproximadamente 22 mil habitantes de los siete municipios afectados por la contaminación. Esta cifra es muy superior a los 300 millones de pesos ofrecidos por Grupo México, la empresa responsable del ecocidio.
La demanda de la CEDH se suma a las denuncias colectivas que presentaron en días pasados pobladores de la zona ribereña del río Sonora y la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa.
El presidente de la CEDH, Raúl Ramírez Ramírez, precisó que el pasado viernes 5, “con la fe pública que nos otorga la ley”, en apoyo a los alcaldes y pobladores del Río Sonora, la CEDH interpuso una demanda penal que hoy fue ratificada ante la Procuraduría General de la república (PGR) contra quien resulte responsable del derrame tóxico ocurrido el pasado 6 de agosto.
El ombudsman lamentó “la tragedia humana” que viven los habitantes del Río Sonora ante la falta de un verdadero compromiso por parte de Grupo México, que –dijo– sólo se ha ocupado en acercar agua a los afectados que hoy en día viven sus peores momentos de subsistencia.
Por ello, hizo un llamado a los gobiernos municipales afectados, gobierno estatal, partidos políticos, senadores, y diputados locales y federales, a hacer un frente común, sin afanes protagonistas ni partidistas, para respaldar las demandas de los pobladores afectados.
“No queremos limosna, ni apoyo a cuenta gotas”, la situación es grave y desesperada, advirtió a Grupo México, luego de acusar a la empresa minera de falta de voluntad para cumplir con su obligación de resarcir daños y burlarse con la entrega de botellitas de agua.
Si no cumple con los habitantes afectados, agregó, “iremos con la gente a tocar la puerta de Germán Larrea, en apoyo humanitario. Lo haremos de manera contundente, porque nos han envenenado el agua de los sonorenses”.
La CEDH, subrayó, está muy preocupada ante un estallido social contenido por el trabajo que están haciendo los alcaldes y gobiernos estatal y federal, que calificó de “extraordinario” porque no les compete.
“Estamos haciendo el trabajo que le compete a Grupo México, el cual le corresponde, porque aun cuando ganan millones y millones de pesos por las inversiones que tiene en Sonora, está entregando limosnas en la atención que debe dar a los pobladores del Río Sonora”, puntualizó Ramírez.
Por separado, alcaldes de los siete municipios dañados por el derrame emplazaron a Javier García de Quevedo, presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México, a un encuentro el próximo miércoles 10, para impulsar un programa de atención a los afectados.
Los presidentes municipales Pedro Armando Lugo, de Aconchi; Vidal Guadalupe Vázquez, de Arizpe;J osé Manuel Valenzuela, de Ures; Maria Delfina López, de Huépac; Jesús Lauro Escalante, de Banámichi; José de la Torre, de San Felipe de Jesús y Francisco Javier Durán, de Baviácora, citaron a García de Quevedo en la CEDH, a las 17:00 horas, y le pidieron que si no puede acudir, envíe a un funcionario con facultades para dar solución.
A través de un comunicado, señalaron que las afectaciones deben ser reparadas a la mayor brevedad, además de proceder a la extracción de los desechos tóxicos y metales pesados del lecho de los ríos y otras medidas de saneamiento y prevención.
El pasado jueves 4, el secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero, informó que 50 pobladores de la zona ribereña del río Sonora presentaron una demanda colectiva ante autoridades judiciales federales en contra del Grupo México para que repare los daños ocasionados por la contaminación del afluente.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló que los afectados por el derrame tóxico presentaron una demanda en contra del consorcio en el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Agua Prieta, Sonora.
Y abundó que en los próximos días 300 personas más se sumarán a la demanda colectiva para que la compañía minera asuma la responsabilidad e indemnice a los afectados por la contaminación del río.
El funcionario estatal anunció que además de la mencionada demanda colectiva, que ya se promovió por parte de pobladores afectados por la contaminación del río, el gobierno sonorense interpondrá dos recursos legales más en forma directa.
La primera denuncia, dijo, será de tipo civil para recuperar los recursos aportados por la administración estatal para paliar los daños ocasionados a los pobladores durante la contingencia, y la segunda será de tipo penal, explicó, por delitos en contra de la ecología y daños al medio ambiente en contra de quien resulte responsable.
Antes, el 28 agosto, la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa interpuso una demanda de acción colectiva contra Grupo México para que repare el daño causado a los ríos, evite que se incremente el daño ocasionado al medio ambiente y tome las medidas necesarias para evitar otro acto de contaminación que afecte a los ríos.
