MARGENA DE LA O
La Jornada
Chilpancingo, 8 de septiembre. A más de dos años que salieron de La Laguna, comunidad serrana de Coyuca de Catalán, por la violencia, los habitantes de ese pueblo, desplazados en otras partes del estado, siguen esperando del gobierno de Ángel Aguirre les reubique con todos los servicios, porque sus hijos ni escuela tienen dónde ir.
Los desplazados, dispersos desde 2012, fecha del exilio, en la Costa Chica y otros en comunidades de la sierra que conecta a Tierra Caliente, dieron conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro) para denunciar su situación. El gobierno estatal no les ha cumplido.
Leonor Ochoa Segura, una de las madres de familia que salió huyendo de la violencia, mencionó algunas de la promesas de quienes, tan pronto se mediatizó su situación les pintan una buena vida: 80 hectáreas en Petatlán, en la Costa Grande, para 16 familias desplazadas, que sólo son una parte del total. La mujer hizo su cálculos: “el problema es que son más de 60 familias las que huyeron de La Laguna por la violencia, y otras nueve lo hicieron por su propia cuenta”.
Denunció una alianza entre la delincuencia y el gobierno en todos los niveles, quienes, aseguró, tenía el objetivo de “aniquilar” a la familia del ecologista Rubén Santana Alonso, ya muerto, asesinado, esposo de la ecologista Juventina Villa Mojica, también asesinada el 28 de noviembre de 2012.
Desde que salieron de la sierra, a mediados de diciembre de 2012, su situacion es incierta, viven en los lugares apartados de las regiones por seguridad, y en ellos no hay servicios básicos; salud y educación no existe. Entre ese grupo de familias desplazadas de La Laguna hay unos 50 niños, dijo, que no tienen dónde estudiar.
El antecedente. Villa Mojica fue emboscada en La Laguna; el 15 de febrero de 2011 mataron a Santana Alonso; y después, en 2012, primos, hermanos, hijos de la pareja. En junio, los desplazados, que vivían en la Costa Chica, donde también fueron hostigados, pedían exactamente los mismo que hoy, un lugar donde vivir, como les prometieron.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red, acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de ignorar la justicia. “Ya dijimos que han sido ejecutados 27 familiares de don Rubén Santana, uno de los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, y Coyuca de Catalán”.
Tampoco “se ha garantizado el derecho a una vida digna, a partir de que los campesinos abandonaron sus casas, animales, y cosechas. No se garantiza su derecho a la alimentación, prueba de ello es que desde su salida de La Laguna y Hacienda de Dolores, sólo les entregaron cuatro toneladas de maíz”.
