Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) integrar un examen preliminar “sobre los crímenes de lesa humanidad, tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada” en México.
Lo anterior, con miras a la decisión que se tomará en breve sobre la apertura de una investigación en el país.
En un comunicado, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) dieron a conocer que este viernes entregaron a la Fiscalía General de la CPI un informe sobre abusos cometidos en Baja California de 2006 a 2012 por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.
Las organizaciones recuerdan que el Estatuto de Roma que da facultades a la CPI para abrir investigaciones entró en vigor en México a partir del primero de enero de 2006, y en diciembre de ese año el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”.
Advierten que la estrategia se caracterizó por “autorizar a las fuerzas militares funciones propias de la Policía, sin contemplar límites de su uso”, dejando a su paso “elevados niveles de violencia por parte de las fuerzas armadas y, en respuesta, de los grupos del crimen organizado”.
Las organizaciones reconocen un cambio en el discurso en materia de seguridad desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto, pero “las estadísticas evidencian que la violencia no cesa y los crímenes cometidos en este contexto no han sido investigados, ni sancionados los más altos responsables”.
La notificación enviada por las tres organizaciones civiles “fundamenta el carácter sistemático y generalizado” de torturas, graves privaciones a la libertad y desaparición forzada, que “respondían a una política gubernamental implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles”.
De acuerdo con la investigación enviada a la CPI, el objetivo de los abusos era presentar “avances y logros” en la lucha contra el crimen organizado.
Para el presidente de la FIDH, Karim Lahidji, “los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en México son crímenes de lesa humanidad, por lo que no pueden quedar sin castigo”.
Paulina Vega, vicepresidenta de la FIDH e integrante del consejo directivo de la CMDPDH, apuntó que “ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas al clamor por justicia de estos hechos, no queda otro recurso que la CPI para asegurar que los crímenes graves cometidos en México no queden en la impunidad”.
Con base en el análisis de los expedientes de unas 100 víctimas, las organizaciones lograron establecer un patrón de comportamiento seguido principalmente por militares: “Detenían civiles sin orden judicial en sus casas, los sometían a torturas en instalaciones militares, les obligaban a firmar hojas en blanco que serían utilizadas para su auto incriminación o para incriminar a otros, y se les implantaban drogas y armas como ‘evidencia’”.
De forma recurrente, agregan, las víctimas eran presentadas ante los medios de comunicación como responsables de delitos contra la salud y portación de armas, entre otros, situación que en los procesos judiciales escasamente las autoridades pudieron sostener, ya que la gran mayoría de las víctimas “resultaron absueltas de los cargos por falta de pruebas, o esperan sentencia en procedimientos plagados de pruebas contradictorias y cuestionables”.
Los abusos cometidos, sostienen las organizaciones, “ocurrían con conocimiento, aquiescencia e incluso participación directa de los principales oficiales militares y policiales de Baja California”, y hasta ahora “ningún alto mando militar o policía ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos pro los crímenes cometidos contra los civiles, incluidos actos de tortura”.
El director de la CCDH, Raúl Ramírez Baena, precisó que la población de Baja California “ha sufrido en colectivo el impacto de estos operativos en contra de los ciudadanos inocentes”.
Y consideró que es necesaria una “investigación seria para llevar a juicio a los máximos responsables”, para evitar que actos como los descritos en el documento se comentan de nuevo “y que la tortura deje de formar parte de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado”.
Las organizaciones retoman los datos oficiales que evidencian la gravedad de la violencia en México: incremento de 500% en denuncias por tortura presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre 2006 y 2012; 8 mil personas arraigadas, según la Procuraduría General de la República (PGR); 70 mil ejecutados de acuerdo al Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, en 2012, y miles de desapariciones anotadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzada e Involuntarias.
La comunicación entregada este viernes a la CPI es la segunda que elaboran en conjunto la CMDPDH y la FIDH. La anterior fue en 2012, y sería la cuarta que públicamente se conoce.
Los otros dos requerimientos turnados al organismo internacional son el documento elaborado en 2011 por el abogado Netzai Sandoval Ballesteros, firmado por más de 20 mil personas, y la signada por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira. En ambos casos los adherentes señalaban directamente a Felipe Calderón como responsable de la crisis de violencia generada durante su gobierno.
