- Durante 15 años tendrá que hacerse cargo de los efectos del derrame en Sonora: diputados
- Urge crecer el fideicomiso de $2 mil millones y retirar la concesión minera, señalan en informe
Roberto Garduño
La Jornada
El informe elaborado por la comisión especial para dar seguimiento al problema generado por el derrame de sustancias tóxicas al río Sonora y su afluente Bacanuchi contiene una propuesta dirigida al gobierno federal para que retire a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, la concesión de la mina Buenavista del Cobre.
El documento, que se encuentra en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también prevé salvaguardar a los habitantes de la región, garantizándoles el reclamo a la minera por los efectos nocivos a su salud generados por el derrame de sulfato de cobre acidulado.
Lilia Aguilar, diputada por el Partido del Trabajo e integrante del grupo de trabajo, adelantó los principales postulados del documento que próximamente se dará a conocer en sus términos.
Los legisladores propondrán a la «administración» del PRI analizar con urgencia la suspensdión de las actividades de la mina, la cual sigue operando.
“Consideramos que procede el retiro definitivo de la concesión de acuerdo con las leyes federales de Minería y de Protección al Medio Ambiente, pero el gobierno sabe que ese proceso le corresponde a la Secretaría de Economía, de la cual esperamos que ahora sí actúe en consecuencia”, refirió.
En el terreno de la salud de los habitantes de Cananea, los diputados federales incluyeron en el informe que Grupo México asuma “el compromiso absoluto” para que en los próximos 15 años responda, sin cortapisas legales, a los ciudadanos que fueron afectados, y que éstos tengan la capacidad legal de reclamar a la empresa por los daños a su integridad física. “Ese periodo apenas es suficiente para observar los estragos de los metales vertidos al agua.”
Provoca cáncer a la población
Se pretende que el fideicomiso, de apenas 2 mil millones de pesos, se incremente, “porque el daño provocado no se paga con nada”, advirtió Aguilar.
La salud es uno de los puntos torales del informe, por lo que se demanda a Peña Nieto que ordene a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) elaborar un diagnóstico serio de los efectos que en el futuro se pueden esperar por el consumo de agua contaminada.
También se encargaría a ese organismo un estudio-diagnóstico de cómo los habitantes de Cananea sufren una alta prevalencia de afecciones provocadas por el cáncer que padecen desde que la mina opera en esa región.
“Agregamos un proyecto que se adicione al fideicomiso, pues la empresa debe responsabilizarse no sólo del daño inmediato, que sería detectado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recuersos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), estamos convencidos de que el tema implica tal gravedad que será necesario crear un fondo de desarrollo regional. Aún no hemos considerado un monto definitivo pues estamos esperando las aproximaciones que ya elabora la Secretaría de Hacienda”.
Las propuestas para cancelar la concesión son independientes de las demandas de la población afectada: cientos de familias y miles de trabajadores, “y de ninguna manera deseamos que se entienda que la conclusión a que hemos llegado exime a la empresa de responsabilidades posteriores.
“Pareciera que el gobierno federal da por acabado el tema con el asunto del fideicomiso, además de que ese monto de 2 mil millones de pesos es un aproximado mínimo a lo que se requiere. Incluso, el titular de la Profepa no tiene idea de cuánto va a costar resarcir los daños”, señaló.
Los diputados del grupo de trabajo advierten que con su participación en la investigación, “de ninguna forma” se estará dando por resuelta la crisis humana y ecológica.
Entre los argumentos para desalentar la querella con la empresa, el cual fue expuesto a la comisión, se encuentra un caso similar ocurrido hace 10 años en Canadá, y aún se mantiene el litigio.
“Se nos ha dicho también que hace una década en el Golfo de México ocurrió un enorme derrame de petróleo, en una plataforma de la trasnacional British Petroleum. Y ahí también el juicio duró 10 años.
“Se trata de demostrar que los juicios son largos y tortuosos y la gente afectada termina falleciendo. Nosotros insistimos en que el tema de la salud es primordial y por fortuna encontramos sensibilidad en el gobierno federal, porque entiende que es necesario impulsar la revisión de la concesiones”.
