Exigen suspender actividades en la mina Buenavista del Cobre.
Alma E. Muñoz y Enrique Méndez
La Jornada (Foto: Germán Larrea, el dueño de Grupo México)
El pleno de la Cámara de Diputados exigió la suspensión inmediata de las actividades de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, y concluyó que Grupo México es una empresa que gana 4.4 millones de dólares diarios a costa de la pobreza de los sonorenses y de poner en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
Ayer, la cámara validó el informe de la comisión especial que investigó el derrame de sulfato de cobre, la cual anunció que documentará la violación a las leyes por parte de la minera para exigir a la Secretaría de Economía (SE) cancelar la concesión a Grupo México.
Además, aceptó exigir que ese consorcio –encabezado por Germán Larrea– asuma la carga completa del costo social y constituya un fondo regional con un piso mínimo de 5 mil millones de pesos, que permita detonar el desarrollo que la minera ‘‘le ha escamoteado’’ a Sonora.
Los legisladores determinaron que el gobierno de Sonora, a cargo del panista Guillermo Padrés Elías, no aplicó los protocolos de protección civil y recomendaron al gobierno federal estrechar la vigilancia y supervisión a Buenavista del Cobre.
El pleno aplicó el término ‘‘responsabilidad en forma estricta’’ al consorcio minero porque, explicó, desde el punto de vista económico esto evitará la socialización de costos y la disputa por distribuir responsabilidades.
Daños que prevalecerán
Acotó que si bien un primer informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere daños económicos de más de 702 millones de pesos, los perjuicios en la calidad del agua, la salud de los habitantes y la economía de Sonora prevalecerán durante varios años.
También aceptó solicitar al gobierno federal aplique una sanción ejemplar, penal, social y administrativa a la empresa de Germán Larrea ‘‘y a los mandos directivos que resulten responsables’’ de lo que la Cámara de Diputados definió como una catástrofe causada por la indolencia de la minera, ‘‘que incurrió en delitos en materia ambiental’’.
El documento aprobado este miércoles cuestionó que la minera tiene un historial negativo y de impunidad, no protege la salud de sus trabajadores, a los que únicamente proporciona mascarillas de papel, y por tanto ‘‘no puede ser considerada empresa socialmente responsable’’.
La comisión propuso que se haga una evaluación de los daños en dos etapas: determinar las consecuencias biofísicas del derrame tóxico, y cuantificar las pérdidas económicas asociadas a las consecuencias biofísicas.
Al respecto, consideró que la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, es estrictamente responsable por tres tipos genéricos de costos: de mitigación y limpieza del daño; daños particulares a jornaleros, productores, comercio, ganaderos, hogares y en los niveles de morbilidad presente y futura atribuible al derrame, y por daños a recursos de la nación, aguas superficiales, recursos del subsuelo y ecosistemas.
También definió que los daños causados por el derrame incluyen, entre otros, los siguientes cambios adversos: a la sobrevivencia, crecimiento y reproducción de las especies asociadas a las actividades agropecuarias; a los procesos ecológicos; en la calidad y estructura del hábitat físico y químico humano y de la biosfera; en los servicios públicos, y en la conducta, ingreso y composición de las comunidades.
‘‘El monto de los daños es aún incuantificable y debe considerarse que el total se fije en el orden de miles de millones de pesos, considerando lo que dejaron de percibir los pobladores y añadiendo las indemnizaciones, las multas del orden administrativo que deberá pagar la minera, la responsabilidad civil y penal, así como las consecuencias en consumidores finales de productos de la región que hayan sido contaminados’’, explicó.
El pleno respaldó las observaciones de la comisión especial en su visita de inspección a Cananea, donde encontraron ‘‘indolencia y poca disposición de los responsables de Grupo México para reconocer la gravedad del daño ambiental y social, así como de hacerse cargo de las indemnizaciones y acciones que deben realizar y son responsabilidad del grupo empresarial’’.
Entre los hechos que muestran la indolencia de la compañía, los diputados mencionaron que durante el recorrido en helicóptero ‘‘se observó ganado abrevando en el río sin alguna prevención ni restricción sanitaria, que son obligatorias en situación de emergencia’’.
La Cámara de Diputados definió que la responsabilidad al causante del desastre debe incluir al menos la compensación por el valor económico-social perdido a causa del incidente, restauración física de los daños ambientales, sanciones del orden civil y penal atribuibles a los factores causales del derrame y suspensión indefinida de la extracción y transformación de cobre.
Al respecto, planteó que las autoridades correspondientes cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, a aguas nacionales y a la biosfera, a corto, mediano y largo plazos, y en general los causados a los 24 mil 48 habitantes de los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.
Más aún, reprochó que Grupo México ‘‘sigue exponiendo al peligro a la población afectada’’, porque no ha realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados.
‘‘Se puede apreciar claramente que el tubo que se refiere roto y del cual emanaba la sustancia derramada no ha sido arreglado, mismo que, junto a una pileta a medio construir río abajo, y una tercera pileta que no se construyó, constituyen una clara violación a las normas que se emiten para la operación de una mina de esta naturaleza’’, detalló el informe.
Además, los diputados comprobaron que para la magnitud del derrame ‘‘se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que se retiraba del afluente se llevaba a espacio a cielo abierto junto a Buenavista del Cobre, en Cananea’’, y las únicas herramientas que utilizaban eran picos y palas.
También se recomendó garantizar servicios de salud que atiendan las repercusiones presentes y futuras provocadas por el derrame y realizar estudios para determinar si la región presenta mayor incidencia de enfermedades imputables al desastre como cáncer, malformaciones, padecimientos crónico-degenerativos y envenenamiento paulatino.
