Sara Pantoja
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El próximo lunes la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dará a conocer el Informe Complementario Sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano frente a la Convención sobre los Derechos del Niño que entregó el pasado 4 de septiembre al Comité de la ONU (CRC, por sus siglas en inglés) y en el que el gobierno del Miguel Ángel Mancera no sale bien librado.
El reporte se divide en nueve secciones y en él se describe la vulnerabilidad que viven los niños y adolescentes capitalinos en cuanto al tratamiento con la justicia, su identidad jurídica, la violencia en las escuelas, su permanencia en albergues y casas-hogar y los riesgos en la forma de entretenimiento.
La CDHDF envió el reporte al CRC de la ONU para que éste lo tome como complemento al cuarto y quinto informe del gobierno de México que se examinarán los próximos 22 y 26 de septiembre en Ginebra, Suiza.
Torturas y tratos inhumanos
En el documento del cual Apro tiene copia, subraya la violencia que el gobierno del DF ejerce sobre los adolescentes en conflicto con la ley. De enero de 2009 a diciembre de 2013, la CDHDF recibió 35 quejas por presuntas violaciones al derecho a la integridad personal por parte de servidores públicos del gobierno capitalino.
De las 46 víctimas de entre 12 y 17 años identificadas por la Cuarta Visitaduría General de la CDHDF, 59% acusó el uso desproporcionado o indebido de la fuerza, 20% dijo que fue torturado y 7% denunció tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las autoridades señaladas como presuntas responsables de estas violaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF) en 69% de los casos y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en 23% de las menciones.
“Resulta preocupante que la autoridad encargada de proporcionar seguridad a las personas sea la que se señale como responsable de cometer actos de tortura y tratos crueles e inhumanos, más cuando dichos actos se cometen en contra de personas adolescentes, frente a los que debería tener un refuerzo mayor de protección”, dice el reporte.
El organismo autónomo recuerda a la ONU que hace cinco años emitió la Recomendación 19/2009 en la que evidenció la práctica recurrente de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de personal de seguridad y custodia –el denominado “Grupo Táctico Tiburón”–, en contra de internos, entre los que había adolescentes.
En febrero pasado emitió la Recomendación 3/2014 dirigida a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del DF, dependiente de la Secretaría de Gobierno, dirigida por Héctor Serrano. El llamado de atención fue por la afectación al derecho a la integridad personal de 22 adolescentes víctimas de los mismos maltratos, además de que se violó su derecho a la salud dentro de las instalaciones de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA) de San Fernando, el 17 de mayo de 2012.
Por estas presuntas violaciones, la CDHDF considera necesario que el Estado adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza en contra de adolescentes en conflicto con la ley.
“El CRC debe recomendar al Estado mexicano avanzar en la creación de un cuerpo especializado encargado de la protección y seguridad de las personas adolescentes, lo que implica tanto personal que se encuentre directamente con adolescentes en las CTEA, como cuerpos de seguridad que tengan contacto con adolescentes”, dice.
Agrega que es “indispensable” recomendar al Estado mexicano iniciar de oficio y con diligencia las investigaciones relacionadas con tratos crueles e inhumanos, con especial énfasis cuando se trate de niños y adolescentes.
Sin protección psicológica
La CDHDF dice al Comité del Derecho de los Niños de la ONU que en la Ciudad de México también se vulnera el interés superior de los niños y adolescentes involucrados en juicios de divorcio, patria potestad, guarda y custodia, entre otros procesos legales.
En el Informe Complementario asegura que de enero de 2009 a diciembre de 2013, recibió 199 quejas por la presunta violación a los derechos menores a manos del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), en particular lo de cero a 11 años.
Los tipos de violación señalados son: obstaculización, restricción, desconocimiento o injerencias arbitrarias en el interés superior de los niños y adolescentes (30.4%), la negativa u omisión del Estado para considerar el interés superior en todas las gestiones de tribunales judiciales o administrativos (24.9%) y la obstaculización o negativa para la protección de su integridad física o psicológica (21.7%).
En las quejas investigadas por violaciones al debido proceso en las instituciones impartidoras de justicia la CDHDF detecta diversas anomalías:
Insuficiente personal de apoyo para aplicar pruebas periciales que valoren la condición psicológica de los menores –lo que genera demoras excesivas en los juicios–; omisión en la validación de medidas de apercibimiento ante el incumplimiento del régimen de convivencia; falta de actualización de operadores de justicia en torno a enfoques, perspectivas y temáticas básicas como perspectiva de género y el mal llamado “síndrome de alienación parental” (sap).
También hay dilación excesiva en resolución de juicios de guarda y custodia, –demora que afecta su derecho de convivir con su familia y a la identidad–; falta de coordinación entre el TSJDF y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), que impide que en las audiencias haya personal de esta última dependencia; falta de información a los menores sobre su situación jurídica a través de medios acordes a su edad.
Ante esta situación, la CDHDF solicita al CRC que recomiende al Estado mexicano garantizar el interés superior de la niñez en el desarrollo de diligencias judiciales con la presencia de personal especializado, así como la no revictimización durante el desarrollo del juicio y agilizar la tramitación del proceso, atendiendo a las afectaciones que la demora genera en los menores.
Además pide impulsar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad psicofísica; verificación in situ de visitas de convivencia y durante el desahogo de la etapa probatoria ante juzgados; atención integral de los casos recibidos ante organismos públicos autónomos de defensa de derechos humanos, atendiendo violaciones de contexto detectadas en el transcurso de la investigación.
En materia de la “alineación parental”, la CDHDF sugiere que el Estado mexicano revise la legislación federal y local en ese tema y legisle acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
Niños con madres presas
Según el Informe Complementario de la CDHDF, hasta julio del 2013 en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla vivían 105 niños menores de seis años junto a sus madres presas.
La Comisión asegura que el gobierno capitalino aún no atiende el interés superior de los menores al sustituir la pena privativa de libertad –en el caso de que sea el padre o la madre el cuidador único— por una que les permita convivir con sus hijos.
La CDHDF pide al CRC que recomiende al Estado mexicano emprender la revisión y armonización de la legislación aplicable a la procuración y administración de justicia para garantizar el interés superior de los menores en todas sus etapas y que se les garantice la atención médica y los servicios educativos de calidad.
Agrega la solicitud de “evitar la salida obligada de niños derivada de la presión que ejercen las autoridades sobre las madres con el objetivo de facilitar los procedimientos sancionatorios u ocultar las deficiencias estructurales del sistema penitenciario para garantizar sus derechos; formule estrategias eficaces para garantizar un ambiente libre de violencia; garantice que los espacios destinados a niñas y niños estén abiertos al escrutinio público y a la supervisión de otras instituciones encargadas de velar por el bienestar de su interés superior”.
La Comisión de Derechos humanos local asegura que en el DF aún persiste la discriminación a niños indígenas y con discapacidad en condición de pobreza y marginación.
En el 2010, detalla, había 267 mil 881 menores de 15 años de edad que habitaban en viviendas hacinadas, con piso de tierra, techos de láminas y cartón. Además, 86 mil 437 habitaban en viviendas carentes de servicios básicos de agua, drenaje, electricidad.
Estas condiciones, comenta el informe, “derivan en muchas ocasiones en situaciones de discriminación que van replicando estructuras profundamente desiguales en diferentes ámbitos de la vida social y servicios educativos, de salud, de justicia, y otros, que en conjunto constituyen todo un entramado de injusticia social que niega en los hechos los derechos de niños y adolescentes”.
De acuerdo con el documento, en el 2011 en la Ciudad de México se registraron mil 963 defunciones de niños menores a un año. Las principales causas de muerte fueron: dificultad respiratoria y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal (24.2%), malformaciones congénitas del sistema circulatorio (15.3%) y las enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas (10.6%).
Estos indicadores de mortalidad infantil, dice, podrían responder a las omisiones del Estado para mejorar las condiciones de salud de niños, pues se asocian “con las malas condiciones de vida de las personas, la inaccesibilidad a servicios de salud, negligencias en la atención médica, desnutrición materna, y otras que en conjunto representan una evidente violación al derecho a la salud y a la vida”.
Entre otras recomendaciones que hace la CDHDF se encuentra que el Estado mexicano concrete el nuevo marco jurídico integral de protección de los derechos de la infancia y adolescencia conforme a los estándares internacionales y donde se les reconozca como sujetos de derechos.
Pide también la homologación entre las legislaciones locales con la federal sobre la definición de la edad de protección y ejercicio de derechos de los menores, el requisito de edad mínima para casarse, particularmente en caso de menores embarazadas.
Violencia escolar
El informe que la CDHDF envió a la ONU asegura que, de enero de 2009 a diciembre de 2013, recibió 46 quejas en las que se presumen actos de violencia escolar. De ese total, se identificaron a 98 personas y 12 colectivos en calidad de víctimas.
En los casos se presume violación a los derechos de la niñez (56.7%), derechos de la víctima o persona ofendida (15%) y derechos a la seguridad jurídica, a la integridad personal y a la libertad y seguridad personales (5% cada uno).
Las modalidades de violencia fueron: Burlas, humillaciones, castigos, amenazas, golpes, castigos físicos y uso excesivo de la fuerza, entre otras.
Las autoridades señaladas como victimarias fueron la PGJDF (18.8%), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la Jefatura Delegacional en Coyoacán (12.5% cada una).
En las narraciones de las quejas, dice la Comisión, destacan la falta de apoyo frente al maltrato o acoso escolar cuando los educadores y directivos se muestran indiferentes o minimizan el problema.
La CDHDF considera que el CRC debe recomendar al Estado mexicano “evitar una perspectiva punitiva y de medidas verticales, centrada en castigos y sanciones, así como, la criminalización de estudiantes”.
Agrega la necesidad de avanzar en la construcción de protocolos de atención a la violencia escolar al interior de las escuelas y con la participación de los menores; revisar los modelos pedagógicos y propuestas didácticas y promover la articulación y coordinación entre diversas instancias del Estado responsables de la prevención y la atención de los casos de violencia escolar.
Por último, la CDHDF asegura que en el gobierno capitalino existe “una política de seguridad pública que criminaliza a la adolescencia y la juventud” en relación con los operativos de revisión en bares, restaurantes y centros de entretenimiento. Ésta recae las autoridades delegacionales, policía y la Procuraduría.
La CDHDF considera que el CRC de la ONU debe recomendar al Estado mexicano cumplir con la reparación del daño para las víctimas, incluida la investigación y sanción de los hechos para los responsables; el fortalecimiento y autonomía de las procuradurías generales de justicia, modificaciones a la política pública de seguridad y la estructura de la policía; la adecuación de marcos normativos, protocolos y políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos que no criminalice.
Y concluye: “que se implemente una política pública integral dirigida a las personas adolescentes, desde un enfoque de sujetos derechos, que les permita ejercer sus derechos culturales, recreacionales, deportivos, implementando las medidas necesarias para prevenir la estigmatización y la criminalización, como garantías de no repetición”.
