Ana Langner
El Economista
La ausencia de una institucionalidad que se ocupe de proteger, promover y hacer cumplir los derechos de la infancia coloca a los menores de edad en especial estado vulnerable, siendo este grupo poblacional el que más sufre por las crisis en materias de derechos humanos en el país, dijo el Secretario Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez.
La corrupción y los procesos de cooptación de las instancias de la administración pública por parte del crimen organizado tienen un efecto directo sobre la situación de los menores en estos territorios, aseguró.
Juan Martín Pérez precisó que los homicidios cometidos contra adolescentes han sufrido alzas escandalosas. Entre el año 2000 y el 2012, la tasa de muerte por homicidio en la población de cero a 17 años de edad pasó de 1.7 muertes por cada 100,000 habitantes, a cuatro fallecimientos por cada 100,000 habitantes; esto significa un aumento de 235 por ciento.
El texto indica que en algunos estados de la República, este aumento ha sido mayor que en otras zonas del país. En Chihuahua, el aumento de la tasa de homicidio de personas entre cero y 17 años fue de 351% en el mismo periodo, pasando de 2.9 muertes en el año 2000 a 13.1 en el año 2012. En el estado de Guerrero el aumento fue de 535% y en Tamaulipas de 600 por ciento.
Pérez destacó que la población adolescente es la más afectada por el recrudecimiento de la violencia, en particular los jóvenes de entre 15 a 17 años. Del año 2007 al 2012, la tasa de mortalidad por homicidios en este grupo de edad se incrementó de 5.3 por cada 100,000 habitantes a 16.3.
Las estimaciones de Redim refieren que este aumento no se observa en los otros grupos de edad y se puede decir que gran parte del incremento de la tasa de homicidios en la población de cero a 17 años se debe al crecimiento de homicidios en los adolescentes de 15 a 17 años. Tan sólo en el 2012, las muertes violentas en este último grupo de edad representaban 70% del total de los homicidios en personas menores de 18 años.
Niños desaparecidos
De acuerdo con datos del Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes de la PGR, a nivel nacional hay 810 niñas desaparecidas, de las cuales 361 se encuentran entre los cero y 12 años de edad y 449 entre los 13 y 17 años.
La Secretaría de Seguridad Pública, a través del Programa de Personas Extraviadas Dar Contigo sólo reporta 800 niñas desaparecidas a nivel nacional, sin desagregar la información por grupos de edad.
“Estas cifras evidencian que la información para localizar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos no es fiable. La información oficial es escasa, incompleta. (…) Por ello, no es posible determinar con precisión el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de este fenómeno”, exhibe el trabajo de Redim.
Pérez exhibió que no existen asignaciones presupuestales suficientes para garantizar los derechos de la infancia en todo el país.
Informe alterno en la ONU
Al dar a conocer que Redim presentará el “Informe Alternativo sobre la Situación de Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México”, en audiencia del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, a celebrarse este jueves 25, Juan Marín Pérez explicó que a través de este documento las organizaciones no gubernamentales que forman parte de este contingente, reportan las diferentes problemáticas que enfrentan los menores mexicanos. Esta recepción forma parte del proceso previo a que el Estado mexicano sustente su “Informe Oficial”, en mayo del 2015 en Ginebra, Suiza.
El documento, presentado este lunes, destaca que la falta de institucionalidad tiene una estrecha relación con los vacíos de poder y de gobernabilidad que se presentan en las zonas con mayores índices de violencia armada que vive México.
Asimismo, exhibió que como parte de la frágil institucionalidad en el país, destaca la ausencia de un sistema de información único que permita generar diagnósticos, pues sin datos oficiales no pueden tomarse medidas de atención adecuadas.
Destacó la inexistencia de un mecanismo de alto nivel que articule las dependencias y las órdenes de gobierno para la atención de la infancia. Afirmó también que continúa una política asistencialista para los menores de edad y no se les ve como ciudadanos.
