Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre la captura de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, líderes del Pueblo Yaqui en Sonora, acusados de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad.
El presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que la investigación está a cargo de la Cuarta Visitaduría, que tiene la encomienda de esclarecer las causas de la detención, que según diversas voces de actores políticos y sociales se trata de una persecución política por parte del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en respuesta a la participación de ambos líderes en las protestas contra la construcción del acueducto Independencia.
La investigación, apuntó el ombudsman, busca determinar si hubo violación a los derechos humanos de Luna y Jiménez, aprehendidos el 11 y el 23 de septiembre, respectivamente.
En 2013, la Procuraduría General de Justicia de Sonora abrió una investigación a raíz de la denuncia del indígena Francisco Delgado, quien se quejó del castigo impuesto por autoridades tradicionales después de que aventó su vehículo a una mujer y su hija que protestaban contra la operación irregular del acueducto, impulsado por el gobierno de Padrés con el aval de dependencias federales.
Frente a este acto de justicia indígena, las autoridades del estado de Sonora impusieron órdenes de aprehensión a varios integrantes de la Tribu Yaqui que se oponen al acueducto, entre ellos Luna y Jiménez. Este último compareció ayer ante un juez local y rechazó las acusaciones en su contra.
La semana pasada, Mario Luna Romero, recluido en el Centro de Readaptación Social número dos de Hermosillo, respondió un cuestionario al diario La Jornada, en el que aseguró que no existe argumento jurídico válido para que esté encerrado, por lo que se declaró preso político.
“Es claro y evidente que soy un preso político, porque están violando todos mis derechos políticos, constitucionales y humanos. Me acusan de un delito inexistente, del cual no fui partícipe”, refutó.
Y explicó que su detención se inscribe en el contexto de persecución contra quienes luchan por defender su territorio.
“Veo con más claridad y admiro aún más la fortaleza y dignidad de otros luchadores sociales que se encuentran en la misma situación que yo, como (José Manuel) Mireles, de Michoacán; Ernesto Salgado, Juan Carlos Flores y Enedina Rosas, de Puebla, y muchos otros que enfrentan penas injustas”.
El portavoz de la tribu yaqui, que mantiene una férrea oposición a la construcción del acueducto Independencia, pidió a sus compañeros no caer “en el juego perverso” del gobierno de enfocar la lucha en su liberación y descuidar la lucha por el agua y territorio.
Asimismo, responsabilizó a Padrés Elías de lo que pueda sucederle a él y su familia.
El líder yaqui comentó que desde su llegada al penal ha recibido muestras de apoyo de los internos, y desde afuera el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y más de 150 organizaciones que integran la Misión Civil de Observación, exigen su liberación inmediata.
