Martha Martínez
Reforma
Distrito Federal (28 septiembre 2014).- Cuando Luis, su esposo, comenzó a trabajar en una fábrica de productos de limpieza, en enero pasado, Elizabeth Ruiz pensó que parte de sus problemas estaban resueltos. Con un sueldo seguro cada semana y la posibilidad de incrementar los ingresos de la casa con horas extras, su familia tendría garantizados los alimentos todos los días.
Para Eli, como la conocen sus vecinos, el nuevo trabajo de Luis, un hombre de 48 años de edad y con sólo la secundaria terminada, era una bendición. Después de más de siete años de estar desempleado, entrar y salir de constantes depresiones y emplearse en «chambitas» informales que apenas le daban para comer, su esposo dejaría de formar parte de los más de 2.5 millones de mexicanos que buscan empleo sin éxito.
El plan era que Luis buscaría el mayor número de horas extras y así lo hizo por unas semanas. Con un salario base de 600 pesos semanales y tiempo adicional a su jornada normal, llegó a recibir hasta mil pesos de sueldo, dinero que Elizabeth usaba para comprar comida, recoger dos veces por semana la leche que el gobierno federal distribuye como apoyo a las familias más necesitadas a través de las tiendas Liconsa y hasta darse el lujo de comprar carne una vez por semana.
Pero el gusto les duró poco. Aquello que los economistas llaman «estancamiento del mercado interno» hizo mella en el trabajo de Luis. A finales de febrero pasado, la fábrica en la que labora comenzó a bajar su productividad y a hacer recorte de personal; así, junto con muchos de sus compañeros que quedaron desempleados, se fue la posibilidad de incrementar su raquítico salario.
Con la edad prácticamente fuera del rango de productividad impuesto por las empresas, el número de desempleados al alza y una familia que alimentar, Luis se convirtió en uno de los más de 12 millones de trabajadores mexicanos que no reciben más de dos salarios mínimos.
A pesar de que la totalidad de sus ingresos los destinan a la compra de alimentos, los 85 pesos diarios con los que esta familia cuenta para satisfacer sus necesidades básicas son apenas una tercera parte de lo que Coneval establece como el mínimo necesario para garantizar una alimentación adecuada.
Sobrevivir con el mínimo
Con sus ingresos reducidos a la mitad de la noche a la mañana, Elizabeth volvió a hacer lo que en el último año: excluir de la dieta familiar la fruta, la carne y la leche; volver a preparar únicamente alimentos que «llenan la panza» y buscar en los tianguis la verdura más aguadita, aquella a la que los dueños de los puestos les asignan precios bajísimos en un último intento por venderla, antes de tirarla a la basura.
«De comer busco lo que más rinde: arroz, sopa o frijoles. Sí le batallo para hacer de comer porque siempre ando buscando lo más barato. Por ejemplo, si hay jitomate del bueno, yo compro del más barato, del aguadito, lo lavo bien y me sirve para hacer sopa», relata.
Foto: Reforma
Habitante de la colonia María Isabel, en Valle de Chalco, una de las zonas más empobrecidas del Estado de México, Eli ya no recuerda la última vez que compró un kilo completo de algo, pues desde hace mucho tiempo aprendió a vivir al día.
«Yo ya no compro por kilo. Si necesito chiles, compro dos o tres pesos; si necesito jitomate, compro tres o cuatro, o si necesito cebolla, compro nada más una. Así le hago para hacer rendir lo poquito que tenemos», señala.
El caso de Elizabeth materializa lo que los académicos han advertido desde hace años: la disociación entre las políticas social y laboral reduce drásticamente el impacto de los programas sociales.
Delgada y bajita. Eli tiene la piel quemada por las largas caminatas bajo el sol que hasta enero pasado realizaba para vender bolsas de frituras que ella misma elaboraba. Pero tuvo que dejar esa actividad por la ola de delincuencia que azota a su colonia. A pesar de que cuenta con la tarjeta de leche Liconsa, la falta de recursos no le permite beneficiarse de este programa.
«Es más barata la leche de Liconsa, pero aun así ya no puedo comprarla porque, o compro leche que cuesta 18 pesos, o le doy de comer a mis hijas. Desde hace como seis meses tengo prestada mi tarjeta porque si no la uso me la quitan y tengo la esperanza de que pronto voy a poder comprar leche otra vez», indica.
Madre de tres hijas menores de edad, Eli advierte que Oportunidades, el programa estrella de combate a la pobreza del gobierno federal, cuyo nombre cambió a Prospera por decreto del presidente Enrique Peña Nieto, tampoco ha sido de mucha ayuda.
Cada dos meses recibe 850 pesos, que apenas le alcanzan para comprar el gas que cada fin de mes se acaba.
Salario en picada
La de Elizabeth es una de las miles de familias afectadas por la precarización del mercado laboral, los raquíticos incrementos salariales y el constante aumento de los precios de los productos básicos.
En lo que va de 2014, siete de cada 10 nuevos empleos generados se ubicaron en las escalas salariales más bajas. Entre enero y agosto de este año, se crearon 239 mil nuevas plazas, pero 100 mil de ellas fueron de un salario mínimo y 61 mil de hasta dos salarios. El esposo de Elizabeth se ubica en este último grupo.
En enero pasado, cuando comenzó a trabajar como obrero en una fábrica de productos de limpieza, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció un incremento de dos pesos al salario base para 2014. No obstante, dicho aumento quedó diluido ante la inflación.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, sólo entre mayo y agosto, el precio del huevo aumentó de 20 a 30 pesos; la pieza de pan blanco pasó de 1.20 a 1.43 pesos y el kilo de jitomate se incrementó de 8 a casi 17 pesos.
Entre enero de 2013 y abril de 2014, el precio de la canasta de alimentos recomendada aumentó 7.62 por ciento.
Con sólo la secundaria terminada, Elizabeth vive ajena a estas cifras y a los análisis económicos, pero resume la problemática en una frase contundente: «¿qué son 2 pesos diarios?, no me alcanza ni para un kilo de tortillas», indica.
Aumento salarial a debate
Para esta mujer de 40 años de edad, el debate sobre el eventual incremento del salario mínimo es mezquino, pues para una familia como la de ella, 15 pesos adicionales, como lo propone el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, representa apenas un litro de leche.
Es más, su marido ya gana los 85 pesos que propone Mancera, y ni así le alcanza para sobrevivir.
«He escuchado en la televisión que quieren subir el salario; estoy de acuerdo en que 15 pesos es más de los 2 pesos que cada año subía, pero 15 pesos me los gasto en un litro de leche», advierte.
Aun cuando el Congreso aprobara la iniciativa, sería insuficiente para sacar del umbral de la pobreza extrema a familias como la de Elizabeth en el corto plazo.
El economista Gerardo Esquivel, quien formó parte del equipo de especialistas convocados por Mancera para desarrollar su propuesta, explica que, en principio, la iniciativa beneficiaría únicamente a los trabajadores que perciben un salario mínimo como contraprestación, es decir, 67.29 pesos diarios.
Los empleados como Luis, que perciben hasta 85 pesos diarios, quedarían excluidos del incremento salarial aun cuando sus ingresos son insuficientes.
Además, el economista detalla que, de acuerdo con el INEGI, las familias mexicanas están integradas, en promedio, por cuatro personas; los 15 pesos propuestos por Mancera, únicamente alcanzarían para sacar del umbral de la pobreza extrema a dos de ellas.
«Con el incremento de 15 pesos al menos, ese trabajador y un miembro de su familia ya no serían pobres extremos, aunque seguirían siendo pobres dentro de la categoría de pobres moderados, pero al menos ya es un avance», señala.
Y agrega: «si hay más de dos integrantes a quien tiene que sostener un trabajador, esa familia seguiría estando en pobreza extrema».
Los efectos colaterales
Uno de los argumentos esgrimidos por autoridades y empresarios en contra de una subida del salario mínimo (de 67 a 82 pesos diarios en la zona económica A) es el de sus efectos inflacionarios.
Esquivel califica como limitada esa preocupación y aclara que esta medida impactaría únicamente al mercado laboral formal.
Lo anterior significa que, según cifras del INEGI, sólo el 7 por ciento de los más de 6.5 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo serían beneficiados por la medida.
«Recordemos que de esos casi 7 millones también hay trabajadores que están en la informalidad y que posiblemente sea difícil garantizar que le suban el salario mínimo al nivel propuesto. En la formalidad, tendrían que hacerlo, pero en la informalidad no necesariamente», asegura.
Para Miguel Reyes, coordinador del Observatorio de Salario Justo de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, el argumento de que el incremento al salario mínimo provocará más desempleo tampoco es del todo cierto.
Aunque las pequeñas y medianas empresas pueden ser afectadas en sus costos con esta medida, dichas consecuencias podrían revertirse con incentivos fiscales, según Reyes.
«Como no hay ese mercado interno, lo que hay que hacer es fortalecerlo y ¿cómo lo vas a fortalecer?, pues a través de la generación de mejores salarios. Puede verse afectada la pequeña y mediana empresa en sus costos, ¿cómo los vas a compensar?, con incentivos fiscales. Tenemos que caminar hacia una política redistributiva», precisa.
Los especialistas reconocen que si bien existe un sector de economistas y empresarios que argumentan que antes de discutir el aumento del salario mínimo es necesario impulsar el crecimiento económico y la productividad del país, las cifras muestran que, a pesar de la mejora en este último indicador, las percepciones de los trabajadores siguen en caída libre.
«En los últimos 35 años, cuando este país ha tenido aumento de productividad general y aumento de la productividad por sector de la actividad económica, los salarios siguen cayendo. Cuando ha bajado la productividad, han bajado los salarios; pero cuando va hacia arriba la productividad, los salarios van hacia abajo. O sea, sí se toma en cuenta la productividad cuando ésta va a la baja para ponerla como referente de los salarios, pero cuando va al alza los desvinculas», explica.
Un tema que divide
Para Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda y senador panista, la iniciativa de aumento salarial de la que se ha colgado su partido, es un error. Según él, no hay recetas mágicas que solucionen la pérdida del poder adquisitivo.
«Todos queremos que aumente el ingreso de las familias y los trabajadores, yo creo que de eso no hay duda y todos queremos que el nivel de vida de los mexicanos poco a poco vaya mejorando, lamentablemente no hay recetas mágicas y no se puede mejorar el ingreso de las familias por decreto», sostiene.
Cordero, quien en febrero de 2011 declaró que hay familias mexicanas que con ingresos de 6 mil pesos pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas y hasta pagar un crédito hipotecario, hoy se queja de que el debate sobre el salario mínimo tenga tintes electorales.
«Esto se va a convertir en una medida populista que va a generar desempleo y que va a empujar a muchas familias trabajadoras a la informalidad», sostiene.
En contraparte, el senador Héctor Larios rechaza que la propuesta del PAN de impulsar una Consulta Popular por el Salario Digno tenga tintes electorales.
«Nosotros queremos abrir un debate nacional sobre el valor del trabajo, no solamente sobre el salario mínimo. Los temas de justicia social deben debatirse abiertamente. Todos debemos ser muy conscientes de que no es posible que en un país esté al libre arbitrio cuánto es el mínimo que se le puede pagar a una persona por un jornal», sostiene.
Aunque el senador rechaza que la propuesta de su partido sea una copia de la de Mancera, pues ésta no propone cantidades específicas a incrementar, reconoce que como gobierno el PAN omitió impulsar el tema.
«¿Por qué no lo hicimos entonces?, porque nos acostumbramos, lamentablemente, a que el salario mínimo era simplemente un referente no a lo mínimo que gana una familia; la verdad es que sí hay como 3 millones que sí ganan el salario mínimo», explica.
El 11 de septiembre pasado, PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para desindexar el salario mínimo de trámites administrativos, multas y créditos del Infonavit.
La iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde, indica que actualmente existen 140 leyes y 569 artículos, incluidos dos constitucionales, que toman el salario mínimo como referencia.
Para Alcalde, la aprobación de la iniciativa que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Hacienda, es el punto de partida del debate.
«La iniciativa que presentamos pretende eliminar el principal argumento que han dado para negarse al incremento al salario mínimo, que es el riesgo de que las multas, los créditos y algunos trámites administrativos aumenten si no se desvincula el salario mínimo de ellos», explica la legisladora.
Dentro del debate sobre el incremento al salario mínimo, su desvinculación como unidad de referencia es la única propuesta en la que hasta ahora hay consenso.
