Norma Trujillo Báez
La Jornada
En Veracruz impera la opacidad en los programas sociales, de 80 programas que se aplican en la entidad sólo se da informe del padrón de beneficiarios de 50 de ellos, del informe sobre el ejercicio del gasto sólo se da a conocer 60 por ciento y muchos problemas son porque no existen padrones públicos, algunos programas no están institucionalizados, dependen de la “voluntad” de algún alcalde o gobernador.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en su reporte denominado “Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas”, donde se precisa que las entidades con mayor número de programas sociales son Sinaloa, con 233; Distrito Federal, con 225; Guerrero, con 164; Tamaulipas, con 154; Jalisco, con 106, y Zacatecas, con 102.
Y en ese estudio realizado por Anabel Monterrubio, señala que los gobiernos de las 32 entidades federativas operan un total de mil 927 programas sociales locales, pero la mitad de ellos mantiene en la opacidad sus presupuestos y padrones de beneficiarios, lo cual facilita actos irregulares y corrupción de servidores públicos, el uso electoral de los recursos, la discrecionalidad en la asignación de beneficios y la distracción de fondos en fines ajenos a la política social.
El gobierno federal mantiene a su vez en marcha 102 programas sociales a cargo de 13 dependencias y con un presupuesto conjunto de 339 mil 277 millones de pesos para 2014, aunque en este caso el grado de transparencia en padrones y ejercicio presupuestal oscila entre 78 y 93 por ciento.
Pero no hay claridad en las dependencias sobre los destinatarios de los programas sociales: la información es disímbola y no homogénea, genera confusión y limita la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, como consecuencia, a los programas. El estudio detalla que sólo 55.3 por ciento de los programas sociales de los estados cuenta con un padrón público de beneficiarios y apenas 53.6 por ciento da a conocer sus respectivos presupuestos.
De ellos, en la entidad veracruzana se aplican 80 programas sociales y sólo 63 cuentas con sus padrones de beneficiarios, pero sólo 60 de ellos están dados a conocer públicamente, lo que representa ser insuficiente dentro de los niveles de cumplimiento. Asimismo se señala que 77 de los padrones están disponibles en medios electrónicos, lo que resulta en término medio de cumplimiento, sin que se corrobore que coincidan con la realidad de beneficiarios.
En cuanto a rendición de cuentas, 55 parten del presupuesto público y sólo 48 de los programas informan sobre el ejercicio del gasto, lo que es 60 por ciento del total de programas. De los programas sociales operados en la entidad veracruzana, en su informe anual de resultados sólo fue proporcionado lo correspondiente a 67 de los 80 programas, un cumplimiento de 83.3 por ciento.
El estudio pone así en entredicho la institucionalidad de la política social a escala de estados y municipios, e identifica como focos rojos la falta de transparencia en los trámites, gestión de recursos y el otorgamiento de apoyos a la población más vulnerable.
