Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Una comisión de padres de los jóvenes desaparecidos y sus representantes legales, se reunieron este viernes con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Durante hora y media, nueve de los 18 padres de familia hablaron con Miranda Nava y le exigieron la intervención del gobierno federal en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, que oscilan entre los 15 y los 25 años de edad.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dijo en entrevista que después de escuchar los reclamos de los padres de familia por la falta de una estrategia clara para localizar a las víctimas, el subsecretario se comprometió a “coadyuvar con un equipo multidisciplinario de búsqueda”.
Descartó que se haya comprometido la intervención de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), porque de antemano “se sabe que tiene muchas limitaciones”.
Contó que la búsqueda emprendida en últimos días fue una propuesta de los mismos familiares guiados por indagatorias propias, “hasta ahora no hay una investigación del parte de las autoridades locales encaminada a la localización de los jóvenes, todo ha salido por iniciativa de los padres”.
Rosales destacó que, si bien en la reunión con Miranda Nava no se fijó una fecha para que el gobierno federal de respuesta a su pliego petitorio, advirtió que la intervención de la CIDH a través de la emisión de medidas cautelares, da garantías a los familiares de que el gobierno de Peña Nieto está obligado a actuar.
“Las medidas cautelares de la CIDH son ahora de carácter obligatorio, por la reforma constitucional en derechos humanos, por lo que los tres niveles de gobierno no pueden eludir su responsabilidad internacional para localizar a los muchachos, y ya dejar de dar palos de ciego”, concluyó.
