Redacción Proceso
(Imagen de archivo)
MÉXICO, D.F. (apro).- El 19 de noviembre de 2013, “Esteban” salió de la estación del Metro Tezozomoc, con destino a su casa. Pasaban las 19:00 horas y la calle Zempoaltecas estaba sin luz. El joven de 18 años comenzó a caminar y de pronto cayó en una excavación profunda de la que ya no salió vivo.
Se trataba de una excavación que 10 días antes personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Azcapotzalco inició con el propósito de colocar un contenedor de basura soterrado en la colonia Unidad Habitacional Miguel Hidalgo.
Sin embargo, los trabajadores sólo señalaron la fosa con dovelas y cinta plástica y dejaron material al exterior de la excavación.
Aquella noche llovió tan fuerte que la fosa se llenó de agua. Al día siguiente, para continuar con la obra, los trabajadores drenaron el líquido de la excavación y en el fondo encontraron el cuerpo de “Esteban”. Murió ahogado.
Aunque el Ministerio Público de la Fiscalía de Azcapotzalco inició una averiguación previa por la muerte del joven –padre de una niña pequeña– y la delegación apoyó a su familia con parte de los gastos funerarios, los familiares interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del DF.
La querella derivó en la recomendación 7/2014 dirigida a la delegación Azcapotzalco, encabezada por el perredista Sergio Palacios Trejo, y presentada este martes por la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo.
Según la CDHDF, la autoridad no previó los mecanismos y medidas de prevención adecuadas para salvaguardar a las personas que transitaban en la zona de construcción de las fosas profundas y, por lo tanto, violó dos garantías:
Derecho a la vida en relación con la falta de adopción de medidas adecuadas para prevenir y garantizar la seguridad de las personas y el derecho a un nivel de vida adecuado en relación con la obligación de la autoridad de brindar servicios que garanticen un entorno digno a las personas.
En la recomendación, la CDHDF pidió a la delegación Azcapotzalco reparar integralmente a las víctimas indirectas por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral, dar el tratamiento psicológico especializado que requieran y cubrir los gastos necesarios, implementar un curso de capacitación en materia de mecanismos y medidas de prevención en obras públicas al personal delegacional relacionado con su ejecución, y otro de supervisión de los protocolos de protección civil en todas las obras públicas realizadas por esa autoridad delegacional.
