Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Contraloría General del Distrito Federal recibió recursos de revisión de nueve de los 33 funcionarios y exfuncionarios públicos sancionados por irregularidades administrativas en la construcción de la Línea 12 del Metro, informó el titular de esa dependencia, Hiram Almeida.
Sin embargo, aclaró que entre los inconformes no se encuentra el exdirector general del Proyecto Metro del DF, Enrique Horcasitas, quien fue inhabilitado por 20 años para trabajar en el servicio público, además de que su expediente se envió a la Procuraduría General de Justicia capitalina por la presunta comisión de delitos penales.
Así lo dijo este miércoles el contralor general, luego de comparecer ante la Comisión Especial de seguimiento a los recursos federales utilizados en la Línea 12 en la Cámara de Diputados.
Hiram Almeida agregó que desde que anunció las sanciones –el pasado 10 de septiembre–, hasta el momento no tiene ninguna notificación de que alguno de los sancionados haya promovido algún amparo en juzgados federales.
Ante los diputados federales, recordó que en noviembre próximo la Contraloría dará un segundo informe de las cinco auditorías y 14 investigaciones abiertas y de las cuales, dijo, podría haber más responsables.
Agregó que la dependencia a su cargo tiene cuatro denuncias interpuestas en contra de Joel Ortega, director del Metro, relacionadas con la Línea 12 del Metro, razón por la que ya fue citado a comparecer, aunque no dijo la fecha. De éstas, una la interpuso el diputado federal del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, y otra, diputados locales y federales del PAN.
En noviembre, ampliación de Línea 12
El secretario de Obras y Servicios del gobierno capitalino, Alfredo Hernández, informó que a final de año iniciarán los trabajos para ampliar la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio, lo que significa que en menos de dos meses y medio el GDF deberá licitar el proyecto.
Agregó que están dentro de los tiempos y que los proyectos ejecutivos están en fase de terminación. “Yo calculo que un par de semanas podemos dar a conocer perfectamente el calendario de las obras”, dijo.
Al comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, el funcionario dijo que la Línea Dorada tendrá la primera de las cuatro ampliaciones proyectadas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), en las que habrá recursos federales.
Explicó que el proyecto incluye la ampliación de 3.8 kilómetros para beneficiar a 107 mil pasajeros por día, al llevar el servicio a la delegación Álvaro Obregón.
Sobre la pregunta de quién pagará el costo de las más de 528 mil refacciones y los trabajos de rehabilitación de la Línea recomendados por la empresa Systra, Alfredo Hernández dijo que la dependencia a su cargo esperará a que la Contraloría General determine quién es el responsable.
“Candados” para contratos a precio alzado
Este miércoles la administración capitalina publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se reforma y adicionan disposiciones a la Ley de Obras Públicas Del DF. El propósito, normar los contratos a precio alzado, supervisar la obra y garantizar la transparencia.
El documento establece obligaciones para el contratista y busca que las obras a precio alzado tengan proyectos ejecutivos concluidos.
Además, indica que se deberá contar con un catálogo de conceptos y descripciones de lo que va a ejecutarse para la realización de la construcción y clasificación de partidas, así como la calendarización de las actividades y los avances programados.
Según un comunicado del GDF, tanto gobierno como constructor deberán tener el programa general de la ejecución de los trabajos, las cuantificaciones y calendarización de las erogaciones y el presupuesto total de los trabajos.
El Decreto establece la responsabilidad que tendrán a partir de la aplicación de esta Ley las empresas supervisoras de obra, “cuando fruto de una mala supervisión se avalen obras con deficiencias”. Esto implicará también que las empresas supervisoras sean responsables ante la Administración Pública, por un monto igual al que haya sido contratado en caso de realizar una indebida supervisión de las obras.
El Decreto publicado este miércoles se generó a raíz de los vacíos encontrados en el contrato a precio alzado que firmó el GDF el 9 de julio de 2008 –aún bajo la administración de Marcelo Ebrard– con el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro formado por ICA, Carso y Alstom.
Y es que, de las condiciones del contrato número 8.07C01T.2.022 por 17 mil 583 millones de pesos por las obras a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac y sus posteriores modificaciones derivaron múltiples vacíos legales y administrativos que, entre otros factores, llevaron al cierre parcial de la línea y a las demandas legales y financieras que hoy existen entre el GDF y el consorcio constructor.
