Jorge Carrasco Araizaga
Proceso
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) removió al general de brigada José Luis Sánchez León como comandante de la 22ª Zona Militar, a la que pertenece el 102 Batallón de Infantería, implicado en la ejecución sumaria de presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
Sin explicación alguna, la Sedena publicó en su sitio electrónico cambios en las zonas militares del país, en los que destaca la remoción del general de brigada Sánchez León.
De acuerdo con la rotación aprobada por el titular de la Sedena y jefe del Ejército, el general de división Salvador Cienfuegos, Sánchez León no fue asignado a alguna otra de las 46 zonas militares del país.
En su lugar, fue designado como comandante de la 22ª Zona Militar el general de brigada José Ricardo Bárcena Rosiles, quien hasta hace algunos días era el subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Defensa Nacional, uno de los cargos de confianza del general secretario para el manejo del Ejército.
El cambio se produjo tres meses después de la matanza de civiles por parte de elementos del 102 Batallón de Infantería y bajo una creciente presión internacional para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.
Instalado en el municipio de Luvianos para combatir en el corredor del narcotráfico de Guerrero y el Estado de México, el batallón fue inaugurado en mayo de 2010 por el entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván, y el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, hoy comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (Proceso 1979).
La Procuraduría General de la República (PGR) ha consignado a cuatro elementos del batallón –tres soldados y un teniente¬¬– por homicidio y encubrimiento en los hechos ocurridos el 30 de junio de este año.
Según la PGR, los tres soldados fueron quienes dispararon contra ocho presuntos delincuentes que ya estaban desarmados. Una testigo asegura que fueron 21 los ejecutados extrajudicialmente por los militares y sólo uno fallecido en un enfrentamiento.
El único mando investigado es el teniente por encubrimiento de sus hombres, al asegurar en su parte informativo que los 22 civiles murieron al repeler una agresión armada.
A los cuatro consignados se suman dos soldados detenidos por actos de indisciplina y desobediencia sancionados en el Código de Justicia Militar.
El comandante del batallón es el coronel Raúl Castro Aparicio, quien según versiones extraoficiales llegó a la comunidad de San Pedro Limón, lugar de los hechos, una hora después de ocurridos.
El coronel Castro informó al ahora removido general Sánchez León, quien a su vez reportó al comandante de la I Región Militar, el general Jaime Godínez Ruiz.
El pasado sábado 11, decenas de familiares de militares procesados por el Ejército se manifestaron en la ciudad de México para protestar por lo que consideran abandono y traición de los altos mandos a la tropa en casos como el de Tlatlaya.
En un pliego petitorio que entregaron en la residencia presidencial de Los Pinos, cuestionaron también las consignas que aseguran hay en la justicia militar para actuar contra personal, incluidos generales, que han caído de la gracia del Alto Mando del Ejército –el titular de la Sedena– o del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
