Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal solicitará una partida especial de 500 millones de pesos en el proyecto de presupuesto de 2015 para la rehabilitación de la Línea 12, informó su titular, Edgar Amador.
“Tenemos que echar a andar la línea, independientemente de cualquier otra consideración. No podemos esperar a que haya una resolución respecto de la ejecución de las garantías o de las fianzas, en su caso. Tenemos que sacarla, es la primera consideración. Esto no va a obstar a que tengamos la capacidad de ejecutar cualquier fianza, garantía o facultad que tengamos sobre los contratistas, o en su caso”, dijo en entrevista luego de comparecer ante la comisión legislativa que investiga los recursos ejercidos en la Línea 12 del Metro.
El funcionario aclaró que a reserva de conocer el costo de las obras, la administración capitalina podría hacer ajustes presupuestales en el presente ejercicio fiscal e incluir una prevención por 500 millones de pesos para el próximo año.
“No queremos que nos pase lo que pasó este año, que no teníamos contemplado y nos complica mucho la ejecución de la rehabilitación. El siguiente año ya vamos a tener ese presupuesto, y lo vamos a poder ejecutar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cuál sea el monto final”, agregó.
Sin embargo, aclaró que no se afectará el presupuesto de los programas sociales, los servicios urbanos ni la seguridad pública.
Ayer se cumplieron siete meses del cierre parcial de la obra a causa de fallas que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros. Desde entonces, más de 430 mil personas han sido afectadas diariamente en su traslado del oriente al centro de la ciudad.
Aunque el secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández, informó que la reapertura del servicio será hasta noviembre de 2015, aún no se especifica cuánto costará la reparación ni quién la pagará, pues todavía no se resuelve la demanda que el GDF tiene con el consorcio constructor sobre los alcances del contrato y el cobro de la fianza por “vicios ocultos” que podría ascender a mil 700 millones de pesos.
Llueven cuestionamientos
En la comparecencia, los diputados federales cuestionaron al secretario de Finanzas, Edgar Amador, sobre el costo real del contrato de la obra y sus ampliaciones con el consorcio ICA, Carso Alstom, así como de la renta de los trenes a la ferroviaria CAF.
El funcionario capitalino recordó que el contrato de la L-12 requirió una inversión de más de 22 mil millones de pesos de 2007 a 2013. Aclaró que alrededor de 14 mil 300 millones (65%) correspondieron a recursos federales y casi 7 mil 300 millones (33%) a endeudamiento local.
Agregó que Proyecto Metro del DF ejerció 18 mil 136 millones de pesos de la inversión total, mientras la Secretaría de Obras erogó los 3 mil 875 millones restantes.
Los diputados federales le preguntaron también sobre el uso de contratos de Pago por Prestación de Servicio (PPS), por qué no se compraron trenes para que fuera más barato, cuál fue el procedimiento realizado por el Sistema de Transporte Colectivo para la contratación del PPS, cuál fue el resultado de la impugnación que hizo la empresa canadiense Bombardier, representada por el abogado panista Fauzi Hamdan y si hay recursos federales involucrados en el proyecto de prestación de servicio de los trenes, entre otras.
El funcionario respondió que en la contratación y pago del PPS no se usaron recursos federales, sólo locales y con un contrato únicamente con el STC Metro, aprobado por unanimidad en la ALDF. Sobre el resultado de la impugnación, dijo que esa información no le corresponde a la dependencia a su cargo.
La diputada priista Martha Gutiérrez Manrique pidió a Edgar Amador que explicara si era verdad que “el tipo de cambio en el contrato de arrendamiento (de trenes) fue por 16 pesos por dólar”.
Amador respondió que más de 65% del total de los recursos destinados a la construcción de la Línea 12 del Metro fueron cotizados a razón de 16 pesos por dólar. Argumentó que “la contraprestación fija, la cual representa del 55 al 60% de los pagos del contrato, tiene una cobertura cambiaria que está alrededor de 16 pesos por dólar y el resto es la contraprestación variable”.
El panista Jorge Sotomayor recordó al secretario de Finanzas que existen alrededor de 850 vecinos de las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac, cuyas viviendas fueron afectadas por la construcción de la Línea Dorada y a la fecha no han sido indemnizados por el consorcio constructor ni por el gobierno capitalino, pese a que lo han solicitado en múltiples ocasiones y en diferentes instancias.
“Solamente se han practicado 499 dictámenes, como los que le muestro aquí de la empresa CAF; sin embargo, de éstos solamente se ha reconocido el daño en 408, se dice que el resto o el dictamen salió negativo o simplemente no les han dado un dictamen”, aseguró.
El legislador pidió al funcionario local que en el Presupuesto 2015 se establezca un sistema para realizar nuevos dictámenes –que no los haga el consorcio– para determinar los daños y, en su caso, los pagos.
El panista le dio un repasón al extitular de Finanzas y actual senador, Mario Delgado “para que nos venga a explicar por qué gasto el dinero de la manera como lo gastó, sin poner antes el interés de la ciudadanía, sino que buscó el interés personal y el interés de su jefe Ebrard, para buscar una mejor postura política”.
Sobre la indemnización de los vecinos afectados, el titular de Finanzas, Edgar Amador, respondió que para el 2014, el STC Metro tiene presupuesto asignado en la partida Adquisición, Adjudicación, Expropiación, Indemnización de 5.2 millones de pesos para cubrir las afectaciones a 7 mil 532.33 metros cuadrados. Además, se comprometió a llevar la propuesta para que se considere en el ejercicio fiscal de 2015.
La diputada de Nueva Alianza, Cristina Olvera Barrios, recriminó que el GDF no ha concretado la entrega de un informe público claro y detallado sobre la gestión y ejercicio de los recursos que fueron destinados para la construcción de la Línea 12.
Por último, pidió a la Secretaría de Finanzas proteja el interés de los ciudadanos y haga lo que esté en sus facultades para que se reanude el servicio, “en el menor tiempo posible y sin que su costo se cargue indebidamente a los usuarios”.
Falta procurador a comparecencia
El procurador general de Justicia del DF, Rodolfo Ríos, también estaba citado a la comparecencia ante los diputados federales. Sin embargo, no se presentó bajo el argumento escrito de que aún no terminan las investigaciones penales interpuestas en la PGJDF sobre la Línea 12 y que la información de éstas tiene carácter de reservada y confidencialidad.
El diputado Ricardo Mejía, vicecoordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, lamentó la ausencia de Ríos Garza a quien, dijo, le quería preguntar “sobre la supuesta denuncia de sabotaje que presentó la Dirección del Metro por las fallas recurrentes, en todas las líneas, que ha habido a partir de la administración de Joel Ortega Cuevas”.
Y no se quedó con las ganas de anunciar que presentarán una denuncia penal contra Ortega Cuevas “por negligencia, por negación del servicio público y demás delitos al que pueda ser acreedor por estas fallas en el mantenimiento preventivo y correctivo, no sólo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, sino de las diferentes líneas que son motivo recurrente de fallas por muy diversas razones”.
