Sugiero que espere sentada. A Mario Marín, priista y delincuentazo (PLEONAMOS), no le tocarán un pelo diga lo que diga la ONU.
Samantha Páez
E-Consulta
Tras presentar su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la periodista mexicana Lydia Cacho aseguró en una rueda de prensa que espera que con esta acción por fin se logre sancionar a aquellos que violentaron sus derechos humanos en 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo por una denuncia de difamación y calumnia, para luego ser trasladada a Puebla por órdenes del entonces gobernador Mario Marín Torres.
Este 14 de octubre Cacho acudió a Ginebra, Suiza, acompañada de los abogados de la organización Artículo 19 para presentar su caso en lo individual, aunque también busca visibilizar la impunidad que sufren los luchadores sociales y periodistas en México.
Debido a que México ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades estarán obligadas a acatar la decisión del Comité de Derechos Humanos y así sancionar a los autores de las amenazas, tortura y violencia que padeció la periodista.
Cacho destacó en la rueda de prensa que la impunidad es generada por el propio Estado para proteger al crimen organizado y evitar que la prensa toque esos temas.
“Es para proteger los vínculos entre narcotraficantes, criminalidad organizada y el Estado en sus diferentes niveles, gobiernos locales, y gobierno federal. Existen claras evidencias que México es un narcoestado y para eso tienen que generar impunidad”, comentó la presidente del Centro Integral de Atención para la Mujer-CIAM.
Por su parte Artículo 19 publicó un extracto de por qué acompañó a Lydia Cacho a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los argumentos principales son:
* Que un organismo internacional obligue al Estado mexicano a tomar medidas que reparen los daños causados a la periodista y defensora de derechos humanos.
* Visibilizar la situación de violencia sistemática contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, así como los niveles de impunidad con que actúan las autoridades en México.